Jaime Armendáriz/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua– El Congreso del Estado analiza una iniciativa para quitar el requisito de licenciatura para ser titular de las áreas técnicas legislativas, y permitir el ingreso a quienes comprueben “conocimiento” en esas tareas, que contemplan desde la administración de recursos de todo el Legislativo hasta la Auditoría Superior del Estado.
La propuesta la hizo el pasado 4 de agosto Javier Malaxechevarría González, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito 14, con cabecera en Cuauhtémoc, bajo el argumento de que el Poder Legislativo es un órgano en evolución y con la finalidad de “mejorar nuestro desempeño”.
El legislador pide cambiar la redacción del artículo 128 de la Ley Orgánica del Legislativo que define la preparación que debe tener quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Administración, la de Asuntos Legislativos, de Asuntos Interinstitucionales, la Auditoría Superior del Estado, Unidad de Transparencia, Instituto de Estudios e Investigación Legislativa, Unidad de Igualdad de Género y Dirección de Archivos.
El artículo especifica actualmente que se debe tener licenciatura en áreas económica, administrativa, jurídica o alguna otra relacionada con las funciones del encargo, sin embargo el diputado panista solicita eliminar “licenciatura” y sustituirlo con “tener conocimientos”.
Es decir, se aplicaría en áreas como la administrativa, hoy a cargo de la exdiputada Daniela Álvarez, para ser ocupada por cualquier persona sin contar con un título en esas áreas.
Aunque, aclara el iniciador, se mantendrían las excepciones aplicadas a la Secretaría de Asuntos Legislativos, Interinstitucionales, de la Unidad de Transparencia, y del Instituto de Estudios e Investigación Legislativa, tendrá que contar con licenciatura en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años.
También con la titularidad de Dirección de Archivos, en la que necesariamente debe estar alguien con licenciatura en alguna de las ciencias de la información.
En su argumentación, señala que pretende ampliar uno de los requisitos para las personas que eventualmente estén en esos encargos públicos. “El argumento fundamental para esa propuesta es dar valor adecuado al conocimiento y a la confianza para el desempeño de dichos encargos”. (Jaime Armendáriz/ El Diario)
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