Reforma
2018-10-23Ciudad de México.- Los programas sociales que busca implementar el nuevo Gobierno podrían generar presiones inflacionarias si no se acompañan de inversión en infraestructura, señalaron analistas de la aseguradora de riesgos crediticios Coface.
La asignación de apoyos, así como el incremento en salarios, se traducen en mayores ingresos para la población beneficiaria, situación que impulsaría el consumo interno, explicó Pablo Siade, director de riesgos en Coface América Latina.
Sin embargo, para que este mayor consumo se traduzca en desarrollo debe darse en un ambiente de mayores inversiones.
"Si seguimos con el consumo y no hay proyectos de infraestructura, lo único que estaríamos generando sería una presión inflacionaria y para poder continuar con el desarrollo de esa política social tendríamos que incrementar la deuda", indicó.
Si bien el incremento en estos gastos, social y de infraestructura, resultan clave para impulsar la economía, existe una restricción sobre los recursos, con poco margen de maniobra sobre el presupuesto, agregó.
De acuerdo con Siade, las limitantes previstas no permiten ver aún con claridad si será sostenible el gasto social en el que se basan las principales promesas del Gobierno entrante, el cual implicaría un incremento del gasto corriente.
Si este incremento en gasto corriente se termina financiando con deuda, la situación fiscal de México podría empeorar.
De acuerdo con el especialista, un incremento en la deuda no resultaría preocupante si estos recursos tienen como fin impulsar proyectos de inversión que estimulen la economía.
En este contexto de un posible incremento en el gasto, mantener el déficit fiscal controlado será clave para la siguiente Administración, aseguró Pedro Sánchez, director comercial de Coface América Latina.
"En la medida en que haya un déficit fiscal controlado podríamos esperar que la economía mexicana marche relativamente bien", dijo.
Sin embargo, las estrategias para conseguir recursos adicionales y financiar las promesas de campaña, entre las que se contemplan mejoras en transparencia y eficiencia en el gasto, no parecen suficientes, señaló Patricia Krause, economista de Coface América Latina.
Agregó que la transición ordenada y la posibilidad de la próxima entrada en vigor del nuevo tratado comercial han favorecido el escenario económico mexicano; sin embargo, no se estima un mayor crecimiento en 2018 y 2019.
De acuerdo con la consultora, no se prevé una disminución de la calificación del riesgo país de México en el mediano plazo, el cual se ubica en B, que implica un nivel significativo de riesgo de incumplimiento corporativo.