The New York Times
2016-07-29
La Ventosa, México— De noche, Juan Pineda López escucha el zumbido de una turbina de viento a 300 yardas de su casa de adobe. A veces huele el lubricante del mástil de la turbina.
Además de eso, el señor Pineda dice que el bosque de turbinas que ha surgido en la planicie del estado sureño de Oaxaca en años recientes le molesta un poco.
Y ese es el problema.
Ocho años luego de que México se unió al combate contra el cambio climático, la fiebre eólica en el Istmo de Tehuantepec ha dividido a la comunidad indígena en torno a los beneficios de la revolución verde.
Algunos inclusive rechazan los proyectos sobre energía eólica. Más de mil residentes de Juchitán de Zaragoza, una ciudad principalmente habitada por zapotecos ubicada a 20 millas de la casa de López en La Ventosa, han bloqueado los planes para construir cerca de ahí una de las granjas eólicas más grandes de América Latina.
El caso remarca a necesidad de balancear la lucha por energía limpia con las preocupaciones de las personas cuyas tierras la producen, dijo Beatriz Olivera, una ingeniero que por varios años encabezó la campaña de Green Peace por aire limpio en México.
“Queremos energía eólica, pero no a cualquier precio”, agregó.
En La Ventosa, un poblado de 4 mil residentes con vientos tan poderosos que pueden voltear una camioneta, el ‘boom’ energético ha dejado huella. Más de una docena de pequeñas constructoras que generan infraestructura a las granjas de viento han surgido en los últimos 8 años. En muchas ciudades, casas inteligentes de 2 pisos están entre edificaciones precarias.
Iberdrola, la compañía española dueña de la granja eólica atrás de la vivienda de Pineda, ha pavimentado calles y construido drenajes, parte de proyectos sociales en la región que han costado más de un millón de dólares, dijo el vocero de la empresa.
Cosme Vera, un agricultor que renta 100 acres a Iberdrola por 2 mil 900 dólares al mes, renovó su casa rural y compró aires acondicionados para las recámaras. Vera, de 69 años, dijo que su renta anual de Iberdrola fue cuatro veces más de lo que él gana cultivando sorgo. “Mi trabajo ahora es ir al banco una vez al mes y recoger el dinero”, dijo.
Sin embargo, no todos han prosperado, Las granjas eólicas crean muchos empleos durante la construcción de las mismas, pero muy pocos después de que están terminadas, según dicen expertos y residentes.
Aquellos que no son propietarios de algún terreno no obtienen renta —incluyendo Pineda, un jornalero. Su calle no está pavimentada, y su casa de dos habitaciones no tiene corriente de agua. Se ha retrasado tanto en los pagos de los recibos de la luz que el proveedor le cortó el servicio hace ocho meses.
“Creímos que todos nos beneficiaríamos, sin importar si tuvieran terrenos o no”, dijo Pineda, de 52 años.
Alza una mano imitando el viento. Los frutos de las turbinas “nada más pasan por aquí y no dejan nada”, dijo.
Las oposiciones a las granjas eólicas van más allá de un paisaje echado a perder, según los expertos. En una de las regiones más pobres de México, las granjas han empeorado aún más el estado de desigualdad.
Compañías energéticas mexicanas y extranjeras les pagaron a agentes locales de poder para traer a los propietarios abordo, de acuerdo con abogados y activistas. Sin embargo, en algunos casos, el dinero que donaron para proyectos sociales se evaporó en manos de funcionarios municipales.
“Han sido años de proyectos para la energía eólica, pero la pobreza sigue igual”, dijo Andrea Cerami, una abogada del Centro para la Ley Ambiental en la Ciudad de México.
Desde el 2004, los inversionistas han destinado nueve billones de dólares a las granjas eólicas en México, dijo Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. La capacidad energética de las granjas eólicas de Oaxaca, las cuales se ubican a 20 millas (32 kilómetros) a la redonda de La Ventosa, han producido de 160 megawatts en el 2008 a 2 mil 360 megawatts en el 2015, suficiente para dar energía a cientos de miles de familias cada año. Se proyecta que la capacidad en Oaxaca se eleve a más de 5 mil 500 megawatts para el 2018.
Tales metas se toparon con un obstáculo en octubre, luego que miembros de la comunidad indígena zapoteca en Juchitán les fue otorgado un interdicto para frenar a Energía Eólica del Sur, un consorcio que incluye al Fondo Macquarie para la Infraestructura Mexicana, parte de un banco de inversión australiano, de construir una granja eólica de 400 megawatts en territorio rural a las afueras de la ciudad.
Lucila Bettina Cruz Velázquez, una activista que se opone al proyecto, dijo que algunos habitantes temen que la granja eólica ocasione daños al ganado, a las aves migratorias y a los murciélagos, y que ellos no quieren que las turbinas pongan bajo asedio a la ciudad.
“Cambiarán el paisaje”, dijo. “Vendrán a cortar nuestros árboles. A perturbar nuestros cultivos”.
La demanda argumenta que el Gobierno no consultó al pueblo indígena de Juchitán sobre el proyecto eólico, una obligación bajo la ley de hidrocarbonos del 2014. El Gobierno quebrantó dicha ley al darle permisos a Eólica del Sur durante la consulta, la cual se comprometió a cumplir.