Alejandro Vargas
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— A pesar de los esfuerzos para reforzar los aparatos de seguridad y justicia en Chihuahua, la impunidad en la entidad ha ido en aumento, revela el Índice Global de Impunidad México 2018.
Este estado pasó de tener un nivel medio a uno alto. Según los datos del índice, hasta 2016 esta entidad tenía un puntaje de impunidad de 59.94, un nivel medio. No obstante, para 2018 aumentó a 61.11, colocándose en la categoría de alta impunidad.
En entrevista Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, integrante del equipo de investigación que obtuvo los indicadores, mencionó que la situación podría amplificarse en el Gobierno actual.
“La incidencia delictiva vuelve a repuntar, y las capacidades instaladas (en el área de seguridad) se mantuvieron, no siguieron creciendo como los años anteriores y es por eso que repuntó y pasó de medio a alto (el nivel de impunidad en el estado)”, indicó Sánchez Lara.
Agregó: “Lamentablemente hemos visto que la inseguridad en Chihuahua repuntó los últimos años. Algo que tiene que revisar Chihuahua son las capacidades que tiene en su poder judicial. El índice está compuesto no solamente de la responsabilidad del Poder Ejecutivo sino también de los poderes judiciales en los estados”.
Asimismo, el investigador mencionó que si la tasa de delitos de homicidios sigue aumentando, y las capacidades instaladas de seguridad no resuelven el problema de la impunidad, sí veremos que la sociedad se puede ir deteriorando.
Información publicada por El Diario tomando como referencia datos del Observatorio del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, refieren que en la Zona norte los homicidios por cada cien mil habitantes pasaron de 19.9 en el 2016, a 36.1 en el 2017 y hasta agosto de 2018 eran 64.9.
“Una repercusión social inmediata (que se dará si no disminuye la impunidad) es que la población se harte de que los estados que tienen la responsabilidad de llevar seguridad y justicia no lo hagan; surgen algunas expresiones aisladas de justicia por propia mano, por ejemplo”, refirió el académico.
Continuó: “También se reflejaría en hartazgo político que se demostraría en cambios de las administraciones políticas. Lo vimos en el caso muy claro de las últimas elecciones federales (…) Es más cara la justicia para los más pobres que no pueden llegar rápido a un tribunal, a un ministerio público. La gente que tiene más recursos económicos puede acceder a abogados o a mecanismos de justicia alternativa”.
Puntualizó: “Los poderes ejecutivos, los congresos, y los poderes judiciales tienen que ver las capacidades instaladas que tienen frente al fenómeno delictivo que tienen”.