De qué manera México y Canadá salvaron el NAFTA

Ernesto Zedillo/The Washington Post
2018-10-11

Washington – En el mes de julio, hubiera sido imposible pronosticar cómo terminarían las pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), primero se llevó a cabo un acuerdo con México el 27 de agosto, y luego con Canadá el 30 de septiembre.
Prácticamente hasta esas fechas, Estados Unidos había hecho demandas estrafalarias, y aunque probablemente nunca sepamos qué los motivó para dejar a un lado sus recalcitrantes posturas, lo importante es que lo hicieron.
México y Canadá no cedieron a las pretensiones del gobierno de Estados Unidos y preservaron la mayoría de las cláusulas importantes del antiguo tratado mientras que Estados Unidos dio marcha atrás.
Muchas de las demandas de los representantes comerciales estadounidenses fueron tan poco razonables que le dieron credibilidad a la idea de que lo que realmente quería el gobierno de Estados Unidos era conseguir un trato que, lejos de promover podría destruir el comercio y la inversión entre sus socios del NAFTA.
Aunque en repetidas ocasiones los negociadores mexicanos y canadienses expresaron firme y creíblemente que mejor aceptarían el retiro unilateral de Estados Unidos del NAFTA que firmar un acuerdo que pudiera tener la misma consecuencia práctica.
Tomemos por ejemplo la insistencia de la Cláusula Sunset que podría dar por terminado automáticamente el nuevo tratado cada cinco años a menos que los tres gobiernos llegaran a un acuerdo sobre lo contrario.
Se trataba de una cláusula que podría haber eliminado la certidumbre para los inversionistas que se supone que esos acuerdos deben proporcionar.
En su lugar, los negociadores establecieron una fórmula complicada, pero que por lo menos evita la muerte súbita del acuerdo y hace que tenga una vida más amplia.
Los negociadores estadounidenses demandaban hacer opcional para Estados Unidos el proceso de acuerdos de disputas entre inversionistas y el Estado en el NAFTA, un importante mecanismo para proteger a las inversiones estadounidenses en México.
Esa demanda fue rechazada por México, de acuerdo a una base sensible de que es importante darles seguridad a los inversionistas extranjeros de que no estarán sujetos a acciones discriminatorias o arbitrarias si deciden invertir en el país.
Al invertir en México, las empresas estadounidenses, además de realizar parte del proceso de fabricación a un costo menor para ser más competitivos no sólo en toda la región sino también globalmente, les permite preservar y mejorar las oportunidades laborales para sus trabajadores estadounidenses.
Consecuentemente, es bueno para los dos países que el mecanismo para proteger la inversión estadounidense en México fuera preservada a pesar de las intenciones declaradas originalmente por los negociadores de Estados Unidos.
De la misma manera, Estados Unidos trató de eliminar el procedimiento de resolución de disputas que protege a los exportadores contra una aplicación injusta de las leyes domésticas como el antidumping y antisubsidio de impuestos.
Eso fue un factor no negociable para Canadá, en donde existe la sensación de que Estados Unidos ha abusado en el pasado de la aplicación de tales medidas en contra de los exportadores canadienses.
La perseverancia de Canadá dio resultado y sus exportadores tendrán el recurso de aplicar el sistema de acuerdo de disputas como está especificado en el NAFTA.
Los negociadores de Estados Unidos también insistieron mucho para que México aceptara un mecanismo especial por el cual Estados Unidos podría aplicar fácilmente unas tarifas estacionales sobre las exportaciones mexicanas de frutas y vegetales.
México no accedió a la inclusión de ese mecanismo, y al final, el nuevo acuerdo no lo contendrá – para beneficio tanto de los consumidores estadounidenses como de los productores mexicanos.
La única y significativa demanda de Estados Unidos que México y Canadá aceptaron fue en el sector automotriz, en donde serán adoptadas unas reglas de origen más restrictivas y engorrosas.
Por ejemplo, se acordó que el 75 por ciento de cualquier auto o camioneta que sea fabricado contendrán componentes de Estados Unidos para poder calificar para las importaciones libres de aranceles, hasta por el nivel actual del 62.5 por ciento.
Sin embargo, el 70 por ciento del acero y aluminio utilizados en ese sector tendrán que ser producidos en Estados Unidos, y el 40 por ciento de un auto o camioneta tendrá que ser fabricado por trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares la hora, una medida obviamente calculada para causar impacto en la ventaja competitiva de México.
Afortunadamente, los destructivos efectos de las nuevas reglas de origen para el comercio e inversión pudieron ser mitigadas, por lo menos en el caso de los autos, con la provisión de que los vehículos que no cumplan con esas reglas podrían pagar simplemente una tarifa baja y muy favorecida del 2.5 por ciento, siempre y cuando las exportaciones no excedan un número razonable y acordado de vehículos.
Eso significa que la postura difícil e inicial de Estados Unidos sobre los autos se suavizó afortunadamente.
Sin embargo, otras cosas quedarán igual, es claro que el nuevo régimen reducirá tanto la competitividad regional como la global de la industria automotriz estadounidense, un resultado que no será bueno para los trabajadores estadounidenses, canadienses ni mexicanos.
Otras cosas que no serán iguales son en el caso de que el gobierno de Estados Unidos decida imponer tarifas, como ha amenazado con hacerlo, sobre vehículos producidos por empresas europeas o asiáticas.
Si el gobierno de Estados Unidos impone esos aranceles, la carga del nuevo régimen podría ser desproporcionada para el consumidor estadounidense.
Como se supo desde el primer día, el acuerdo comercial estaría sujeto a una actualización sobre una serie de temas como el comercio digital, los derechos a la propiedad intelectual, políticas ambientales y prácticas laborales.
Lo que es interesante es que las nuevas provisiones realmente son simplemente una copia de lo que contenía la Sociedad Transpacífico, que fue descartada desde el inicio de la administración Trump, una decisión muy dañina para los intereses estadounidenses que siempre será un misterio para los historiadores económicos y políticos.
Finalmente, el cambiarle de nombre al NAFTA y convertirlo en USMCA, que es una abreviatura del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá – y que fue nombrado de esa manera para colocar a Estados Unidos primero – podría no merecer más comentarios si el nuevo acrónimo no fuera gracioso cuando es traducido al español. Se leería EUMCA.
Si tomamos en cuenta que el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, entonces, el EUMCA podría ser interpretado como el acuerdo entre México y Canadá, lo cual impediría que el presidente Trump pudiera destruir el NAFTA.
Al final de cuentas, México y Canadá fueron los que ganaron esa difícil batalla para preservar la mayoría del acuerdo comercial original.

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