La separación de familias "conmociona la conciencia"

Editorial/The Washington Post
2018-06-27

Washington— Un juez federal, al examinar los despojos emocionales, administrativos y logísticos de la política de inmigración de "cero tolerancia" de la administración Trump, que ha destrozado familias mientras traumatizaba a padres e hijos, llegó el martes a la misma conclusión alcanzada por millones de estadounidenses que presenciaron el caos: ya basta.

En lenguaje sencillo, el juez de distrito Dana Sabraw dictaminó que ya se cumplió el tiempo para la incompetencia y la crueldad fortuita que ha caracterizado la práctica desordenada de la administración de separar a las familias sin formular procedimientos para reunificarlas, incluso cuando se presentan legalmente en un puerto de entrada y con un caso creíble de asilo. El que más de 2 mil menores, incluidos niños pequeños que apenas comienzan a caminar, permanezcan separados de sus padres es una ofensa no solo contra la garantía constitucional de ser sujetos a un debido proceso legal, sino también va en contra de los valores fundamentales de los Estados Unidos.
"Somos un país de leyes y de compasión", escribió Sabraw, quien fue designado por el presidente George W. Bush. Ordenó que las familias inmigrantes de ahora en adelante sean detenidas juntas y liberadas juntas. Los padres que permanecen separados de sus hijos deben reunirse con ellos dentro de 30 días o, en el caso de niños menores de 5 años, dentro de las dos semanas. Esa orden sensata debería ayudar a enfocar la atención de una administración que, a pesar de que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de hace una semana puso fin temporalmente a la separación familiar, ha parecido desconcertada por la tarea de reunir a los niños ya separados de sus padres.
La decisión desautorizó directamente la ficción, difundida por el Fiscal General Jeff Sessions y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, de que la separación de los niños inmigrantes de sus padres es similar a los procedimientos que se aplican cuando los ciudadanos estadounidenses cometen delitos. Por el contrario, el tribunal explicó: Si bien los menores que son ciudadanos estadounidenses pueden ser atendidos por una serie de agencias de servicios sociales, por no mencionar a sus parientes, los niños inmigrantes arrebatados a sus padres quedan en manos de una burocracia que no está diseñada ni equipada para cuidarlos.
El indignante resultado ha estado a la vista de todos en los últimos días y semanas: niños ubicados a cientos o miles de millas de sus padres, sin procedimientos establecidos para que se comuniquen entre ellos, o para que coordinen sus casos de inmigración o asilo, rastreen el paradero del otro, o puedan ser reunidos: en algunos casos, el padre o hijo ha sido deportado sin el conocimiento del otro. Todo eso, dijo Sabraw, es una desviación de la "gestión pública medida y ordenada", aspecto fundamental de las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución.
"La desafortunada realidad es que bajo el sistema actual los niños migrantes no son contabilizados con la misma eficiencia y exactitud que si fueran una bienes tangibles", escribió el juez, señalando que a los inmigrantes se les dan recibos de bienes confiscados o efectivo, pero existen recibos para un niño que llora y que fue enviado a quién sabe dónde.
La orden del juez no es necesariamente la última palabra. La administración puede apelar la orden, buscando retener su opción de implementar la crueldad como un método de disuasión para la futura inmigración no autorizada.
La característica constante de tal política, junto con su implementación caótica, es, como remarcó el juez, que "conmociona la conciencia". Ese es un estándar legal; también es una medida del sentido común y de lo que la mayoría de los estadounidenses considera tolerable. En lo que corresponde a dividir y traumatizar a padres e hijos, ese umbral se ha cruzado.

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