Operación Justicia, radiografía del fracaso

Itzel Ramírez
El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con 25 personas bajo procesos penales y siete sentencias condenatorias, la operación anticorrupción Justicia para Chihuahua ha fallado en su objetivo de conseguir la devolución a las arcas públicas de más de 6 mil millones de pesos como daño patrimonial.
Anunciada como la más grande investigación penal contra la corrupción en el estado, además ha enfrentado a los poderes judiciales federales y de la entidad debido a sus sentencias contradictorias.
Con el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez como la cabeza de la red de operaciones presuntamente ilícitas, la intervención suma a la fecha más de 40 carpetas de investigación y múltiples audiencias en las que se han acreditado, de acuerdo con el criterio judicial, delitos de peculado por cifras millonarias para cada uno de los implicados.
El más reciente caso que evidenció la diferencia de criterios entre el Poder Judicial federal y el estatal se dio en el expediente en contra de Pedro Mauli Romero Chávez, exsecretario de finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI.
Acusado de peculado por más de 78 millones de pesos –en dos causas penales–, Romero logró a través de un juicio abreviado que un juez de control federal le dictara una sentencia de tres años y cuatro meses, con la posibilidad de obtener la libertad condicional con el pago de 300 mil pesos.
“En la causa penal 70/2018, el juez de Control Federal en el estado de Chihuahua, negó el carácter de víctima directa al Gobierno de Chihuahua, por lo que absolvió a Mauli Romero de reparar el daño por 78 millones 442 mil 916 pesos”, explicó el Gobierno de Chihuahua en un comunicado.
Debido a ello, la Consejería Jurídica del estado promovió un amparo para solicitar que el proceso sea anulado y que al reconocer el daño a las arcas públicas chihuahuenses se fije al imputado la pena de regresar el monto al erario.
Aunque el extesorero sigue en prisión por otra causa penal, relacionada también con desvío de recursos públicos, la primera instancia federal dio un fallo contrario al buscado por la Fiscalía General del Estado al determinar libertad condicional y la no reparación del daño.
A poco más de seis meses de haber iniciado su encargo como gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado anunció el inicio del maxiproceso contra quienes en el sexenio anterior participaron en el desvío de recursos públicos para fines electorales y de enriquecimiento.
“Hemos iniciado la operación Justicia para Chihuahua, el castigo a los responsables del latrocinio y el resarcimiento a los chihuahuenses del patrimonio saqueado.
Estamos en el inicio de un proceso y de una estrategia jurídica en la que vamos por toda la red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración, exfuncionarios y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por supuesto encabezada por el exgobernador César Duarte”, anunció el 28 de marzo de 2017 el gobernador.
En esa fecha, Corral se pronunció sobre la posible toma de posesión de Antonio Enrique Tarín, exfuncionario de Duarte, como diputado federal, lo que le hubiese brindado fuero.

