Martha Figueroa/
El Diario
Ciudad de México— Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y académicos piden a la comunidad su firma para que prospere la iniciativa “3 de 3”, una propuesta anticorrupción.
La medida será llevada al Congreso de la Unión y busca que funcionarios sean obligados a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés de forma pública para evitar actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Transparencia Mexicana, Tecnológico de Monterrey (Itesm) y la Suprema Corte de Justicia, entre otros, explicaron que para ello se necesaritan 120 mil firmas para que la iniciativa tenga sea legal.
En cada estado se convocará para recavar firmas. También se puede descargar el formato en: http://tresdetres.mx.
En entrevista con El Diario, Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, afirmó que en estados como Chihuahua es importante conocer las declaraciones de los funcionarios, sobre todo, por el incremento de la deuda.
Esta situación, precisó, no sólo ocurre en dicho estado fronterizo por lo que es necesario que los ciudadanos se sumen a fin de poner una lupa sobre el actuar de los funcionarios de los tres niveles de Gobierno.
La iniciativa ciudadana fue presentada el martes pasado en la capital del país, en donde los académicos explicaron que “esta iniciativa busca convertirse en lo que será la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que deberá suceder a más tardar en mayo de 2016”.
En términos generales la ley establece una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
“(Se someterá a) sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria, la cual será abierta a la ciudadanía”, se señala en la ley.
También establece la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública, además marca las directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos. (Martha Figueroa/El Diario)
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