Martín Orquiz
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— El bono de 4 mil pesos que reciben agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) por cada prófugo que logran arrestar, debe ser transparente y supervisado para evitar que se cometan irregularidades con tal de obtenerlo, declaró el criminólogo, Óscar Máynez Grijalva.
Consideró que la estrategia, sí da resultado, es buena y convendría extenderla a otras áreas luego que cifras nacionales establecen que hay un 98 por ciento de impunidad en la resolución de los delitos que se denuncian.
También explicó que de existir policías bien seleccionados, capacitados y pagados, no habría necesidad de establecer un bono por rendimiento como ocurre en este caso.
El fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, dio a conocer que por cada orden de aprehensión cumplimentada se entrega una compensación de 4 mil pesos a cada agente que logra completar el mandato judicial.
Dijo que el esquema de incentivos incrementó el número de órdenes de aprehensión ejecutadas contra fugitivos hasta en un 35 por ciento.
De un promedio de 100 arrestos por mes en conjunto que presentaban los elementos de la Unidad de órdenes de Aprehensión la cifra aumento a 135 a un mes de que se diseñó el programa de compensaciones extraordinarias.
Máynez Grijalva advirtió que aunque el programa esté dando resultados, se debe tener cuidado de que los agentes no fabriquen situaciones sólo por recibir bonos.
“Eso es un problema que aparece siempre que hay este tipo de programas y recompensas, pero eso debe vigilarlo, por el defensor de oficio, por las comisiones de derechos humanos y la misma oficina de Asuntos Internos de la Fiscalía”, comentó.
Consideró que existen áreas que vigilen que no se abuse de la estrategia y, sí está funcionando, es lo que se requiere en México, el combate a la impunidad y que se resuelvan casos.
“Cuando se tengan policías bien preparados, bien seleccionados, bien pagados, bien capacitados y supervisados el bono ya no sería apropiado, pero en este momento está bien, siempre y cuando se haga con transparencia, informando de dónde viene el dinero y a quien se lo está dando”, expresó.
Si se tiene a un delincuente preso y purgando con sentencia, que a través del proceso se haga justicia, que ya no ande cometiendo más delitos, el costo-beneficio le pareció válido, sobre todo porque se trata de una dependencia que puede medir ese proceso ya que conoce a la gente que se anda escondiendo.
Consideró que no es malo que se les otorgue un bono si aumenta el índice de efectividad en diferentes áreas, más si se van cerrando expedientes y se van al que sigue, entonces comienza a darse una movilidad en el número de casos que procesa la FGE.
La fórmula podría extenderse a quien realiza las investigaciones, aunque la carga de trabajo es tremenda y desgastante, además el personal es insuficiente.
“No sé qué grado de capacitación tenga el personal, pero si vemos que funciona, entonces ¿por qué no extenderlo? Eso motivaría a identificar a la gente más capaz”, declaró.
De acuerdo con versiones de empleados de la FGE hay órdenes de aprehensión que datan de 1993 y se desconoce si aún tienen vigencia, pero en el sistema continúan activas.
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