Jesús Antonio Camarillo
Académico
Me agrada ver a la legisladora chihuahuense Bertha Caraveo Camarena subirse a la tribuna del Senado para presentar un proyecto de decreto, o simplemente para sostener algún punto de la agenda legislativa. Tengo el gusto de conocerla desde hace varios años y no tengo la menor duda de que es una mujer de convicciones. Además, no es tan usual ver a un legislador, emanado de nuestra entidad, plantarse ante el Pleno de la Cámara alta.
El jueves, la senadora Caraveo y el senador Ricardo Monreal Ávila presentaron una iniciativa por medio de la cual se buscan adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito con el objetivo de limitar el excesivo cobro de comisiones bancarias sobre diversos conceptos.
No se necesita ser un experto en la temática bancaria para identificar la motivación general de la propuesta legislativa: lograr que la relación entre los usuarios y la banca mexicana sea más justa e igualitaria. Aquí la noción de una “justicia bancaria” no tiene que ver con enunciados generales que se aproximen a una idea abstracta de la misma. Simplemente la justicia se materializa en la pretensión de que las instituciones bancarias dejen de excederse en el cobro de operaciones y situaciones que constituyen auténticas burbujitas de especulación financiera. Burbujitas que aunque parezcan minucias, en realidad constituyen parcelas paradisiacas del excelente trato económico que la banca recibe en México a diferencia de otros países.
En este país, según el propio diagnóstico que hace la bancada legislativa de la cual procede la maestra Caraveo, casi un tercio de los ingresos de los bancos mexicanos proviene del cobro de comisiones. Muy alejada de las cifras de la gran mayoría de los países del mundo entero. Siendo que además, la “comisionitis” de los bancos es omnipresente. Prácticamente no hay operación en la que algún cargo se haga efectivo, en detrimento, sobre todo, de los que menos tienen.
Por supuesto, habría que examinar detenidamente cada rubro, y eso habrán de hacer los canales deliberativos competentes, pero algunos de los más conocidos y con los que el pueblo tiene que lidiar parecería que no tienen razón de existir, salvo por la alevosía y voracidad financiera. Muy familiares resultan para el “cliente” de la banca los relativos, por ejemplo, al mantenimiento de saldo mínimo para exentar el cobro de manejo de cuenta o la simple “membresía”. O el cobro de la transferencia a otros bancos, inclusive cuando la operación no sea exitosa. Igualmente la reposición de la tarjeta por robo o extravío. O la emisión del estado de cuenta adicional o la impresión del mismo. Asimismo, tal vez sea el momento de mencionar la que quizá sea algo así como la joya de la corona: la consulta de saldo y retiro en efectivo en cajeros automáticos del mismo banco.
Esas comisiones son más caras en México que en otros países y son totalmente desproporcionadas, en su precio, con relación al acto material que el usuario y la banca despliegan. Desde hace mucho tiempo alguien tenía que tomar cartas en el asunto, pero el Banco de México ha sido históricamente omiso en la materia. Ahora, que los senadores Monreal y Caraveo someten el punto a la discusión legislativa, habrá tiempo para razonar cada una de las medidas propuestas. Medidas que, intuitivamente, parecen ser las correctas y más apegadas a iniciar el aminoramiento de la brecha que existe entre las prerrogativas y derechos de la banca y los de sus usuarios.
Por supuesto, no se pasa por alto el “nerviosismo” de los mercados y la “caída” de la Bolsa, pero esos nervios y esa baja suenan a estas alturas del partido sumamente frívolos, sobre todo cuando se contrastan con el menoscabo y la desprotección en la que desde hace décadas está la persona que tiene la necesidad de acercarse al banco.