Itzel Ramírez
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Mientras el Gobierno de Chihuahua se prepara para una nueva cumbre anticorrupción, los múltiples casos de irregularidades por nepotismo, adjudicaciones directas superiores a los límites permitidos por la ley y conflictos de intereses, entre otros, permanecen sin ser investigados ni sancionados.
Durante su discurso de toma de protesta, el 4 de octubre de 2016, Javier Corral prometió que no cobijaría acto de corrupción alguno, aun si fuese cometido por sus colaboradores y compañeros más cercanos. El mismo día, su Gobierno inició la firma de contratos por 5.5 millones de pesos a una empresa de reciente creación y propiedad de la hermana del síndico panista Miguel Riggs, lo que fue denunciado como un posible conflicto de interés.
En diciembre del mismo año el secretario de Salud, Ernesto Ávila, declaraba que se había “dejado llevar” al asignarse él mismo un bono navideño por más de 100 mil pesos. A la fecha, la Secretaría de la Función Pública permanece sin concluir los procedimientos de investigación, al igual que en numerosos casos en los que adjudicaciones directas, posibles conflictos de interés permanecen en trámites, sin que se informe la etapa de avance de cada uno.
“Todo aquel que sea descubierto en mi gobierno en actos de corrupción, saqueo, robo hormiga, será conducido a la justicia sin protección especial, así sea mi colaborador más cercano, mi asesor principal o mi compañero de hace muchos años en el partido”, dijo Corral Jurado en su toma de protesta, de acuerdo con lo publicado sobre el evento en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua.
Cumplidos dos años de haber llegado al poder, Corral ha mantenido silencio respecto a los escándalos sobre desfalcos e irregularidades cometidas por sus subordinados.
Uno de los primeros casos de posible conflicto de intereses fue el de la adjudicación directa desde la Coordinación de Comunicación Social de cuando menos cuatro contratos a la empresa Molri International S de RL de CV, por un monto máximo de 5 millones 586 mil pesos.
Molri International se conformó en julio de 2016, apenas después de las elecciones en las que salió triunfador Corral y pertenece a Manuel Molinar y Carolina Riggs Baeza, hermana del ahora diputado federal panista Miguel Riggs. Hasta ahora no se ha determinado si la participación de la empresa constituyó una violación a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Hacia abril de 2017 se hizo público el otorgamiento de bonos que con motivo de final del año 2016 se habían adjudicado algunos funcionarios de la Secretaría de Salud, entre ellos su titular, Ernesto Ávila Valdez. Luego de conocerse el tema, Stefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública, informó que se habían encontrado algunas irregularidades en la documentación entregada por funcionarios para obtener los bonos, aunque no se informó si se había impuesto alguna sanción.
En agosto de 2017 El Diario publicó que el Instituto Chihuahuense para la Salud (Ichisal), había firmado en marzo de ese año un contrato por adjudicación directa con la farmacia Egro Servicios de México por la compra de hasta 80 millones de pesos para la entrega de medicamentos a los pacientes del organismo descentralizado.
Ello pese a que en el Presupuesto de Egresos 2017 del estado de Chihuahua el monto máximo para la adjudicación directa es de hasta 35 veces el salario mínimo elevado al año (un millón 22 mil 511 pesos) o de hasta 120 veces la misma medida (3 millones 505 mil 752 pesos) cuando se haya considerado a por lo menos tres proveedores.
Además de que el contrato mostraba que Ichisal y Egro habían pactado precios de medicamentos muy por encima tanto al costo de mercado como a los montos establecidos en los lineamientos para la adquisición de medicamentos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes).
Luego de la publicación, la SFP anunció la puesta en marcha de una investigación que no ha presentado resultados hasta la fecha.
Además del caso Egro, la Secretaría de Salud fue cuestionada por el contrato que por casi 400 millones de pesos obtuvo la empresa Centrum Promotora Intermacional para pruebas de laboratorio. Legisladores locales señalaron que, contrario a lo establecido en las bases, Centrum International no contaba con el personal necesario para obtener el contrato, entre otras irregularidades que llevaron incluso a que otros proveedores impugnaran el fallo y a que se solicitara una auditoría especial al procedimiento.