Falta reparación del daño

Las detenciones contra la llamada “red de corrupción” comenzaron el 27 de marzo de 2017, cuando Javier Alfonso Garfio Pacheco, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, fue llevado al penal de Aquiles Serdán en Chihuahua para una primera audiencia.
Por la causa penal 727/2017, al entonces imputado se le acusó de peculado agravado por más de 328 millones de pesos por la venta irregular del terreno conocido como Labor de Terrazas a precios por debajo de su valor y con fines distintos a los originalmente contemplados.
Casi siete meses después, Garfio Pacheco obtuvo su libertad condicional tras un juicio abreviado en el que se declaró culpable de peculado. Con el pago de 435 mil pesos de multa y la obligación de reparar el daño, además de la inhabilitación por tres años para desempeñar cargos públicos, Garfio Pacheco obtuvo su libertad condicional.
Como reveló El Diario, el también exalcalde de Chihuahua se limitó en el juicio abreviado a aceptar su responsabilidad y señalar a Duarte como el cerebro detrás de la operación ilegal.
A la fecha, los 328 millones no han sido devueltos a las arcas públicas y, como lo ha señalado la FGE, es altamente probable que no se repare el daño.
El mismo día de la detención de Garfio fue arrestado Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte y acusado del desvió de 246 millones de pesos.
El exfuncionario fue encontrado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión y al pago de la reparación del daño. A la fecha, sigue recluido en el Cereso de Aquiles Serdán.
Otro sentenciado es el exdiputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes Ramírez, acusado de participar en el desvío de más de 2.4 millones de pesos.
También tras acogerse al juicio abreviado, Reyes Ramírez obtuvo una sentencia condenatoria y después de pagar 44 mil pesos de fianza obtuvo la libertad condicional. De acuerdo con información de la FGE depositó en garantía los 2 millones 420 mil pesos por los que fue declarado culpable.
Reyes Ramírez es el único de los sentenciados que ha reparado la totalidad del daño por el que fue imputado.
Según lo declarado por Reyes en el juicio, la cantidad de dinero por él recibido habría sido en pago de su voto en el Congreso a favor para la contratación de deuda pública. Solamente él, de los diputados de aquella Legislatura, ha sido investigado hasta la fecha.
“¿Qué estamos buscando?, que esa red que participó en el saqueo del patrimonio de Chihuahua primero acepte su responsabilidad; segundo, que señale con toda claridad quién le instruyó y dirigió el saqueo y tercero, que los integrantes ofrezcan mecanismos de reparación del daño, cuando la responsabilidad así se los obliga”, señaló.
Karla Areli Jurado Bafidis, exdirectora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, fue detenida en junio de 2017, acusada del desvío de más de 246 millones de pesos que fueron enviados al Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Declarada culpable y sentenciada a tres años de prisión, Jurado aseguró que su juicio había sido irregular y que le obligaron a reconocer la comisión del delito. Permanece en prisión y sin haber depositado la millonaria cantidad.
El representante legal y socio de Kepler Soluciones Integrales, Germain Lezama Cervantes, también fue declarado culpable por participar en la red de desvío de recursos públicos.
Aunque devolvió los 1.5 millones de pesos por una de las causas penales, permanece en prisión al faltar el depósito de 120 millones de pesos que, a través de contratos simulados, se sacaron del erario de Chihuahua.
Otro empresario sentenciado por la simulación de contratos es Iván Eli Sánchez Jasso, quien también en juicio abreviado enfrentó la misma causa penal del exdiputado Reyes.
Al igual que el político de Movimiento Ciudadano, Sánchez pagó una fianza de 44 mil pesos y se encuentra en libertad condicional.
El resto de los implicados enfrentan todavía procesos en los que se les acusa de su participación, en diferentes grados, de millonarios desvíos, simulación de contratos y compras a sobreprecio, entre otros.
La excepción ha sido el caso del exasesor técnico de Duarte, Jesús Manuel Luna Hernández, quien permanece en prisión acusado de haber instruido en junio de 2016 que una aeronave del Gobierno del Estado hiciera un viaje de Toluca a Cancún para beneficio del hijo del exgobernador.
Por esa instrucción, Luna permanece recluido desde mayo de 2017 en el penal estatal por uso indebido de la aeronave, cuyo vuelo realizado fue calculado en 336 mil pesos.

Poderes enfrentados

Además de la falta en la reparación del daño, el “maxiproceso” ha enfrentado a los poderes judiciales del fuero federal y común. Aparte de Mauli, el juicio que derivó incluso en acusaciones de injerencia de otros poderes fue el de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI nacional.
Detenido en diciembre de 2017, Gutiérrez –conocido como “La Coneja”– fue presentado como uno de los operadores claves de los desvíos que habrían tenido como destino el financiamiento de campañas del PRI y el enriquecimiento ilícito de César Duarte.
Con dos causas penales en su contra, una por 250 millones de pesos y otra por 1.7 millones, la “pelea” por el imputado tuvo otro episodio el lunes pasado, cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, determinó que la causa 4094/2017 fuera llevada por un juez local en Chihuahua.
Antes, cuando menos en cinco ocasiones, los abogados del priista consiguieron que jueces federales atrajeran el caso para posteriormente intentar su traslado a un penal del mismo orden. Amparos y revisiones de tribunales solicitados por el Gobierno estatal, consiguieron que el caso quedara en el ámbito local.
Además de Gutiérrez y Luna, otros 19 exfuncionarios enfrentan procesos recluidos en el penal de Chihuahua, mientras que dos más lo hacen en libertad condicional.
En tanto, uno de los actores principales de los desvíos –reconocido así por la propia FGE– permanece en libertad, sin proceso en su contra, acogido por los criterios de oportunidad como testigo protegido: el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral.

iramirez@redaccion.diario.com.mx