Heriberto Barrientos
El Diario
Chihuahua— La Segunda Sala Civil de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) falló en contra de cinco constructoras que participaron en la edificación de la Ciudad Judicial en Chihuahua y que desde 2016 demandaron al Gobierno del Estado por incumplimiento de pago por un monto de 330 millones de pesos.
En el juicio de oposición número 272/2016 se declaró el sobreseimiento al considerar que los argumentos presentados por las compañías no se validaban en las cláusulas legales, así como los tiempos en que interpusieron los reclamos sobre obras ya realizadas.
'Encierran muros varios delitos'
Una de las empresas demandantes es “Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V.” donde César Jáuregui Robles, meses antes de asumir el cargo como secretario general de Gobierno –el 4 de octubre de 2016— fungió como coadyuvante en el despacho del exprocurador Arturo Chávez Chávez, quien era representante jurídico de esa compañía.
Las otras cuatro empresas que también demandaron a la Secretaría de Hacienda estatal y a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) son “Desarrollos Alianza S.A. de C.V.”, “Afirma Inmobiliaria S.A. de C.V.”, “Arve Constructora S.A. de C.V.” y el particular Jorge Arturo Moreno Torres.
La versión pública de la resolución que aparece en Internet en la página oficial www.stj.gob.mx, en la que la referida sala estableció que los demandantes alegaron que hubo un “silencio administrativo” que habría implicado una “afirmativa ficta” de pagar los contratos por parte de las entidades estatales.
Sin embargo las cláusulas y el incumplimiento de actos de petición previos, por parte de las compañías, fueron tomados en consideración para el sobreseimiento.
El fallo estuvo a cargo del magistrado de la Segunda Sala Civil de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, también titular de la Cuarta Sala Familiar, quien fue suspendido por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) el 8 de diciembre de 2017 por una investigación en su contra por el supuesto desvío de 7 millones de pesos durante su gestión como presidente del Poder Judicial.
Sin embargo el pasado 11 de febrero el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa ordenó su restitución dentro del juicio de amparo 1859/2017.
Costó edificio más de 2 mil mdp
El Centro de Justicia ubicado en el Centro Histórico en el “Barrio San Pedro”, sobre las calles Niños Héroes, Ocampo, Juárez y 14, inició su construcción el 1 de noviembre de 2012. La colocación de la primera piedra estuvo encabezada por el entonces gobernador César Duarte Jáquez y el extinto magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Ramírez Benítez.
De 101 mil metros cuadrados de construcción, fue inaugurado casi tres años después, el 30 de octubre de 2015 por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Tuvo un costo superior a los 2 mil millones de pesos y alberga 64 salas para juicios orales, 32 salas penales y 32 más para las ramas Civil y Familiar. Recibe diariamente en promedio de mil 500 a 2 mil visitantes.
El centro cuenta con 13 elevadores, así como un centro de tecnología y monitoreo con transferencia de voz, imagen y datos.
Las oficinas representan más de 50 mil metros cuadrados y su estacionamiento tiene capacidad para albergar mil 300 cajones de vehículos.
Los contratistas
El 30 de agosto de 2016 se recibió en la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia el juicio de oposición 272/2018, promovido por las empresas constructoras “Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V.” (la mas grande de todas), “Desarrollos Alianza S.A. de C.V.”, “Afirma Inmobiliaria S.A. de C..V.”, “Arve Constructora S.A. de C.V.” y el particular Jorge Arturo Moreno Torres.
Según archivos periodísticos, “Ingeniería y Diseño Van S.A de C.V.” de Jorge Rodrigo Valles Morales fue la encargada de construir los edificios sur, norte, central, la plaza y los sótanos del Centro de Justicia.
Los costos de estas obras fueron pactados inicialmente en mil 158 millones 998 mil 410 pesos en junio de 2013 y 313 millones pesos más en agosto de 2015 para el edificio norte.
En el contrato de construcción número (DOP/A-26-13) participaron “Afirma Inmobiliaria S.A de C.V.” de Jorge Romero Barraza y “Arve Constructora S.A de C.V.” de Arturo Velázquez Herrera, mientras que a título personal Jorge Arturo Moreno, cuyas compañías se encargaron de la construcción de algunos edificios así como del patio.
Este contrato se firmó el 23 de mayo de 2013 y especificaba que la obra iniciaría el 6 de junio de ese mismo año y debían concluirse a más tardar el 11 de septiembre de 2014. Las empresas concursaron en una licitación pública, pero se extendieron en los tiempos.
Otro contrato existente es el DOP/A-63/13 que indica que en la adjudicación directa el arquitecto Francisco Alonso Escárcega García se encargó de realizar una adecuación del proyecto.
En un tercer contrato autorizado por Hacienda y la SCOP se acordó que la empresa “Laboratorio y Consultoría” del ingeniero Francisco Ubaldo Ramírez Luján se encargaría de la supervisión y control de calidad, realizándose una adjudicación directa.
Según notas publicadas, en el contrato número “144-OP-066/15 DOP-OBRA”, firmado el 3 de agosto de 2015, se aprobó otorgarle 313 millones 30 mil 92 pesos más a la empresa “Ingeniería y Diseño Van”, también a Jorge Arturo Moreno y a la empresa “Afirma Inmobiliaria” pero en lugar de la empresa “Arve Constructora”, incluyeron a “Urbanissa”, de Luis Balderrama Neder.
No hubo finiquito
La sentencia añade que con relación a la omisión en la elaboración del finiquito, no obstante de que fue entregada la obra solicitada (la Ciudad Judicial), esa circunstancia también es materia de un incumplimiento contractual pues en las constancias que obraron en autos no se observó que se hubiera llevado a cabo dicho procedimiento contenido en la ley de obras aplicable, como en el multicitado contrato.
Por consiguiente, deviene necesario que las opositoras (empresas) primeramente soliciten a las autoridades demandadas que se realicen los trámites correspondientes.
En los efectos de la sentencia, también se menciona que la reconvención y/o contrademanda que hizo en respuesta la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, “lo procedente es sobreseer”.
Interpuso ASE denuncia penal
El auditor especial de Normatividad y Seguimiento de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jesús Raymundo Mata Cárdenas, acudió el pasado 15 de agosto a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer una denuncia penal y dejó una caja con el resultado de las auditorías practicadas durante el ejercicio fiscal 2016 al Tribunal Superior de Justicia.
Según dijo el funcionario, había observaciones presumiblemente constitutivas de varios delitos por más de 300 millones de pesos que involucraban a exfuncionarios de la pasada administración, por lo que se procedería a solicitar a la FGE que iniciara una carpeta de investigación en contra de quien resultara responsable.
Pese a los cuestionamientos, Mata Cárdenas no quiso revelar el nombre y el número de exfuncionarios presuntamente implicados en los desvíos millonarios.
La denuncia fue presentada como resultado de las observaciones no solventadas de la cuenta pública del Poder Judicial, y del que el Congreso del Estado ordenó iniciar los procesos civiles, penales y administrativos, por las irregularidades encontradas en el TSJ, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
Mata entregó los expedientes para que se iniciaran las investigaciones y explicó que podrían presentarse varios delitos como peculado, irregularidades en los procesos de licitación, actos simulados y compras a sobreprecio, entre otros.
La ASE, en cumplimiento con el Programa Anual de Auditoría de 2017, emitió el Informe Técnico de Resultados donde se encontraron elementos suficientes que indican irregularidades cometidas por diversos servidores públicos señalados, incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales, se informó posteriormente en un comunicado de prensa.
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