El Diario
2016-06-23
Chihuahua— Elementos de la Policía Estatal detuvieron ayer a un hombre con una arma de fuego durante la manifestación.
La Fiscalía General del Estado se reservó el nombre, pero fuentes de la dependencia contaba con un permiso, supuestamente otorgado mediante la gestión del general Alejandro Sandoval Torres.
La esposa de Saldoval dirige la Agencia de Seguridad Integral, una de las pocas empresas de seguridad privada que en el país tiene facultades para tramitar permisos colectivos de portación de armas de fuego.
El detenido dijo que trabaja para la empresa El Polvorín, que maneja armas y explosivos, y agregó que tiene permiso de usar el arma que portaba.
Una publicación de El Diario de Juárez de septiembre del año pasado asienta que la Fiscalía General del Estado (FGE) procedería contra la Agencia de Seguridad Integral (ASI), S.A. de C.V. por incumplir con la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua, decretada en abril de 2012, que establece la obligatoriedad de su registro de operaciones, dijo ayer el fiscal Jorge Enrique González Nicolás.
El fiscal explicó en esa ocasión que independientemente de que ASI cuente con registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob), debe registrarse ante la FGE, ya que existe un total descontrol al ignorar la autoridad estatal el número de personas armadas, amparadas con una licencia particular colectiva de esa empresa.
Con ese motivo fue buscada Guadalupe Patricia Álvarez Rivera, o el apoderado legal de ASI, general brigadier D. E. M. R. Alejandro Sandoval Torres, pero la empleada informó que la pareja estaba fuera de la ciudad.
En publicidad oficial de ASI menciona que cuenta con la autorización para portar armas en todas sus modalidades por contar con permisos vigentes ante Segob y Sedena.
El militar estuvo al frente del 20 Regimiento de Caballería Motorizado en la peor crisis de seguridad que enfrentó Ciudad Juárez y años después logró que su empresa fuera la única autorizada para la portación de armas de fuego, dice la información del periódico.
En esa ocasión el fiscal Jorge González Nicolás dijo que desconocen quiénes y cuántas son las personas que esta empresa ha autorizado el porte de armas de fuego, ya que sólo saben de ellas cuando se involucran en la comisión de diversos delitos, como ocurrió con dos escoltas que, en estado de ebriedad, practicaban “tiro” en una zona habitacional y fueron denunciados por los vecinos.