Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
Desde su creación en 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha anunciado varias investigaciones a servidores públicos por presuntos actos de corrupción, sin que ninguno de los procedimientos haya causado, a la fecha, sanción alguna.
Las 12 sanciones emitidas en esta administración han sido contra funcionarios no corralistas.
Comandada por Stefany Olmos Loya, la SFP fue diseñada como la dependencia sustituta de la Contraloría local para revisar y sancionar las irregularidades cometidas por los servidores públicos estatales.
“Esta dependencia asume las funciones de la Contraloría que se refieren al control interno de la función pública para dotarla de nuevas atribuciones que están relacionadas con la fiscalización, vigilancia, verificación y evaluación de las actividades de los órganos, dependencias y los servidores públicos”, se lee en los objetivos de la dependencia.
Ávila, Mesta y Bermejo, entre los investigados
Sin embargo, hasta hoy no han sido todavía finalizadas las investigaciones relativas a algunos de los casos más sonados sobre presuntas irregularidades cometidas por integrantes del gabinete de Javier Corral.
Hasta hoy la SFP no ha finalizado la investigación en contra del ex secretario de Salud, Ernesto Ávila, cuando en diciembre de 2016 el funcionario se asignó un bono por más de cien mil pesos tres meses después de haber tomado el cargo. En múltiples ocasiones, la dependencia ha asegurado que al tratarse de una investigación en curso, no puede dar detalle del avance del proceso en contra del exsecretario.
Otro procedimiento administrativo sin concluir es la investigación por la adjudicación directa de un contrato de hasta por 80 millones de pesos que hizo el Instituto Chihuahuense de Salud a la empresa Egro.
Una investigación por el presunto mal uso de recursos públicos por el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico Jesús Mesta Fitzmaurice, iniciada en enero de este año, sigue sin avanzar, al igual que una denuncia en contra de Rodolfo Bermejo Rodríguez, director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa, por una conducta de acoso cometida en contra de una de sus subordinadas.
De acuerdo con el Reporte de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública de la Federación, bajo la dirección de Stefany Olmos únicamente 12 funcionarios han sido sancionados, aunque ninguno de ellos correspondiente a esta administración.
Los procedimientos finalizados, y con resultado sancionador, van desde el 2013 y llegan únicamente al 2016.
En noviembre de 2017, la SFP vía solicitud de transparencia informó que había abierto 50 procedimientos administrativos, “de los cuales 49 procedimientos aún no han causado estado”. Personal de comunicación social de la dependencia no contestó a la solicitud realizada para actualizar los datos.
La última denuncia colocada ante la Función Pública fue la que hizo ayer el diputado local Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, contra Jesús Antonio Pinedo Cornejo, por contratos realizados con la empresa Xtreme Sports. (Itzel Ramírez / El Diario)
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