De la Redacción
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— La red de complicidades e intereses personales tendida por el coordinador de Comunicación del Estado, Antonio Pinedo Cornejo, a través de la cual sus allegados han obtenido millones de pesos en contratos de Gobierno, no es la primera polémica en la que su nombre se ve involucrado.
Los antecedentes de la presunta corrupción datan de la administración del exgobernador Francisco Barrio, en los cuales el hoy funcionario corralista estuvo implicado.
Tal es el caso del fraude atribuido al propio Corral en perjuicio del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua –Fideapech– un tema que se mantuvo oculto hasta que uno de los agraviados lo hizo público.
De acuerdo con archivos hemerográficos, en marzo de 1993, bajo la protección de Francisco Barrio y en contubernio con Jesús Antonio Pinedo Cornejo, Javier Corral entregó su aval y se hizo cómplice de un fraude en contra del citado fideicomiso.
El ex jefe de prensa del gobierno panista, ex director de la Revista Semanario editada en Ciudad Juárez y ahora funcionario del gobierno estatal –otra vez panista–, solicitó un préstamo por 124,000 pesos (con valor antes de la devaluación) a fin de consolidar las operaciones de su empresa “Meridiano” editora de la revista semanario donde Corral era su editorialista y verdadero dueño.
Finalmente Pinedo Cornejo se negó a pagar la deuda dejando con el problema al propio Corral, Francisco Barrio y al entonces Secretario de Fomento Económico, Enrique Terrazas.
El tema de dicho fraude, publicado por primera vez en El Diario (junio 28 de 2000) en contra del patrimonio estatal, cobra relevancia al destaparse las partidas presupuestales que Antonio Pinedo ha entregado a personas que laboran al interior de la coordinación que dirige y ligadas a su pareja sentimental, como lo detalló este rotativo el pasado lunes 10 septiembre en una investigación realizada por la periodista Itzel Ramírez.
El 19 de septiembre del 2000, Antonio Pinedo Cornejo fue detenido por agentes de la entonces Policía Judicial del Estado con base en una orden emitida horas antes por el Cuarto Tribunal de lo Penal.
¿El motivo? La querella por difamación interpuesta por el entonces Comisionado de Seguridad Pública, Javier Benavides González, quien fue acusado por Pinedo de mantener nexos con el narcotráfico en un artículo publicado en la edición de “Semanario” del 28 de febrero de ese año titulado “Historia de policías y narcos”.
Paradójicamente Benavides González formó parte del equipo de Javier Corral en 2016, luego de que éste consiguió ser gobernador de Chihuahua.
Tras la detención, Pinedo fue puesto en libertad el siguiente día luego de pagar una fianza de 15 mil pesos fijada por la jueza María Catalina Ruiz Pacheco. Su compañero, Villagrana compareció ante la jueza voluntariamente pagando una fianza por el mismo monto. La jueza Ruiz Pacheco inició oficialmente los procesos contra los detenidos el 26 de septiembre de ese año aunque ambos personajes estaban ya en libertad.
Benavides González renunció a su cargo de comisionado de Seguridad Pública en Ciudad Juárez para incorporarse al equipo de seguridad del presidente electo Vicente Fox Quesada.
El 29 de septiembre el Comité de Protección a Periodistas –CPJ por sus siglas en inglés– envió una carta al Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua, Arturo González Rascón, solicitando información acerca del enjuiciamiento de Jesús Antonio Pinedo Cornejo y Luis Villagrana, luego de que el primero dijera a reporteros locales que el caso se movía con “extraña rapidez”, pues la policía local usualmente tardaba mucho más en ejecutar órdenes de arresto.
El CPJ subrayó en la misiva que “si bien los periodistas deben ser responsables de lo que escriben, creemos que cualquier disputa a raíz de un artículo debe ser resuelta en el ámbito civil, particularmente en los casos que implican a funcionarios públicos, quienes están sujetos al escrutinio y la crítica de los ciudadanos a quienes sirven. La libertad de expresión les está garantizada a todos los mexicanos bajo el Artículo 6 de la constitución”, libertad que ahora tanto Corral como Pinedo se niegan a reconocer.
El 3 de octubre de 2016, Javier Benavides González tomó control de la Policía Estatal Única –PEU– y agradeció a Corral “por tomarme en cuenta” para integrarlo al Gobierno de Chihuahua. Sin embargo, apenas dos días después, Corral dijo “hay una confusión, no he nombrado todavía a un jefe de la Policía Estatal, a un director de seguridad; a Javier Benavides le he pedido ser un encargado de esa área porque la persona que teníamos, tanto el fiscal como un servidor para este puesto no fue viable”.
El 7 de octubre Javier Benavides González, aún director provisional de la PEU en el recién estrenado gobierno de Javier Corral, volvió a la escena pública y negó tener vínculos con el narcotráfico asegurando que en el 2000, cuando en la revista “Semanario” se le acusó de proteger a narcos, las autoridades lo declararon inocente.
“Tengo familia, me preocupa que lleguen a pensar que por publicaciones a la ligera su abuelo tiene involucramiento, no hay ninguna denuncia en mi contra”, insistió.
En una conferencia de prensa convocada por el propio Benavides, indicó que continuaba al frente de la PEU, que su conciencia estaba tranquila y que hasta ese momento no había visto al coordinador de comunicación social.
“No he visto al señor (Antonio) Pinedo, fue un juez quien los metió a la cárcel, yo no estaba ya como jefe de la Policía”, dijo.
En el lugar, al que llegó con recortes de publicaciones de periódicos de 15 años atrás, indicó que fue el Secretario General de Gobierno quien le pidió que retirara las acusaciones contra el ahora funcionario.
“Víctor Anchondo me pidió que retirara las acusaciones y acepté por la presión de la prensa. Las acusaciones en mi contra están basadas en gente con antecedentes penales y dichos falsos sin fundamento.
“Martín de Arce Botello, quien era agente de la Policía Municipal de Juárez y fue dado de baja porque contaba con 13 reportes de robo, lesiones, abuso de autoridad, allanamiento de morada, daños y hostigamiento entre 1993 y 1999, así como una hermana del ex agente de la Policía Estatal, Javier Lardizábal, alias ‘El Negro’ vertieron los señalamientos y fui acusado mediante notas periodísticas de esos delitos pero, las autoridades me declararon inocente.
“En distintas publicaciones se ha sugerido que tuve o tengo vínculos con el crimen organizado basándose en artículos publicados en el año 2000 por la revista Semanario”, señaló.
El 12 de octubre de 2016, Javier Corral, anunció que habría cambios en la Dirección de la Policía Estatal, por lo que Javier Benavides dejó el cargo. Casi dos años después Antonio Pinedo continúa formando parte del gabinete estatal.
El 3 de noviembre de 2016, el periodista Antonio Tirado periodista de Ciudad Juárez, acusó a Antonio Pinedo Cornejo y a la revista Semanario de jugar una doble moral y le preguntó a su director “¿dime tú si nunca buscaste contratos con el Gobierno del Estado, Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, UACJ, Gobierno municipal?”.
“Fuiste un vividor de los medios manejando una entrevista bajo el brazo. No me digas que viviste tantos años con la venta de 200 revistas. En una parte de la demanda que presentó contra Pinedo, el ex jefe policiaco Javier Benavides dijo que trató de extorsionarlo a cambio de no publicar el reportaje que originó la demanda contra el ahora coordinador de Comunicación Social de Corral. Y como no le quiso dar el dinero manejó en la revista Semanario lo de Benavides y fue la causa por la que Benavides lo demandó”, dijo en un medio local.