G. Minjáres/F. Aguilar/
El Diario
La confrontación pública que mantienen el gobernador en funciones y el electo, César Duarte Jáquez y Javier Corral Jurado, respectivamente, pone en riesgo la estabilidad social y democrática del estado y sólo perjudica a la comunidad, coincidieron especialistas.
Aseguraron que ambos líderes políticos deben dejar atrás esa postura y además sustentar sus declaraciones con pruebas a través de las instancias correctas, ya que de lo contrario sólo es un espectáculo que “enturbia el ambiente”.
El investigador y especialista en política, gobierno y asuntos públicos, Abraham Paniagua Vázquez, afirmó que el gran reto que tienen Duarte y Corral es mantener la gobernabilidad del estado y respetar la decisión expresada por los ciudadanos en la elección del 5 de junio, porque los chihuahuenses no merecen un escenario de conflicto y de confrontación abierta.
“Me parece que las estrategias tanto del Gobierno en funciones como las del próximo obedecen a estrategias particulares, es decir, siguen actuando igual que en proceso electoral y como consecuencia se está polarizando tanto las opiniones y actos de la ciudadanía entre los que defienden al actual régimen y los que están a favor del que viene, lo que no genera ninguna condición democrática, ni ninguna condición de ventaja hacia la ciudadanía”, advirtió.
Consideró que el escenario que se vive actualmente en el estado, en el que Duarte acusó a colaboradores de Corral de los disturbios registrados el miércoles pasado en la ciudad de Chihuahua y Corral lo culpó de infiltrar el movimiento y buscar retrasar la transición, responde más a “intereses muy personales” y no de la sociedad.
Además, subrayó que tanto los gobernantes, como los partidos políticos y las instituciones públicas deben responder al grado de civilidad que mostró la ciudadanía no sólo en la jornada electoral del 5 de junio, sino durante todo el proceso comicial, porque fue ejemplar al participar en su organización y salir a votar.
Hernán Ortiz Quintana, dirigente de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que las descalificaciones no sirven para nada si no actúan conforme a la ley y se establece por esa vía quiénes fueron los culpables de las violentas acciones.
“Corral puede decir lo que quiera, Duarte también. Si no se pone una denuncia a través de las instancias correspondientes, todo queda en puro ‘show’ (…) Es una pérdida de tiempo prestarles atención a lo que tengan que decir”, consideró.
A su vez, el presidente de la Federación Chihuahuense de Abogados, Jesús Eduardo Mariscal Ojeda, opinó que cualquier acusación debe estar sustentada con pruebas.
El experto consideró que lo que sucedió “no favorece mucho a Corral, puesto que grupos panistas como Rogelio Loya anunciaron que habría movilizaciones”, pero sostiene que el peor daño se lo lleva el ciudadano, que con sus impuestos tendrá que pagar las afectaciones del Palacio de Gobierno.
“Ya Duarte está más que afectado”, dijo. “Las elecciones ya le dijeron qué piensan. En el lado de los ganadores, ¿para qué se ensucian si ya ganaron? ¿Para qué se echan la antipatía de la gente?”.
Por su parte, el abogado Javier Cuellar, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, expuso que las acusaciones son una extensión de la guerra sucia de las campañas electorales la cual no hace más que “enrarecer el ambiente ciudadano”.
Cuellar consideró además que los señalamientos “prolongan un estado de guerra verbal” que le arrebata la tranquilidad a la ciudadanía.
Abraham Paniagua Vázquez, especialista en política, gobierno y asuntos públicos, dijo que la comunidad merece un proceso de transición política civilizado y democrático, y que la postura electora de Javier Corral debe quedarse atrás para que convierta en plan de Gobierno el esclarecimiento de supuestos actos de corrupción y actuar en consecuencia, pero por las vías institucionales
Agregó que desde el “verano caliente” de 1986, cuando después de las elecciones estatales se presentó un escenario de confrontación política que generó movilizaciones y resistencia civil por acusaciones de fraude en los comicios en los que resultó electo el priista Fernando Baeza Meléndez.
Desde entonces, hace casi 30 años, recordó que los procesos electorales y las transiciones de Gobierno en el estado habían transcurrido en calma, por lo que ahora, después de un resultado claro en los comicios, la ciudadanía merece un comportamiento ejemplar y contundente de los gobernantes.
“Deben actuar desde una posición muy institucional, sin que polaricen los actos y las posiciones, aunque también es claro que en un escenario democrático en donde la discusión, el consenso y el disenso son necesarios, se requiere de altura de civilidad política porque justo ahí está el gran reto para la gobernabilidad”, manifestó.
Sin embargo, el académico también agregó que la ciudadanía tiene la obligación de escuchar y analizar todo lo que ocurre en torno al escenario postelectoral, porque tiene el derecho de responder con exigencias contundentes a los actores políticos, pero siempre por las vías pacíficas o institucionales.
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