Heriberto Barrientos
El Diario
Chihuahua— El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito admitió el juicio de amparo directo número 099/2018, que promovieron cuatro empresas contratistas y un particular, quienes demandaron el incumplimiento de pago por 330 millones de pesos al Gobierno del Estado de Chihuahua, por la conclusión de la construcción del centro de Justicia llamado también “Ciudad Judicial”.
Las empresas “Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V.”, “Desarrollos Alianza S.A. de C.V.”, “Afirma Inmobiliaria S.A. de C.V.”, “Arve Constructora S.A. de C.V.” y el particular Jorge Arturo Moreno Torres, a través de sus representantes legales, demandaron la violación de los artículos 14 y 16 constitucionales dentro del juicio de oposición 272/2016, que resolvió la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), misma que preside el magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes.
Dicha sentencia, emitida el 26 de febrero del presente año pero dada a conocer públicamente hasta hace apenas una semana con la versión pública que fue subida en la página oficial del TSJ, declaró improcedente el reclamo de pago.
Se estableció el sobreseimiento del juicio, al considerar que los argumentos presentados por la compañías demandantes no se validaban en la cláusulas legales, así como los tiempos y la falta de procedimientos en que se interpusieron sus reclamos sobre las obras ya realizadas.
En la lista de estrados del Poder Judicial de la Federación, que se puede consultar en la página web http://www.dgepj.cjf.gob.mx, aparece en el Segundo Tribunal Colegiado textualmente: “Se hace del conocimiento de las partes, que este Tribunal queda integrado por los magistrados presidente: Rafael Rivera Durón, Miguel Ángel González Escalante y Refugio Noel Montoya Moreno.
“Se ordena turnar el expediente al magistrado Refugio Montoya Moreno como ponente”, detalla.
Como actos reclamados por parte de los afectados, está la resolución del expediente 272/2018 en materia “Administrativa” y submateria “Derecho de Petición”.
La admisión del amparo se registró el 3 de abril pasado, y meses después se incluyó la admisión de terceros involucrados, regresando el expediente a ponencia.
Según la información que aparece en el portal, aún no hay una fecha definida para la resolución del amparo directo, en el cual los afectados pretenden que los tribunales federales reconozcan esos adeudos y les sean cubiertos por parte de la administración pública estatal.
Específicamente por la Secretaría de Hacienda (SH) y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) con quienes se signaron diversos contratos en la pasada administración encabezada por el exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente declarado prófugo de la justicia.
El también magistrado de la Segunda Sala Civil de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal, Gabriel Sepúlveda, resolvió en el referido juicio de oposición –que ayer publicó este medio–, “en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal resuelve: Primero. Se sobresee el juicio de oposición promovidos por las partes (empresas contratistas), dejándose a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda.
“Segundo.- Se sobresee la reconvención (contrademanda) planteada por la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ambas de Gobierno del Estado.
“Tercero.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 404 del Código Fiscal, no se hace condenación de costas. Notifíquese personalmente a las opositoras y por oficio a las autoridades demandadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 408 del Código Fiscal del Estado.
“Así se resolvió... ante la Secretaria de Acuerdos, licenciada Margarita Herrera Quintana, con quien actúa y da fe. Doy Fe”, finalizó la sentencia.
hbarrientos@diarioch.com.mx