Otros contratos irregulares han sido los otorgados por la Coordinación de Comunicación Social a lo largo de la administración de Corral, puesto que prácticamente la totalidad de las compras de la dependencia –que concentra las contrataciones con medios de comunicación– han sido por adjudicación directa, sin que la dependencia informe las razones de la elección de proveedores.
A la par de los contratos, el uso de recursos estatales para fines personales ha sido constante en la presente administración. Para una estancia de descanso en Mazatlán, el gobernador Javier Corral y su esposa Cinthia Chavira abordaron el 29 de diciembre de 2016 la aeronave King Air 350 modelo 1997 y matrícula XC-CHI, que pertenece a la flota estatal.
Unos días antes del viaje, el mandatario se había pronunciado en contra del uso personal de los recursos estatales.
“Los vehículos propiedad de Gobierno del Estado no podrán ser utilizados para fines personales ni partidistas”, mencionó Corral Jurado a propósito del acuerdo de austeridad anunciado al final de su gobierno. Ninguna autoridad estatal informó si se había iniciado alguna averiguación por el uso de la aeronave.
Otros escándalos del gobierno del mandatario han sido el uso de viáticos y gastos de representación, como el caso del subsecretario Jesús Mesta Fitzmaurice, quien además de ser el funcionario de Chihuahua con más recursos gastados por viajes, justificó pagos de bebidas alcohólicas, comidas por miles de pesos y películas con cargo a la habitación en sus estancias, entre otras erogaciones.
Tras revelarse los gastos de Mesta, la SFP a inicios de este año comenzó un procedimiento que permanece sin concluir.
Durante su discurso por los primeros 100 días de trabajo, el 19 de enero de 2017 Corral dijo que se habían cancelado las erogaciones por “telefonía celular, gastos de representación, comidas en restaurantes”.
A pesar de ello, su círculo más cercano –escoltas y secretarios personales y particulares– justifican recurrentemente gastos en restaurantes por miles de pesos, compras de golosinas y bebidas alcohólicas en horarios de trabajo y pago de consumos a políticos cercanos a Corral. Únicamente en el primer semestre de este año, los gastos por viáticos y gastos de representación de cinco empleados de Corral suman más de medio millón de pesos, que no son sujetos de revisión ni auditoría por organismos del Gobierno estatal.
A mediados de septiembre de este año, la Secretaría de la Función Pública inició una investigación a la Coordinación de Comunicación Social tras la publicación de la existencia al interior de la dependencia de una red de funcionarios vinculados a negocios privados que, con recursos públicos, habían obtenido contratos millonarios.
La red está compuesta por el titular de dicha dependencia, Antonio Pinedo Cornejo, su pareja Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, el jefe de ésta en la iniciativa privada, Efraín Alonso (o Alonzo) Maldonado Delgado y Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, hermana de la primera y actual directora de administración de la Coordinación de Comunicación Social y, a su vez, pareja de Maldonado Delgado.
A través de adjudicaciones directas, la Coordinación de Comunicación Social ha asignado 4.9 millones de pesos en contratos a la empresa Xtreme Sports, propiedad de Maldonado Delgado y lugar en el que trabaja Susana Ruiz Licón.
La corrupción dentro del Gobierno de Corral ha sido señalada por algunos de los empleados de su administración, como la fiscal Érika Jasso Carrasco, quien reconoció que al interior de la Fiscalía General del Estado ha sido testigo de actos de corrupción de sus superiores.
Entrevistada como parte del proceso en el que compite para ser la próxima fiscal especial de combate a la corrupción, Jasso aseguró que por denunciar esos actos ha sido castigada.
“Mi postura fue señalarlos (actos de corrupción), oponerme y asumir la consecuencia de esa oposición y ese señalamiento, que en muchos de los casos fue una reducción a la compensación, un cambio de adscripción, la intención de que renunciara”, afirmó la fiscal en agosto de este año.
Andrés Carbajal Casas, quien se desempeñara como subsecretario de Obras Publicas en Juárez, señaló también algunas anomalías en el Gobierno estatal.
“Recibí una oficinita pequeña. Se hacían maromas de negocios más que obra pública, en donde la obra pública permitió la posibilidad de hacer mal uso de los recursos públicos. Vine a limpiar, vine a sanear, vina a enriquecer y a dar categoría profesional”, mencionó el exfuncionario, quien presentó su renuncia al puesto luego de que se designara a Gustavo Elizondo como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.
