Itzel Ramírez
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— El municipio de Gómez Farías, donde la noche del viernes fue atacado el alcalde electo Blas Juan Godínez Ortega, es uno de los siete en los que el Gobierno del estado decidió sustituir a las policías municipales como una estrategia de combate a la inseguridad.
A un año y medio del cambio de mando policial, los atentados, “levantones” y asesinatos dolosos han aumentado en la región, formada por los municipios de Madera, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Temósachi, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza y Cuauhtémoc.
El 18 de febrero del año pasado se publicó en el Periódico Oficial el acuerdo 80/2017 en el que se establece que, por decreto, el gobernador Javier Corral asumía de forma inmediata el mando de las policías municipales, viales y de tránsito de los municipios señalados -a excepción de Cuauhtémoc que entró al mismo régimen dos meses después-.
El decreto establecía que se trataba de un caso “de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público” y a partir de esa fecha, sería el mando estatal, específicamente la Comisión Estatal de Seguridad, la encargada de las tareas de seguridad pública en los municipios mencionados.
En el acuerdo se mencionaba que en Madera, como ejemplo de aumento del fenómeno delictivo, se habían registrado 11 homicidios dolosos en 2016. Después de la intervención, no solamente habían aumentado los asesinatos en toda la zona noroeste, sino también los crímenes de alto impacto.
El 5 de marzo, Guadalupe Payán Villalobos, entonces tesorero municipal de Ignacio Zaragoza, fue asesinado; el 18 de abril el activista de Gómez Farías, Luis Carlos Gutiérrez fue víctima de homicidio; menos de un mes después, el 6 de mayo, un grupo armado ingresó a esos dos municipios, en Zaragoza acribilló a Liliana García, candidata a regidora por el PRD, además de quemar negocios y viviendas.
La Fiscalía General del Estado ha confirmado que tras todos esos asesinatos se encuentra el crimen organizado.
A pesar de que la intervención de las policías no ha tenido los resultados que esperaba el gobierno estatal, este contempla extender la estrategia a otros municipios, según anunció en días pasados Óscar Aparicio, titular de la Comisión Estatal de Seguridad. Gabino Gómez, integrante de la Comisión de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, consideró que en el combate a la delincuencia organizada, el gobierno estatal no tiene la capacidad técnica ni presupuestal para ser exitoso.
“El estado no tiene la capacidad, simplemente no puede, no tiene patrullas, elementos” consideró Gómez.
Para el activista, es necesario que la Federación plantee un nuevo esquema de seguridad pública en toda la entidad, ante el incremento de los homicidios dolosos.
De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado, a los municipios intervenidos han entrado y salido elementos de la CES, a veces provenientes de otras zonas de la entidad como Juárez, que enfrenta también incremento de violencia.
A pesar de la presencia de uniformados, en algunos episodios se ha hecho evidente que no cuentan con presencia en todos los municipios considerados en el decreto. Cuando en mayo un grupo atacó Gómez Farías e Ignacio Zaragoza, los elementos de la CES acuartelados recibieron la instrucción de no salir para combatir a quienes asesinarían a 8 personas, la razón, de acuerdo con Aparicio, era que no tenían elementos ni armas suficientes para hacer frente a los ataques.
A cargo de policía estatal
• Madera
• Casas Grandes
• Nuevo Casas Grandes
• Temósachi
• Gómez Farías
• Ignacio Zaragoza
• Cuauhtémoc
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