José Pérez Espino/
El Diario
Ciudad de México— La Cámara de Diputados aprobó en comisiones una reforma para incluir los registros de llamadas telefónicas a servicios de emergencia en bases de datos criminalísticas y sancionar las solicitudes falsas o bromas con multas de hasta 500 el valor de la Unidad de Medida y Actualización (equivalente a un salario mínimo).
La iniciativa propone modificar las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la de Coordinación Fiscal, con el propósito de combatir el uso indebido de los mecanismos de auxilio.
La medida fue presentada ante el Pleno por el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, el 17 de marzo.
El proyecto propone adicionar el artículo 152 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública para sancionar con multa de 50 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice llamadas falsas.
El castigo se aplicaría a quien “a través del servicio telefónico o por cualquier otro medio de comunicación, realice amenazas, insultos o reporte dolosamente hechos falsos a instituciones de emergencia, protección civil, bomberos o seguridad pública, que hagan necesaria la movilización y presencia de elementos de dichas instituciones”.
Además, “responderán solidariamente de las sanciones mencionadas en el párrafo anterior quienes ejerzan la patria potestad u ostenten la vigilancia y custodia de menores de edad o incapaces que incurran en la conducta descrita”.
El dictamen del proyecto de reforma fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública, encabezada por el diputado Jorge Ramos Hernández, a fin de que las autoridades cuenten con más elementos e información detallada para cumplir con los propósitos de seguridad pública.
Según el documento, recibir una respuesta adecuada y pronta a un llamado de emergencia debe considerarse una oportunidad para salvar la vida, garantizar la paz y el bienestar de la población.
El año pasado se captaron 90 millones de solicitudes de este tipo en el país, de las cuales 75 por ciento eran falsas, se cita en la exposición de motivos.
Lo más grave es que propician dejar de atender verdaderas urgencias poniendo en peligro a la comunidad y mermando la confianza en las instituciones públicas, se agrega.
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