Javier Olmos/
El Diario de Juárez
El gobernador panista Javier Corral Jurado fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de uso indebido de atribuciones, coalición de funcionarios y peculado, que presuntamente se cometieron con la realización de la “asamblea informativa” que realizó en la ciudad de Chihuahua el domingo 15 de abril.
La denuncia formal con número de atención 1432/2018 fue interpuesta por el representante del partido Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Fernando Ávila González, el pasado 17 de este mes, y alega que el gobernador hizo uso de recursos públicos y de personal de la administración que encabeza, para organizar “mitines políticos” para informar de acciones a tomar contra el Gobierno federal.
“Es evidente por la forma de su desarrollo, que se rentaron sillas, templete, gradas y otros elementos para la organización del evento, incluso en las fotografías se advierte que se entregaron cachuchas, playeras y sombrillas a los presentes, con inscripciones que fueron aplicadas a estos obsequios, de lo que incluso también consta en material fotográfico”, argumentó.
El abogado señaló en la queja que al citado mitin se convocó gente por medio de un mensaje grabado en el que se utilizó el sistema de marcado del conmutador del Gobierno del Estado y “resulta conocido que para el traslado de personas al mismo acto político se rentaron autobuses que se observan en fotografías de varios periódicos digitales locales y nacionales”.
Dijo que se destinaron recursos que no estaban etiquetados, “es totalmente imposible que hubiera alguna partida presupuestal destinada para tal efecto ya que la justificación esgrimida es la protesta contra el presidente Enrique Peña Nieto por atraer el caso de Alejandro Gutiérrez”.
“Con lo que es más claro que debieron destinarse recursos de otras partidas a efectos de poder rentar el mobiliario y los artículos que se repartieron en el momento (…), lo anterior es una clara muestra de que se realizó una indebida aplicación de bienes y recursos del Gobierno estatal a efectos de poder solventar gastos del mitin sin olvidar el hecho de que las llamadas telefónicas realizadas son un claro ejemplo de utilización de bienes con un fin distinto al que fueron previstos”, agregó.
Ávila González dijo que esas conductas resultan típicas a la luz de los dispositivos del Código Penal Federal como el uso ilícito de atribuciones y facultades, la coalición de servidores públicos a los que se les puede imponer de dos a siete años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito.
“El artículo 223 que señala el delito de peculado va contra el servidor público que utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objetivo de promover la imagen política o social de la persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona”.
En la denuncia, pide que se cite a entrevista a todos los que expusieron y disertaron o dieron mensajes en el citado evento a efectos de que aclaren los alcances de su presencia, a quien los convocó y cómo se trasladaron, que el gobernador especifique cuáles fueron los montos involucrados en las transacciones referentes al evento, cómo fueron pagados y de qué partidas se aplicaron.
También que se recaben las periciales necesarias a efecto de demostrar la existencia de un mensaje grabado por el mandatario para la promoción del evento y se solicite a las empresas proveedoras del servicio de telefonía del Gobierno estatal todas las sábanas de llamadas correspondientes al mes de abril de 2018, para identificar los números receptores de las llamadas mencionadas en esta denuncia.
Además que se obtenga de Internet y medios audiovisuales, las grabaciones correspondientes al evento a los efectos del punto anterior, se dicten las demás medidas de investigación anterior y sus resultados así como de cualquier otro que se ordene, además que se le considere en carácter de víctima en las presentes actuaciones.
El Diario trató de obtener una posición del Gobierno estatal a través del Departamento de Comunicación Social pero no obtuvo respuesta.
Lo que se cuestiona
• Desvío de recursos públicos para mitin
• Renta de sillas, templete, gradas, camiones para ‘acarreo’
• Entrega de playeras, cachuchas y sombrillas con leyendas
Lo que piden
• Se especifique monto gastado
• Cómo fue pagado
• De qué partidas se ‘desviaron’ recursos
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