Salud Ochoa/
El Diario
Chihuahua— Extrabajadores de la empresa PROAGRO, S.A, interpusieron una denuncia penal en contra de personal, incluida su titular, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por el delito de ejercicio indebido del servicio público, falsificación o alteración de documentos y tráfico de influencias.
Jorge Salayandía, abogado de los demandantes, informó que la referida denuncia se interpuso a raíz de que se detectaran irregularidades en el proceso laboral que concluyó a favor de la empresa.
Explicó que en el 2007 cuatro empleados interpusieron una querella de índole laboral demandando una serie de prestaciones entre las que se encontraban la indeminización por despido injustificado, pago de comisiones y tiempo extraordinario entre otras. Sin embargo, dentro del proceso se detectó la alteración de documentos en el expediente así como el presunto tráfico de influencias ya que “en repetidas ocasiones nos dijeron que el asunto traía línea desde arriba”.
Agregó que en el 2014, los actores presentaron un amparo directo en contra del laudo emitido ya que se estimó que la documentación remitida al Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y del Trabajo, dentro del expediente 577/2014, se encontraba alterada modificando elementos de prueba específicamente en 181 contratos laborales.
“Lo anterior dio pie a que finalmente se emitiera un resolutivo a favor de la empresa, por lo que los demandantes decidieron interponer la denuncia y solicitaron al ministerio público que asegurara los documentos señalados como alterados, en específico los contratos laborales, que forman parte del referido proceso laboral. Estos documentos se encuentran en la Junta Especial 3 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”.
El abogado puntualizó que existen los elementos probatorios suficientes para demostrar los delitos antes mencionados por lo que se pide, “desahogar todos los medios de prueba y se actúe conforme al Código de Procedimientos Penales del estado”.
Por su parte, la titular de la Junta Local de Conciliación y arbitraje, Nora Liliana Pérez Cereceres dijo que “tendría que checar el expediente, no he sido notificada por la Fiscalía hasta hoy y respecto a mis funciones que tenía en la junta, en el tiempo en el que se llevó ese proceso yo era secretaria general y fue hasta marzo del 2015 cuando me nombraron titular”.
Aseguró que “quien realmente resuelve el expediente o el caso es el presidente de la junta especial que en su momento está a cargo y el representante obrero y patronal. Si el expediente es más antiguo tuvo que haber varios funcionarios que tuvieron que actuar. Nosotros sacamos el laudo absolutorio para la empresa, el asunto ya está concluido y cerrado”.
En cuanto a la presunta alteración de documentos, Pérez Cereceres indicó que “no es posible porque todos nos desempeñamos con ética en nuestro trabajo y ahora, con la digitalización de los expedientes ni siquiera podemos ser objeto de ese señalamiento porque en cuanto se presentan los documentos se escanean. Nosotros como tribunal, independientemente de quienes sean las partes, tenemos que aplicar el derecho”.
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