Patricia Mayorga/Cristian Granados/
El Diario
Chihuahua— El Congreso del Estado recibió una denuncia de juicio político contra el gobernador César Duarte Jáquez, promovida por un grupo de concesionarios del transporte Vivebús en la ciudad de Chihuahua.
El documento fue entregado por el abogado Maclovio Murillo Chávez, representante de ocho de las 12 empresas concesionarias del sistema, quienes acusan al mandatario estatal de presuntamente comprometer los recursos públicos para el pago de una deuda de más de 13 millones de dólares que se utilizaron en la compra de camiones por una sociedad anónima en la que aparece como deudor solidario.
Consultado sobre el asunto, el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, declaró que desconoce los detalles de la denuncia, por lo que podrá hacer comentarios hasta que sean notificados de su contenido.
El juicio fue promovido el miércoles y ayer. Rodrigo de la Rosa Ramírez, coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que en el Congreso analizan la denuncia para determinar si es viable abrir el juicio o desechar la solicitud.
En el documento se establece que Duarte aparece como presunto responsable de la comisión de infracciones administrativas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las cuales presuntamente evidencian un perjuicio a los interese públicos y de su buen despacho.
Al depositar la denuncia en el Congreso estatal, Murillo Chávez aseguró que el gobernador presionó a los concesionarios para comprar 84 autobuses Mercedes Benz, a pesar de que ellos le argumentaron que eran mejor los de la marca Volvo, y les consiguió un crédito en Unión Progreso, institución financiera en vías de convertirse en banco, de la que el mismo gobernador –acusó– es socio junto con su esposa Bertha Gómez Fong.
El abogado especificó que la inconformidad es porque el gobernador “los engañó (a los concesionarios)” y les quitó todo su patrimonio, lo que por ley les corresponde.
En los términos previstos por el artículo 144 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, los solicitantes buscan que ésta sea ratificada y que se desahogue el procedimiento correspondiente, y de esa forma se constituya un “Gran Jurado”, el cual imponga la sanción procedente que establece la destitución del cargo, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, se informó.
Murillo detalló que “primero los invitó a conformar la empresa CTC (Coordinadora de Transporte Colectivo de la Ciudad de Chihuahua S.A. de C.V), les prometió grandes ganancias (…) no les fue bien porque él jamás quiso aprobar el aumento de las tarifas y con las que tienen ahora no les alcanza ni para el diésel”.
Independientemente de esa situación, hubo malos manejos de uno de los dirigentes, “El ‘Güerito’ Lozoya, que él mismo (Duarte Jáquez) puso (integrante de la CTM) y los llevó a una quiebra total,”.
Una vez que la empresa quebró, Duarte les quitó la ruta troncal y posteriormente les redujo los márgenes de las rutas alimentadoras, agregó.
La denuncia, explicó, es porque presuntamente utilizó dinero público para pagar un crédito con el que compraron 84 camiones y dicho contrato está firmado por la CTC y la empresa Mercedes Benz a través del gerente general Roberto E. Cruz Barraza, y aparece al final la firma del gobernador del estado de Chihuahua.
El contrato indica que cada unidad les costó 162 mil 400 dólares, en total fueron más de 13 millones de dólares americanos más IVA, se facturó en pesos mexicanos al tipo de cambio que Daimler Vehículos Comerciales México S. de R. L. de C. V. utilice para facturar a la agencia, se menciona en el documento entregado a los legisladores locales.
Ese contrato fue notariado y presentado al Congreso del Estado, con las firmas de Duarte, integrantes del consejo directivo de CTC y la agencia automotriz.
“El gobernador firmó como deudor solidario y no es legal, no puede avalar una deuda de empresas privadas y comprometió dinero público para una sociedad anónima. La Ley de Deuda Pública dice que sólo puede avalar deuda pública, es decir, puede ser aval de municipios, empresas públicas, organismos públicos, descentralizados, etcétera”, denunció Murillo.
La ley también prohíbe contraer obligaciones de ese tipo en moneda extranjera y en el contrato asienta que se trata de un contrato efectuado en dólares.
Duarte tampoco solicitó la autorización del Congreso del Estado para obtener una deuda, ni siquiera la solicitó aun cuando la ley lo exige, se asienta en el documento.
“El gobernador no ignora la ley, es abogado y tiene miles de asesores. El mismo les consiguió créditos para pagar los camiones en un banco, y ese banco es Unión Progreso. Sacó dinero público para pagar los camiones antes de que se venciera la deuda, es decir, compró camiones que incorporaron a una empresa privada”, abundó.
Luego dijo que la denuncia de la compra de camiones es sólo la punta del iceberg, adelantó que interpondrán más denuncias porque incluso se tipifica el delito de peculado, una vez que utilizó dinero público con fines de naturaleza privada.
Dijo que la semana entrante interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque organizaron toda una operación de Estado para quitarles todo a los concesionarios, los engañó el gobernador porque de otra manera no hubieran accedido.