Antes de ser nombrado secretario, Elizondo fue director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, en donde se han detectado irregularidades en el reporte de gastos de viáticos, compras de material y erogaciones y pérdidas millonarias, sin que la SFP haya dado informes de investigación.
LOS CASOS
Múltiples casos de irregularidades por nepotismo, adjudicaciones directas superiores a los límites permitidos por la ley y conflictos de intereses permanecen sin ser investigados ni sancionados
Corrupción
Durante su discurso de toma de protesta, el gobernador Javier Corral prometió que no cobijaría acto de corrupción alguno, aun si fuese cometido por sus colaboradores y compañeros más cercanos.
Dentro del gobierno de Corral la corrupción ha sido señalada por algunos de los empleados de su administración, como la fiscal Érika Jasso Carrasco, quien reconoció que al interior de la Fiscalía General del Estado ha sido testigo de actos de corrupción de sus superiores.
Andrés Carbajal Casas, quien se desempeñara como subsecretario de Obras Públicas en Juárez, señaló también algunas anomalías en el Gobierno estatal.
Antes de ser nombrado secretario, Gustavo Elizondo fue director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, en donde se han detectado irregularidades en el reporte de gastos de viáticos, compras de material y erogaciones y pérdidas millonarias, sin que la SFP haya dado informes de investigación.
Conflicto de intereses
El 4 de octubre de 2016, el Gobierno inició la firma de contratos por 5.5 millones de pesos a una empresa de reciente creación y propiedad de la hermana del síndico panista Miguel Riggs, lo que fue denunciado como un posible conflicto de interés.
El secretario de Salud, Ernesto Ávila, declaraba en diciembre que se había ‘dejado llevar’ al asignarse él mismo un bono navideño por más de 100 mil pesos.
Adjudicaciones directas
El Diario publicó que el Ichisal había firmado en marzo de 2017 un contrato por adjudicación directa con la farmacia Egro Servicios de México por la compra de hasta 80 millones de pesos para la entrega de medicamentos a los pacientes del organismo descentralizado.
El contrato mostraba que Ichisal y Egro habían pactado precios de medicamentos muy por encima tanto al costo de mercado como a los montos establecidos en los lineamientos para la adquisición de medicamentos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes).
Además del caso Egro, la Secretaría de Salud fue cuestionada por el contrato que por casi 400 millones de pesos obtuvo la empresa Centrum Promotora International para pruebas de laboratorio.
Otros contratos irregulares han sido los otorgados por la Coordinación de Comunicación Social a lo largo de la administración de Corral, puesto que prácticamente la totalidad de las compras de la dependencia han sido por adjudicación directa, sin que la dependencia informe las razones de la elección de proveedores.
Uso de recursos para fines personales
Para una estancia de descanso en Mazatlán, el gobernador Javier Corral y su esposa Cinthia Chavira abordaron el 29 de diciembre de 2016 la aeronave King Air 350 modelo 1997 y matrícula XC-CHI, que pertenece a la flota estatal.
El subsecretario Jesús Mesta Fitzmaurice, quien además de ser el funcionario de Chihuahua con más recursos gastados por viajes, justificó pagos de bebidas alcohólicas, comidas por miles de pesos, películas con cargo a la habitación en sus estancias, entre otras erogaciones.
Durante su discurso por los primeros 100 días de trabajo, el 19 de enero de 2017 Corral dijo que se habían cancelado las erogaciones por telefonía celular, gastos de representación, comidas en restaurantes
A pesar de ello, su círculo más cercano justifica recurrentemente gastos en restaurantes por miles de pesos, compras de golosinas y bebidas alcohólicas en horarios de trabajo y pago de consumos a políticos cercanos a Corral.
Nepotismo
La Secretaría de la Función Pública inició en septiembre de 2018 una investigación a la Coordinación de Comunicación Social tras la publicación de la existencia al interior de la dependencia de una red de funcionarios vinculados a negocios privados que, con recursos públicos, habían obtenido contratos millonarios.
‘Cuchillo de palo…’
Estos temas de corrupción ha documentado El Diario. Ninguno ha sido castigado
• Uso de aviones del estado
• Abuso de viáticos
• Contratos sin licitar
• Bonos de 100 mil pesos
• Corrupción de mandos en FGE
• “Maromas” de negocios con obras
iramirez@redaccion.diario.com.mx