Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría General de Gobierno incumplen con brindar la información sobre remuneraciones, directorio, contrataciones y procedimientos de licitación que por ley están obligados a transparentar.
Una revisión hecha por El Diario a los sistemas de transparencia de esas tres dependencias –responsables de vigilar el desempeño de los servidores públicos y de prevenir la comisión de delitos– muestra que, cuando no han sido completamente omisas en brindar la información, ésta no se encuentra actualizada o bien, es imprecisa.
La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, mantiene sin datos para 2018 todo lo relativo a las remuneraciones, compensaciones y bonos recibidos por sus empleados; tampoco existe información sobre los procedimientos de adjudicación directa, licitación, contratos, concesiones o permisos celebrados en este año.
Mientras que la Secretaría de la Función Pública, encargada de temas de fiscalización, vigilancia y verificación del desempeño de los servidores públicos, no cuenta con información financiera sobre el presupuesto asignado, con las remuneraciones correspondientes al segundo semestre de 2018 ni con el directorio del primer semestre.
La información disponible de la SFP presenta, además, incongruencias, pues de acuerdo con los datos de obligaciones de transparencia disponibles en su página de Internet, en el directorio correspondiente al periodo de abril a junio de este año, la dependencia tenía solamente 34 empleados; sin embargo en las remuneraciones de enero a marzo, también de 2018, se contabilizaron más de 120 personas laborando en la instancia.
Otros datos que la SFP ha ocultado son correspondientes a la información financiera sobre el presupuesto asignado, o sea, las erogaciones realizadas durante 2018 respecto a los recursos etiquetados para la dependencia en el Presupuesto de Egresos.
En el mismo rubro de opacidad está la Secretaría General de Gobierno, que no ha actualizado las remuneraciones y que en las fracciones relativas al directorio de servidores públicos y de gastos de representación mantiene información únicamente del primer trimestre del año.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado establece en su artículo 77 que los sujetos obligados (como las secretarías del Ejecutivo) deben cumplir con 48 fracciones de información, cada una referida a temas específicos que abarcan desde la estructura orgánica hasta el inventario de bienes, erogaciones, donaciones, contratos, condiciones laborales, remuneraciones, estadísticas y cumplimiento de sus metas, entre otros indicadores.
En el ordenamiento se establece que de forma trimestral los sujetos obligados deben actualizar la información, so pena de ser sancionados.
El 13 de agosto, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), inició la verificación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Se trata de la primera revisión que tendrá efectos vinculantes como sanciones, infracciones y amonestaciones para las instituciones que no cumplan con el ordenamiento.
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