Heriberto Barrientos Márquez/El Diario
2015-08-29
Chihuahua— El diputado Eloy García Tarín manifestó que la denuncia por responsabilidad administrativa que presentó la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el caso Aeroshow, en donde pide al Congreso que se finquen responsabilidades al exalcalde Marco Quezada, “está plagada de irregularidades”.
El priísta responsabilizó a sus compañeros diputados de la misma bancada, María Elvira González, y Antonio Andreu, así como la legisladora del PAN María Eugenia Campos, integrantes de la Comisión de Fiscalización, de “haberse prestado al juego que fue dictado desde Palacio de Gobierno, torciendo indebidamente el expediente”.
García Tarín señaló que a raíz de esta situación, la misma Comisión de Fiscalización “puede estar en el presupuesto de haber cometido un ilícito al haber modificado, posteriormente al Informe Técnico de Resultados.
“¿Cómo es posible que el 4 de julio del año pasado, el Congreso del Estado define que no hay ningún elemento de responsabilidad, y curiosamente 10 meses después se hace un pronunciamiento en sentido totalmente diferente, es decir, el mismo documento señala primero que no hay elementos de responsabilidad y después éste último que se debe de abrir un procedimiento sancionatorio”, cuestionó.
“Ésto nomás se explica a la luz de la persecución política, en el que el Congreso del Estado lamentablemente se ha prestado como el esquirol que hace el trabajo sucio de un objetivo político, que es sacar de la carrera por la sucesión de la gubernatura a Marco Quezada”, expresó.
El legislador Eloy García Tarín refirió que el documento entregado por la ASE, “obviamente está plagado de serias irregularidades, que denotan de manera clara que la finalidad es política.
Indicó que se está muy lejos de otorgar justicia a las víctimas ya que este asunto se ha venido administrando para dejar al ex alcalde fuera de la carrera mediante un procedimiento viciado de origen, en el que el Congreso del estado “había determinado previo análisis de la Comisión de Fiscalización que no había elementos de responsabilidad”.
Y continuó: “No ha existido interés de resolver el asunto de fondo, no hay indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Hay un sesgo doloso en virtud de que la responsabilidad de protección y del cuidado de los eventos masivos, es también del Gobierno del Estado. Ésta no es una aseveración personal, sino legal y jurídica que han determinado jueces federales y un Tribunal Colegiado, cuando resuelve conceder el amparo al comandante José Domínguez, y al licenciado Guillermo Ávila, señalando que la responsabilidad era de Gobierno del Estado y no se ha iniciado en ningún momento una investigación en ese sentido y todo se ha cargado a la Presidencia Municipal. Lo más lamentable es que se use a lo derivado del lamentable accidente, para buscar resolver diferencias políticas”, enfatizó.
El legislador priista señaló que la ASE se excedió en la parte de la investigación: tomó elementos que no le correspondían y están vencidos además los tiempos legales en que se debió haber resuelto. La ley señala que se debe hacer dos meses después del dictamen al Informe Técnico de Resultados y vemos que éste proceso tiene dos años, es una flagrante violación a los tiempos jurídicos y confirma que se ha administrado con términos políticos”, sentenció.