Agencia Reforma
2018-08-28
Ciudad de México– Los presidentes de América y México anunciaron a inicios de semana un nuevo acuerdo comercial que Donald Trump llamó “mucho mejor” que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Nos reservaremos el juicio hasta que veamos la letra pequeña, pero en la primera inspección, esto es medio TLC que contiene algunas mejoras, pero es notablemente peor en muchos sentidos, consideró el consejo editorial del diario The Wall Street Journal.
Indicó que su aprobación por parte del Congreso está lejos de ser cierto.Estados Unidos también parece haber retrocedido de su demanda de la “cláusula sunset” de cinco años que era esencialmente una puerta trasera para amortiguar la inversión transfronteriza. Las dos partes acordaron en su lugar un pacto de 16 años con un periodo de revisión después de seis años. Luego podrían extender el pacto por otros 16 años si todos están felices, o podrían renegociar áreas que se han convertido en problemas.
El periódico consideró que esto introduce una mayor incertidumbre política para los inversionistas que bajo el pacto actual, pero puede ser tolerable.
Sin embargo, el nuevo acuerdo tiene muchos problemas, y no menos importante, que excluye a Canadá. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, utilizó el deseo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de firmar un acuerdo antes de dejar el cargo para elevar la presión de negociación sobre Canadá. Trump dio a entender ayer que Ottawa firma o enfrentará un arancel del 25 por ciento sobre los automóviles fabricados en Canadá.
Canadá manejó esa amenaza con moderación prudente, elogió el “progreso” de Estados Unidos y México y ofreció reincorporarse a las conversaciones trilaterales esta semana. Trump se quejó ayer de la causa sobre la protección lechera de Canadá, pero Canadá tiene razón en querer conservar las disposiciones del Capítulo 19 del TLC que proporcionan una forma de resolver disputas comerciales por un tribunal especial.
Otro problema, uno grande, es que el acuerdo bilateral elimina las protecciones actuales de la mayoría de los inversionistas estadounidenses en México. Los inversionistas en petróleo y gas, telecomunicaciones y generación de energía conservarán lo que ahora tienen. Otros estarán protegidos sólo contra la expropiación física.