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Es hora de frenar estafas contra adultos mayores

Bloomberg News | Miércoles 10 Enero 2018 | 00:01:00 hrs

En el 2006, Philip Marshall tuvo que tomar una decisión crítica: delatar a su padre por explotar a la abuela de Philip o no hacer nada. La decisión de Philip de actuar le reveló al mundo lo que sigue siendo quizás el caso de abuso a una persona mayor más notorio del país. Finalmente, Anthony Marshall fue condenado por defraudar a su madre, la filántropa Brooke Astor.

Si bien las sumas millonarias involucradas en el caso Astor eran inusuales, desafortunadamente el abuso financiero de ancianos no lo es. Un mayor intercambio de datos entre las instituciones financieras, junto con salvaguardas específicas contra el fraude financiero, podría eliminar este tipo de explotación de nuestros ciudadanos más vulnerables.

A medida que los estadounidenses viven más tiempo, más y más experimentarán deterioro cognitivo que los pone en riesgo de abuso financiero. Tenga en cuenta que para 2030, el 20 por ciento de la población tendrá al menos 65 años. Alrededor del 12 por ciento de las personas tienen deterioro cognitivo leve o demencia cuando tienen entre 70 y 74 años, y entre las personas de 85 años o más, el 64 por ciento lo hace.

Las personas afectadas de sus facultades se enfrentan a merced no solo de extraños, sino de sus propias familias.

La explotación incluye cobrar los cheques de alguien sin permiso, falsificar firmas, o usar indebidamente la autoridad de curaduría, tutela o poder notarial.

El fraude implica esfuerzos para engañar a alguien con promesas de bienes, servicios o beneficios financieros que ni siquiera pueden existir. Las estimaciones del alcance de dicho abuso en EU varían ampliamente, de 3 billones a 36 billones de dólares al año, pero cualquiera que sea el total actual, el problema crecerá a menos que se tomen medidas.

Los bancos y otras instituciones financieras pueden ayudar a prevenir los delitos financieros contra los ancianos en todos los niveles de riqueza e ingresos, comenzando por crear conciencia sobre el problema dentro de sus propios muros. Deben alentar a sus clientes a planificar una capacidad disminuida potencial designando uno o más contactos de emergencia de confianza, asegurando un poder para las finanzas y consultando a un gerente financiero.

Las instituciones financieras pueden proporcionar acceso de solo lectura a las cuentas de depósito para permitir que los contactos de confianza de las personas o los gerentes financieros monitoreen la actividad y detecten cualquier cosa inapropiada. Los bancos también deben tener el hábito de informar sobre actividades sospechosas a la Red de Delitos Financieros. Y deberían ayudar a los servicios locales de protección de adultos y a las fuerzas del orden público a investigar y enjuiciar a los responsables de las fechorías.

Cuando se sospecha fraude o explotación financiera, los bancos y otras instituciones pueden compartir la información personal de un cliente con investigadores federales, estatales y locales y seguir cumpliendo con las leyes de privacidad, de acuerdo con los lineamientos emitidos por los reguladores bancarios y de valores en 2013. Alrededor de eso al mismo tiempo, se agregó una casilla de verificación para la explotación financiera de personas mayores a un sistema federal de notificación de delitos financieros que vincula a las instituciones financieras con los investigadores. (La Reserva Federal de Filadelfia estableció recientemente el Consumer Finance Institute, que continuará investigando el abuso financiero de ancianos).

Sin embargo, todavía se necesitan normas aclaratorias para alentar y facilitar el intercambio de información entre los propios bancos. Los legisladores en el Congreso y las legislaturas estatales deberían otorgar a las instituciones financieras permisos específicos para retrasar las transacciones y reportar actividades sospechosas a otras instituciones. También deben exigir que todas las instancias de fraude financiero y abuso sean reportadas a una base de datos nacional.

Esto ayudaría al gobierno federal a medir el alcance y la gravedad del abuso financiero de los ancianos y así fortalecer el esfuerzo urgente a nivel nacional para ponerle fin.


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