Jaime Armendáriz/
El Diario
Chihuahua— Organizaciones de la sociedad civil acusaron a miembros de la comunidad LeBarón por agredir el lunes pasado a barzonistas y ejidatarios del norte del estado, quienes acudieron a terrenos de los primeros para impedir que se extraiga agua de forma irregular, ya que existen varios pozos que operan con el permiso de amparos federales.
“Hubo balazos por parte de integrantes de la familia LeBarón y sus custodios en contra de productores y productoras de la región de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, quienes acudieron al lugar desarmados a realizar una inspección para documentar la explotación ilegal del agua”, indicaron las ONGs en comunicado de prensa.
Precisaron que esa zona está en veda desde 1937 por decreto presidencial, sin embargo el problema surge a partir del desmonte de tierras y perforación de pozos ilegales con títulos apócrifos por parte de la familia LeBarón y otros productores, situación que ha sido denunciada por los pobladores de la región en espacios locales y nacionales.
A la fecha, esta problemática ha traído como consecuencia el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos integrantes de El Barzón Chihuahua: Ismael Solorio, Manuelita Solís y Alberto Almeida.
Esta situación y otras problemáticas derivaron en una alerta temprana que previniera futuras agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua.
Ante ello, en abril del 2017, por acuerdo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se instaló la mesa agroambiental entre organizaciones de la sociedad civil del estado, autoridades federales y estatales con el objetivo de revisar casos concretos en los que existen flagrantes violaciones a derechos humanos, en la que se incluye la instalación ilegal de pozos en el predio LeBarón.
“Aun contando con estos elementos, las autoridades han sido incapaces de realizar acciones contundentes encaminadas a solucionar la problemática con quienes abierta e impunemente agotan el recurso hídrico en perjuicio principalmente de pequeños y medianos productores y que representa un daño irreparable para la entidad”, condenaron.