Miguel Chavarría /
El Diario
Chihuahua— Las evaluaciones de control de confianza realizadas a 11 mil 602 policías de todas las corporaciones dentro del estado de Chihuahua costaron a los contribuyentes un monto aproximado de 92 millones 816 mil pesos.
Aunque los gastos para financiar estos exámenes provienen de fondos federales, bajo el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), la entidad tiene que aportar contribuciones millonarias a la Federación para ser beneficiaria de este esquema de evaluación.
El costo unitario por examen de confianza es de 7 mil pesos, según datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en su evaluación sobre Subsidio para la Seguridad en los Municipios de 2015. El documento indica que Chihuahua es la entidad que más gasta para probar que fuerzas de seguridad pública estatal sean confiables.
Sin embargo, este precio ya subió a 8 mil pesos por cada examinado. En otros estados, el precio por estas evaluaciones es distinto que el de otras entidades, debido a las diferencias en el equipamiento de cada Centro Estatal de Control de Confianza, así como los gastos de traslado del personal a los lugares donde se realizan las pruebas. Algunos de estos centros carecen de equipo para realizar pruebas de laboratorio y subcontratan dichos servicios.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) establecen que en Chihuahua, 308 oficiales de las corporaciones de la Policía Estatal, custodios de centros penitenciarios, ministeriales y elementos de direcciones de seguridad pública municipales no aprobaron los exámenes de control de confianza. El costo para los contribuyentes por los policías reprobados fue de aproximadamente 2.4 millones de pesos.
De esa cantidad, los oficiales que integran el conglomerado de los departamentos de policías municipales de Chihuahua fue el rubro que menos cuenta con policías de confianza (248 no aprobados).
Tan sólo en la ciudad de Chihuahua, el Fortaseg aportó una suma de cinco millones 80 mil pesos para llevar a cabo durante el segundo semestre de 2018, la Evaluación de Control de Confianza para aspirantes y personal policial de nuevo ingreso y personal en activo. El SNSP no cuenta con datos que especifiquen el número de agentes de seguridad pública que fueron evaluados ni aquellos que no obtuvieron una calificación aprobatoria.
No hay garantías
El nuevo Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza aprobado este año consiste en cinco pruebas: la psicológica, socioeconómica, análisis de tatuajes, salud física y rasgos psicológicos así como el polígrafo.
No obstante, los exámenes no son infalibles, ya que existe un total de 109 policías federales, estatales preventivos, ministeriales y municipales recluidos en los diferentes Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Chihuahua.
De éstos, 67 están cumpliendo una sentencia condenatoria y 42 fueron procesados, según datos de los archivos de la Fiscalía General del Estado (FGE), emitidos el 26 de junio pasado, mediante una solicitud de información, con número de folio: 068042018.
Los delitos más comunes por los cuales se encuentran recluidos, según la FGE, fueron: Abuso de autoridad, delitos contra la salud, robo, homicidio, secuestro y extorsión.
Si bien esta información se refiere a la población general de las prisiones y no exclusivamente a la de los policías detenidos, ya que esa información “obra dentro de cada una de las carpetas de investigación”.
Lo cierto es que a pesar de que los contribuyentes paguen poco más de 92.8 millones de pesos para saber si los policías que los protegen son de confianza, han ocurrido casos recientes de elementos presuntamente involucrados con algún delito.
Destaca el caso de Jesús Hinojosa, exsubdirector de Seguridad Pública del municipio de Bachíniva, quien fue detenido por agentes federales en enero pasado, tras ser acusado de portar armas de alto poder.
Ese mismo mes, tres policías municipales fueron arrestados en Ciudad Juárez por sus compañeros, al ser denunciados por un ciudadano a quien presuntamente le robaron 500 pesos y una lámpara de mano. El afectado aseguró que fue amenazado por los oficiales y sufriría represalias si denunciaba el hecho.
En la capital del estado un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) permanece en calidad de prófugo tras ser identificado por las autoridades como el presunto líder de una banda de diez sicarios que ya fueron arrestados, y a los que se les atribuye la comisión de al menos 30 ejecuciones. Empero, el oficial que los entrenaba en el campo de tiro de la propia Policía, sigue sin ser detenido.
Por otra parte, esta semana circuló un video que evidenció cómo policías municipales de Ciudad Juárez torturaban a un presunto sicario, implicado en un ataque armado contra elementos de la misma corporación.
En la grabación se aprecia la forma en que un comandante asfixia con una bolsa de plástico a un hombre identificado como Rogelio Celaya Máynez, quien presuntamente es miembro de La Línea.
El alcalde de la ciudad fronteriza, Armando Cabada, declaró “categóricamente” no tener conocimiento de prácticas de tortura dentro de la Policía. “He instruido para que se proceda a la separación de los agentes que aparecen en el video y se abra una investigación”, comunicó.
La evaluación consiste en cinco pruebas:
• Psicológica
• Socioeconómica
• Análisis de tatuajes
• Salud física y rasgos psicológicos
• Polígrafo
Sin certeza
A pesar de las evaluaciones 109 policías federales, estatales preventivos, ministeriales y municipales están recluidos
Los delitos
• Abuso de autoridad
• Delitos contra la salud
• Robo
• Homicidio
• Secuestro
• Extorsión
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