Luis Javier Valero Flores
Analista
El desmentido a las declaraciones del gobernador Javier Corral vino de una fuente inobjetable para él:
“El Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) revirtió 150 despidos de personal que trabaja en los hospitales, luego de los problemas que se han suscitado en la prestación del servicio. A raíz de que fueron publicadas fotografías de médicos limpiando camas en el Hospital Central el secretario de Salud Enrique Grajeda, sostuvo una reunión con la dirigente del Sindicato de Ichisal, Sofía Calzadilla, y se acordó que 150 personas que fueron despedidas puedan regresar a sus puestos de trabajo en las próximas horas”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua, 18 de octubre de 2018).
Y es que el mismo día el gobernador Javier Corral había negado que se hubiesen tocado “áreas sensibles” en la ola de despidos de empleados del Gobierno del Estado. “Nosotros no vamos a despedir a ninguna enfermera, a ningún médico, a ninguno que ocupe un puesto sustantivo”. (Nota de Orlando Chávez, 18 de octubre de 2018).
La clasificación del gobernante de esas áreas, al parecer, es errónea, pues en el hospital de Cuauhtémoc los médicos y enfermeras debieron hacer trabajos de limpieza y de preparación de comidas, ante la decisión de despedir a varios empleados que desarrollaban tales servicios, fundamentales para el funcionamiento de las unidades médicas y en el Hospital Infantil de Chihuahua escasearon los médicos especialistas el viernes.
Es incuestionable que el Gobierno de Chihuahua deba disminuir sus gastos, la situación financiera es de verdadera emergencia, el endeudamiento dejado por el gobierno de César Duarte fue al límite, cuyas consecuencias ahora pagan los chihuahuenses.
Se usaron millonarias cifras para costear el gasto corriente –preferentemente–, una buena parte, quizá la mayor, en las áreas de salud, educación y seguridad pública, sin que existieran los ingresos necesarios para solventarlo y recurrieron al expediente del endeudamiento.
Ese déficit era –es– del orden de los 5 mil millones de pesos y las vías para enfrentarlo estaban –están– agotadas, de ahí que el Gobierno de Javier Corral estaba obligado, al asumir el poder, a realizar una muy escrupulosa tarea financiera, para la que no contarían con el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre esas acciones, además del recorte del personal no necesario, de los trabajadores de base, debieron incluir un adecuado diagnóstico de los puestos de los primeros niveles y sus salarios, para ajustarlos a la baja, además de una drástica reducción de todos los gastos, y la eliminación de los suntuarios.
En lugar de lo anterior, aunque sí hubo despidos de personal, la realidad es que, en muchos casos, los despidos fueron acompañados de nuevas contrataciones y, por añadidura, con la creación de nuevas dependencias.
Por ningún lado apareció la disminución de salarios de los funcionarios de los primeros niveles. Y el mejor ejemplo de ello es que Javier Corral gana 39 por ciento más que César Duarte, casi 50 mil pesos mensuales más.
Los primeros meses del gobierno del amanecer fueron de escándalo. No se daba crédito al fenómeno que ocurría frente a los ojos de los chihuahuenses: de repente le brotaron capacidades, preparación e historial, además de unas enormes ganas de “servir” en la administración pública, a infinidad de esposas, hermanas, primos, primas, etc. de muchos funcionarios de los primeros niveles, que aparecieron en toda la estructura del Gobierno de Chihuahua.
Estábamos frente a una nueva versión del nepotismo, el encubierto.
Yo no la nombré, fue el argumento recurrente; no depende de mí; está en una área ajena a la del Poder Ejecutivo; ese nombramiento no encuadra en la figura del nepotismo, argumentos usados para justificar lo que fue un verdadero tsunami de los panistas sobre el gobierno.
No hubo nada de las medidas adecuadas pero sí un increíble número de conflictos de distintos sectores de trabajadores de las dependencias estatales: maestros de educación básica; de la educación media y media superior; agentes estatales; personal de la Fiscalía, de los penales; de los hospitales.
Todos bajo un denominador común, la falta de pagos, o de prestaciones en distintos momentos.
Nada de eso coincide con la frase del gobernador Corral de trabajar para “los que menos tienen, los que menos pueden y menos saben”, actitud que, al empezar a conocer a detalle el perfil de muchos de los despedidos, cae estrepitosamente.
¿Con qué calidad moral se presiona a un trabajador, a punto de la jubilación, a que la acelere?
¿Con qué argumentos “humanistas” se presiona a los trabajadores más vulnerables de la administración estatal a que firmen su renuncia, en lugar de despedirlos de acuerdo con lo establecido en la ley?
