El Diario
2017-04-04
Chihuahua— Empleados de la Secretaría de Hacienda de la pasada administración son quienes, bajo la figura de “testigos protegidos” y a cambio de no enfrentar cargos penales, están declarando y presentando pruebas contra el exgobernador César Duarte y sus colaboradores, según abogados allegados al caso de los exfuncionarios detenidos.
Los testigos están ofreciendo su testimonio y proporcionando documentos para acusar penalmente al exmandatario y otros ex servidores públicos que están en la mira por el delito de peculado.
El testimonio de uno de los testigos, entre otros elementos, fue pieza clave en la vinculación a proceso del exalcalde Javier Garfio Pacheco y del exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera.
El pasado domingo dentro de la causa penal en contra de Ricardo Yáñez y Gerardo Villegas, la agente del Ministerio Público Marisa Peña leyó la declaración ofrecida el 22 de marzo por un “testigo protegido” que relató la conformación y el modus operandi de la presunta red de corrupción encabezada por Duarte.
Dijo que la red fue utilizada para desviar sumas millonarias de dinero, recursos públicos que tenían también procedencia federal y que fueron destinados a fines políticos y/o para el enriquecimiento particular.
Delató que estaba conformada por tres niveles, el primero integrado por los titulares de las secretarías, quienes eran los responsables de la elaboración de las políticas públicas.
En el segundo nivel estaban quienes ocupaban puestos directivos en diferentes dependencias y organismos descentralizados, que eran en la mayoría designaciones directas que hacía el exmandatario –según el testimonio– de familiares o a gente de su confianza, encontrándose en este segundo nivel también diversos empresarios y proveedores.
La agente del Ministerio Público lo citó como “un exfuncionario del gabinete de César Duarte que fungió entre los años 2010 y 2016”.