Heriberto Barrientos/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— El político y empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez recibió ayer su segunda prisión preventiva por el delito de peculado agravado, en una nueva acusación de desvío de recursos públicos que le formuló la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esta vez por un monto de 1.7 millones de pesos en el que presuntamente Gutiérrez, alias “La Coneja”, resultó favorecido con pagos que salieron de la Secretaría de Hacienda en diciembre de 2015, a dos de sus empresas que simularon la prestación de diversos servicios en la pasada administración estatal.
En la audiencia surgió el nombre de su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez, como representante legal de las empresas, dentro de la causa penal 4094/2017.
En esta ocasión el acusado habló brevemente ante el juez, diciendo que prefería abstenerse de declarar, pues “mentir también era un delito”.
La audiencia de formulación de cargos que pasó a ser también de vinculación o no a proceso comenzó a las 10:47 horas y se extendió por más de 12 horas, pues hasta el cierre de esta edición no concluía.
El exsecretario general adjunto del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el pasado 21 de diciembre fue vinculado a proceso penal en Chihuahua por el presunto desvío de 250 millones de pesos, que según la Fiscalía estatal, fueron destinados a financiar campañas del PRI a nivel nacional.
Gutiérrez llegó ayer por la mañana a la sala penal uno del Centro de Justicia, vistiendo pantalonera de color gris y sudadera deportiva del mismo color –uniforme que usan los internos del Cereso– y le respondió al juzgador en su derecho a defenderse: “Sí lo entiendo... prefiero guardar silencio, mentir a su señoría también es un delito”, esto último en respuesta al Ministerio Público por los señalamientos que le hacían.
El acusado fue representado por los abogados Antonio Collado Mocelo y Marina Vázquez Medrano, a través de los cuales dijo que temía por su vida y la de su familia.
Por la Fiscalía comparecieron los agentes del Ministerio Público Edith Alvídrez Manquero, Javier Flores Romero y Jorge Alberto Carrillo.
La representación social acusó a Alejandro Gutiérrez de haber obtenido de manera ilícita recursos públicos a través de las empresas Promotora de Señalamiento Integral, S.A. de C.V. y Jet Combustibles, S.A. de C.V., donde aparece él mismo y su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez como propietario y representante legal, respectivamente.
La fiscal Alvídrez señaló que los días 20 y 23 de diciembre del año 2015 se pagaron a favor de dichas empresas dos facturas por 904 mil 579 pesos y 835 mil 420 pesos, respectivamente.
La primera por concepto de “Servicios de Mantenimiento General a Edificios”, que incluía impermeabilización, mantenimiento y reparación de aire acondicionado.
La segunda por “Servicio de Traslado de Personal” vía aérea.
“Servicios profesionales que nunca fueron prestados, fingiendo con la colaboración de diversos servidores públicos y personas externas, la realización del procedimiento de administración y contratación del servicio, desviando el recurso del erario que estaba destinado a fines públicos, siendo Alejandro Gutiérrez el encargado de concertar el desvío”, afirmó la representante legal.
Los contratos simplificados simulados fueron identificados bajo las siglas: Ord/Compra/Bienes/GC/FEFHAC/25493/2015 y Ord/Compra/Bienes/GC/FEFHAC/25494/2015.
En el caso del segundo contrato por traslado de personal fue por la cantidad de 19.14 horas de vuelo a un costo de 2 mil 200 dólares por hora, de una aeronave tipo Cessna con número de matrícula XALGAA, que nunca se prestó, recalcó la fiscal.
La defensa de “La Coneja” intentó que el juez no impusiera a su representado la prisión preventiva, donde el Ministerio Público expuso el riesgo que existía de que se evadiera de la acción de la justicia, pues aunque tuviera diversas propiedades como empresario en la ciudad de Saltillo y en Monterrey, no radicaba finalmente en esta ciudad.
Sin embargo el abogado Collado acreditó que ya tenía domicilio en esta ciudad, pues su familia se trasladó recientemente para apoyarlo en el proceso penal que enfrenta.
“Consideramos que nuestro cliente carece, no sólo de la calidad de sujeto activo como servidor público, sino de la idoneidad para hacer un sujeto activo en términos generales de dicho hecho que la ley señala como delito de peculado”, expresaron los abogados.
Sin embargo la MP citó varias tesis que a su consideración establecían la conducta del acusado como coautor del delito de peculado en número de dos.
Entre los testigos que destaparon la sustracción ilícita de recursos se nombraron a Edna Venecia Rodríguez, Diana María Mena y Edna Marlene Rivera Fernández, “quienes tienen conocimiento de la participación del proceso licitatorio. Además la licenciada Abril Portillo de la Fuente, directora jurídica de la Secretaría de Hacienda, nos remitió toda la documentación”, expresó la fiscal Alvídrez.
hbarrientos@diarioch.com.mx