¿Cómo justificar el despido de una persona con más de 10 años de antigüedad con sumas insultantes?
¿Cómo compaginar esta medida con las no pocas exhibiciones del despilfarro gubernamental, como la privada fiesta del 15 de septiembre, (en la que se gastaron casi ocho millones de pesos) o los distintos “encuentros” organizados por el gobernador Corral, además de las cuestionables sumas empleadas en la televisión local, en la impresión del semanario “Cambio 16”, o los gastos que algunos de los funcionarios del primer círculo derrochan; o los viajes a París hasta por 19 días de la secretaria de la Cultura ?
¿Cómo compaginar el despido de cientos de empleados, con la creación de una dependencia, la Coordinación del Gabinete, cuyos gastos rebasan los 30 millones de pesos al año; o con los eventos, como el más reciente, el “Encuentro Anticorrupción”, cuya celebración pudo hacerse en la Ciudad de México –con el consiguiente ahorro– en virtud de que la sociedad chihuahuense estuvo ausente, tanto en las exposiciones, o como asistente, con un costo que rebasó los 4 millones de pesos?
Los casos anteriores son solamente ejemplos de la enorme gama de actos, eventos, plazas, programas que pudieron evitarse con el objetivo de disminuir, de verdad, el gasto ordinario del Gobierno de Chihuahua, pero todo eso debía contar con la voluntad, auténtica, del grupo gobernante.
No existió y ya entrado en la segunda mitad de su gobierno, Javier Corral no parece que emprenderá ese camino, menos si, como se rumora, a juzgar por la ruta de sus acciones en el cultivo de las élites de la Ciudad de México, así como el de los medios de comunicación del centro del país, aspira a la candidatura presidencial en el muy lejano 2024.
Y si la medida es de por sí altamente reprobable, al momento de analizar a detalle saltan hechos verdaderamente deleznables que refutan el carácter “humanista” de quien gobierna a los chihuahuenses.
No de otra manera se puede catalogar el despido de Carlos García Chávez, hermano de Jaime, el líder de Unión Ciudadana, quien fungía como supervisor en la Secretaría de Hacienda, con cerca de los 30 años de trabajo y a quien, al momento del despido les alcanzó para espetarle: “Y no creas que es por tu hermano”. No, ¿cómo crees?
Interrogado Corral, además de negar que se tocaran “áreas sensibles”, develó ser el autor de la estrategia consistente en darle “prioridad a que se concreten jubilaciones, para reducir la nómina”. (Ibídem).
Además, refutó a la realidad al declarar que “el recorte que se está realizando es sólo en personal de confianza en áreas administrativas…”, para luego alcanzar cumbres muy altas en los recursos demagógicos al afirmar que la política de despidos en su gobierno “cumple con la política de reducción de personal y austeridad que ha planteado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”. (Ibídem).
¡Híjole, no hay medida!
Corral enfatizó en que les estaban dando “la alternativa a quienes ya estaban por jubilarse o que ya estaban jubilados”, además de darles “la opción de salir a quienes han expresado su deseo de hacerlo”. (Ibídem).
Ahí están, en unas cuantas líneas la estrategia de los despidos, expresadas por el máximo responsable de ellas quien, ante los múltiples casos de presuntas corruptelas, ha defendido a sus subordinados, tratando de esa manera de desvirtuar lo que es una realidad, la de que las finanzas estatales caen a pedazos y las consecuencias se empiezan a apreciar en la baja en los índices de salud y de educación y de los cada vez más elevados índices delictivos.
Y ahora nos aclara que, cuando prometió que no despediría a nadie, se refería a los trabajadores sindicalizados, por eso lanzan a la calle a quienes no tenían base, sólo contratos temporales, que no acumularon antigüedad, no sindicalizados –es decir, sin protección alguna– y que no eran, por supuesto, los empleados de confianza. De ese modo, no se malquistó con la burocracia sindical.
Adioses Inconstitucionales. -¡Qué manera tan lamentable de terminar su gestión los consejeros electorales! Se despiden sirviéndose con la cuchara grande, con milenarios bonos por “término de gestión”, cometiendo una flagrante violación a la ley.
La obtención de esos bonos está prohibida en la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado de Chihuahua (Art. 23, Frac. XXI) y en la de Presupuesto del Gobierno de Chihuahua (Art. 61).
No pueden alegar nada, se comprometieron a respetar la ley y hacerla respetar, hoy se van con el descrédito y la crítica de una sociedad que apenas asimila los despidos de centenares de empleados del gobierno, en tanto, la élite gana salarios de insulto.
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