Estado

Vinculan a ‘duartistas’ por desvío millonario

El Diario

2017-04-02

Chihuahua— El juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Alexis Ornelas, determinó, la madrugada de ayer, la apertura del proceso penal en contra de dos exfuncionarios duartistas por el presunto desvío de 246 millones de pesos públicos.

Se trata del exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez y del exdirector administrativo de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, a quienes se les dictó prisión preventiva de seis meses, período en el que se realizará la investigación.
Lo anterior se determinó alrededor de las 4 de la madrugada de ayer, tras una maratónica audiencia que duró cerca de 18 horas.
Con ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo el resolutivo emitido por el juzgador que consideró que los elementos exhibidos por los agentes del Ministerio Público demostraron la existencia del delito y la probable responsabilidad de los imputados.
Durante la audiencia un testigo protegido dijo que los recursos desviados fueron destinados a la campaña del excandidato priista a gobernador, Enrique Serrano.
Los argumentos basados en documentos y testimoniales contenidos en la carpeta de investigación de la denuncia 780/2017, establecieron que Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, al igual que Gerardo Villegas, exdirector general de Administración de la Secretaría de Hacienda, contrataron “cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, así como en la adquisición de un software”, para distraer el desvío millonario.
En la audiencia se presentaron elementos para demostrar que en febrero del 2016, el imputado Ricardo Yáñez solicitó una partida presupuestal para la contratación de servicios en capacitación y asesoría en materia educativa consistentes en un curso para maestros con un valor de 55 millones de pesos, curso en materia ecológica con un valor de 46 millones de pesos, curso para actualizar a 5 mil 600 padres de familia de preescolar y primaria con un costo de 55 millones de pesos, además de 90 millones para la adquisición de un programa.
De la misma manera, se evidenció que el 22 de febrero del 2016, Gerardo Villegas firmó y aprobó la partida presupuestal solicitada para los supuestos contratos. 
La representación social de la parte acusadora difundió el nombre de las empresas que firmaron los cuatro contratos casi simultáneamente los días 24, 25, 26 y 29 de febrero de 2016, y cuyos pagos millonarios se hicieron el 6 de abril de 2016, por esas capacitaciones inexistentes, al igual que el software que nunca se adquirió.
Concluida la etapa de contradicciones y alegatos por parte del Ministerio Público y la defensa de los imputados, el juez de Control resolvió la apertura del proceso penal, fijando un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, en el que los imputados continuarán con la medida cautelar de prisión preventiva. 
La Fiscalía estableció que el delito fue cometido por una pluralidad de personas, en el que existió un concierto previo y reparto de funciones, durante una reunión en la que pactaron el desvío del erario a través de servidores que tenían atribuciones para ello, siendo los imputados Ricardo Yáñez y Gerardo Villegas. 

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