Orlando Chávez/
El Diario
Chihuahua— Mientras el Gobierno del Estado avanzó en el proceso de cancelación de concesiones por el paro camionero, permisionarios de la CNOP y de la CTM argumentaron que el Gobierno ha ahogado al sistema de transporte con su negación a mejorar la tarifa y disponiendo de los recursos sin explicarles y ahora se les pretende culpar.
Cada comisionista tendrá 15 días para presentar sus argumentos, con el fin de impedir que le sea retirado el permiso que tiene para dar el servicio en el transporte público.
Ayer, el director de Transporte del Estado, Gustavo Morales, recibió en su oficina a los dirigentes de las dos organizaciones a las que están afiliados los concesionarios; por parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) estuvo Francisco Lozoya, mientras que por la Confederación de Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), estuvo Juan Gómez.
Morales mencionó que el proceso se inició debido a que los concesionarios incumplieron con su responsabilidad de dar el servicio del viernes primero al lunes cuatro de este mes, por lo que afectaron a miles de personas que se quedaron sin la posibilidad de utilizar el sistema de transporte.
El argumento legal para el retiro de las concesiones está en los artículos 47 y 48 de la Ley que rige al Transporte del Estado. Luego de atender a los líderes, les expuso que el trámite lo tienen que realizar ante el área jurídica de la dependencia, hacia donde se dirigieron.
El artículo 48 de la Ley establece que los concesionarios tienen un plazo de 15 días para presentar sus argumentos y justificar los motivos por los que no dieron el servicio durante tres días y medio.
Los concesionarios indicaron que se les pretende cobrar a ellos problemas que el estado generó de diversas formas, primero al negarles una tarifa adecuada para el servicio, ya que por años operó el sistema 6-2-0, el cual aumentó los costos, pero además generó que los usuarios pagaran más.
Señalaron que el Gobierno del Estado por meses no cobró a los usuarios del ViveBús en un principio, lo que generó un inicio con pérdidas.
Expresaron que actualmente se deben 700 millones de pesos a los proveedores, los cuales en parte serían pagados por el estado, lo que no ha sido cumplido, mientras que las deudas van a la alza.
Agregaron que no dejarán que les sean canceladas las concesiones, lo que vieron como poco probable, ya que a la actual administración no le alcanzaría el tiempo.
Tanto permisionario del transporte público como autoridades señalaron que el proceso de cancelación de concesiones no tendrá repercusiones en el servicio, por lo que un nuevo paro no está entre las consecuencias previsibles.
ochavez@diarioch.com.mx
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