El problema de la deuda estudiantil es peor de lo que imaginamos

Ben Miller/The New York Times
2018-09-02

Nueva York – Millones de estudiantes llegarán a los campus universitarios pronto, y compartirán una carga similar: deuda universitaria. El prestatario estudiantil típico sacará 6 mil 600 dólares en un solo año, con un promedio de 22 mil dólares en deuda por graduación, de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.
Hay dos maneras de medir si los prestatarios pueden devolver esos préstamos: el gobierno federal tiene en cuenta lo que se juzga para juzgar a las universidades, y luego está la historia real. El último está saliendo a la luz, y no es bonito.

Considere las estadísticas oficiales: de los prestatarios que comenzaron a pagar en 2012, algo más del 10 por ciento había incumplido tres años más tarde. Eso no es tan malo, pero no es toda la historia. Los datos federales nunca antes publicados muestran que la tasa de incumplimiento continuó subiendo al 16 por ciento en los próximos dos años, luego de que finalizó el seguimiento oficial, lo que significa que más de 841 mil prestadores estaban en incumplimiento. Casi la mayoría eran severamente delincuentes o no estaban pagando sus préstamos (por razones además de volver a la escuela o estar en el ejército). La proporción de estudiantes que enfrentaron luchas serias aumentó a 30 por ciento en total.
Colectivamente, estos prestatarios debían más de 23 billones de dólares, incluidos más de 9 billones en incumplimiento. A nivel nacional, esos son resultados a nivel de crisis, y revelan cómo las universidades se están beneficiando de miles de millones en ayuda financiera, mientras que los estudiantes se quedan con deudas que no pueden pagar. Recientemente, el Departamento de Educación proporcionó esta nueva información en más de 5 mil escuelas en todo el país en respuesta a mi solicitud de la Ley de Libertad de Información. Los nuevos datos dejan en claro que el gobierno federal pasa por alto las señales de alerta temprana al centrarse únicamente en las tasas de impago en los primeros tres años de amortización. Ese es el período de tiempo que el Congreso requiere que el Departamento de Educación use al calcular las tasas de incumplimiento. En ese momento, alrededor de una cuarta parte de la cohorte (o casi 1.3 millones de prestatarios) no estaban en mora, pero estaban severamente en mora o no estaban pagando sus préstamos. Dos años después, muchos de estos prestatarios aún no pagaban o habían incumplido. Cerca de 280 mil prestadores incumplieron entre los años tres y cinco. Las leyes federales que intentan mantener a las escuelas responsables no están haciendo lo suficiente para detener los problemas de préstamos. La ley exige que todas las universidades que participen en el programa de préstamos estudiantiles mantengan su parte de prestatarios cuyo incumplimiento sea inferior al 30 por ciento durante tres años consecutivos o al 40 por ciento en un solo año. Podemos considerar que cualquier cantidad superior al 30 por ciento es una tasa de incumplimiento "alta". Eso es un bar bajo Entre el grupo que comenzó a pagar en 2012, solo 93 de sus universidades tenían altas tasas de incumplimiento después de tres años y 15 estaban en riesgo inmediato de perder el acceso a la ayuda. Dos años más tarde, después de que el Departamento de Educación detuviera el seguimiento de los resultados, 636 escuelas tenían altas tasas de incumplimiento.
Las instituciones con fines de lucro tienen resultados particularmente terribles. A los cinco años del pago, el 44 por ciento de los prestatarios en estas escuelas enfrentaron algún tipo de problema de préstamos, incluido el 25 por ciento que incumplió. La mayoría de los estudiantes que incumplieron el pago de entre tres y cinco años asistieron a una universidad con fines de lucro.

¿El secreto para evitar la responsabilidad? Las universidades están presionando agresivamente a los prestatarios para que utilicen las opciones de pago conocidas como aplazamientos o abstenciones que les permiten a los prestatarios detener sus pagos sin entrar en delincuencia o incumplimiento. Casi el 20 por ciento de los prestatarios en las escuelas que tenían altas tasas de incumplimiento en el año cinco pero no en el año tres usaban una de estas opciones de pausa de pago.
El gobierno federal no puede hacer la vista gorda mientras que casi un tercio de los prestatarios estudiantiles tienen dificultades. Afortunadamente, los esfuerzos para reescribir las leyes federales de educación superior presentan una oportunidad para abordar estas deficiencias. Esto debería incluir la pérdida de ayuda federal si los prestatarios no están cancelando sus préstamos, incluso si no incurren en incumplimiento. El rendimiento del préstamo también debe rastrearse durante al menos cinco años en lugar de tres.

El gobierno federal, los estados y las instituciones también necesitan hacer inversiones significativas en la asequibilidad de la universidad para reducir el número de estudiantes que necesitan un préstamo en primer lugar. Demasiados prestatarios y morosos son estudiantes de bajos ingresos, las mismas personas que recibirían solo subsidios bajo un sistema racional de financiamiento universitario. Obligar a estos estudiantes a pedir prestado ha convertido una de las mejores inversiones de Estados Unidos en movilidad socioeconómica, la universidad, en una trampa de la deuda para muchos.


 

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