Carlos Murillo
Abogado
En los últimos días se han presentado ataques a la Policía Estatal y Municipal, esta lamentable situación tiene algunas similitudes con la guerra contra el narcotráfico que emprendió el –entonces– presidente Felipe Calderón y que tuvo su momento más violento durante el período 2008-2010. Es evidente que estamos frente a lo que podría ser la continuación o la segunda parte de la guerra contra el narcotráfico.
En aquella ocasión, según los politólogos, la declaratoria de guerra tenía la intención de legitimar al Gobierno de Calderón que venía arrastrando los estertores de una polémica elección en 2006; recientemente Roberto Madrazo, candidato del PRI, aceptó que López Obrador había ganado en las actas que tenía su partido, lo que robustece la versión de un fraude electoral.
Según esta versión, la guerra contra el narcotráfico fue una inmensa cortina de humo que, al final, no sirvió para legitimar a Calderón quien, al contrario, pasó a la historia como el presidente del Estado fallido y perdió todas las batallas de la guerra, sólo ganó una –quizá la más importante–, porque gracias a la guerra la gente olvidó el fraude electoral del 2006.
Los expertos en seguridad coinciden en que hay una conexión entre la vida política del país y la geopolítica del crimen organizado, el caso de Calderón es un buen ejemplo. En ese sentido, es importante revisar el momento que estamos viviendo como marco de referencia para el análisis de la violencia.
Actualmente, el Gobierno federal vive su momento más débil del sexenio. Tiempos traen tiempos. Hoy es un escenario muy distinto al 2012, cuando Enrique Peña Nieto llegó con una alta legitimidad a la Presidencia, tanto así que pudo sacar adelante las reformas estructurales a través del famoso Pacto por México en el que, irónicamente, tendría carta abierta gracias a una negociación que fue estigmatizada y convertida en el Santo Grial de López Obrador, por ser la prueba principal de la existencia del PRIAN y de la mafia del poder.
Hoy Peña Nieto no es ni la sombra de lo que fue al inicio de su administración. En las últimas elecciones, el PRI ganó siete distritos federales y una Senaduría por el voto directo, el resto de la representación es plurinominal y representa la quinta fuerza en el Congreso, el debilitamiento del PRI parece irreversible, esos resultados llevan a la conclusión de que Peña Nieto fue el gran perdedor de las elecciones de 2018. Así, la administración federal cierra un ciclo en agonía, los últimos días de la transición –aparentemente tersa–, son en realidad una lucha diaria por sostenerse y en eso se han consumido las últimas gotas del poder en el ocaso del viejo régimen.
Esa debilidad del Gobierno federal y la desarticulación de los gobiernos locales son factores que no pueden separarse de la guerra manifiesta entre los grupos del crimen organizado y las corporaciones policiacas, puesto que existe la percepción generalizada de una transición inestable, con un bajo nivel de gobernabilidad.
No hace falta citar a los empresarios, ni la nueva oposición, la realidad que vivimos es que hay incertidumbre política y esto se ve reflejado en la economía. En un primer momento, los inversionistas detuvieron los proyectos en nuestro país hasta saber quién gobernaría México, en un segundo momento están esperando a que comience el nuevo Gobierno, pues no hay certidumbre en lo que sucederá después del 1 de diciembre, mucho menos con un discurso lleno de contradicciones, donde, por un lado se tienen proyectos como el aeropuerto de la CDMX, que cuenta con una planeación técnica minuciosa desde hace más de cuatro años y ahora el futuro gabinete federal lo ha puesto en duda y, al mismo tiempo, en un par de meses ya está en marcha el Tren Maya sin cumplir con los mínimos estándares técnicos, evidenciando un doble estándar en las decisiones más importantes.
Esa incertidumbre también se ve reflejada en la seguridad pública, donde no hay todavía un camino claro para el siguiente sexenio y el plan actual se ha reducido a su mínima expresión por el debilitamiento de las instituciones. A río revuelto, hay una percepción de incertidumbre que muestra el lado más vulnerable del Estado.
En la guerra de Calderón aprendimos a ver más allá de los hechos violentos y tratar de descubrir el trasfondo para no quedarse solamente con las apariencias. Entre los juarenses hay toda una generación de veteranos, policías, peritos, médicos, periodistas, que son expertos en el caos. Lamentablemente, del otro lado, en los grupos criminales, también hay veteranos; quienes lograron sobrevivir en el enfrentamiento y que ahora son mandos que organizan ataques.
En la misma lógica, los sobrevivientes, principalmente las víctimas, también cuentan su versión de lo que pasó, cientos de empresarios fueron extorsionados, secuestrados y asesinados. Miles de jóvenes ejecutados en las calles, la mayoría excluidos de investigación porque se deducía que andaban mal, otros, los menos, no quedaba más que llamarlos daño colateral.
Y miles de víctimas indirectas por toda la ciudad, padres, hijos y familiares de jóvenes asesinados, la gran mayoría aceptó la realidad como una penitencia divina y junto a los cuerpos sepultaron también la historia, el reclamo como acto social queda descartado, únicamente el luto personal y silencioso para evitar las etiquetas sociales.
En este escenario, con una sociedad todavía dolida por la primera guerra y con las secuelas de una crisis social e institucional, comienza esta nueva etapa de agresiones a las corporaciones policiacas, tanto estatales como municipales.
El conflicto, aparentemente, dejó de ser un pleito entre pandillas, como lo había anunciado la autoridad estatal, para ser una provocación evidente contra las corporaciones policiacas, un reto contra el Estado.
Las enseñanzas del pasado recuperadas en la memoria de los veteranos y las víctimas, deben ser ahora la primera referencia para emprender cualquier plan. No es posible querer comenzar de cero, como si nada hubiera pasado hace diez años (cuando la guerra contra el narcotráfico).
Desde aquel entonces, muchas acciones del Gobierno tuvieron éxito y otras tantas fracasaron en la implementación, hoy tenemos un registro de algunos datos gracias instancias como el Ficosec y la Mesa de Seguridad y Justicia que, aunque no son suficientes, sí son un referente importante para reorganizar al Gobierno y a la ciudadanía porque la seguridad es asunto de todos.
Hace un poco más de un año, la Mesa de Seguridad y Justicia advirtió que la tendencia de los homicidios dolosos no era fortuita y que era consistente el crecimiento, la gráfica que presentaron era contundente, desde entonces sabemos que algo está mal y que, de nuevo, estamos sentados sobre una bomba de tiempo.
Por las agresiones a los policías, hoy sabemos a qué se referían, pero no podemos permitir que la seguridad se nos escape de las manos, es momento de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin prejuicios, ni colores, aceptando sus fortalezas y debilidades pongan en práctica lo aprendido de los errores y aciertos del pasado, para salir de esta crisis que cada vez es más preocupante.