Duro de corazón y hasta de mal gusto

LA COLUMNA
de El Diario
2018-10-19

• Duro de corazón y hasta de mal gusto

• La crítica de un apellido que pesa, Kalisch

• Borran vestigios del ‘Chihuahua Vive’

• Desoyeron no robar en Instituto Electoral

Habrá que ser muy duro de corazón o de plano perder un tornillo. Gastar casi cuatro millones de pesos en pavos para la burocracia y los regalos de incondicionales, con motivo de las fiestas decembrinas, es a todas luces una medida no sólo inadecuada, sino de muy mal gusto.
Más aún cuando hay supuestas medidas de austeridad para justificar políticamente el ataque a enemigos políticos y despido de personal para sustitución de plantilla de color azul. No hay obra, educación por los suelos, los policías bajo su mando piden asilo ante la falta de apoyo. Hay un auténtico apocalipsis sobre el Estado, y los gobernantes piensan en pavos, mientras inauguran obra de poca monta como ocurrió en Ojinaga a costillas de empresas concesionarias.
Pero no hay que perder la capacidad de asombro. También piensa el gobernador en un viñedo. Sí, un viñedo con fines demostrativos, para promover el consumo de vino de mesa. Para ello invertirá 1.5 millones de pesos, cantidad que a los vitivinicultores de la entidad les causó risa y de la buena. Vallina, Galván, Piña Marshal. Ellos sí conocen de vino. Corral no sabe ni lo que quiere. Ese dinero será tirado a la basura.
Es una bicoca para un proyecto de esa naturaleza. A la mejor le alcanza para comprar unas buenas cepas, pocas, pero no para las 10 hectáreas que planea.
Lo dicho. Algo está mal en la tornillería cerebral de la administración pública estatal.

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Duró muy poco la publicación pero pudimos dejar una copia en imagen. Se trata de una dura crítica de Imelda Kalisch Seyffert para el gobernador Corral, por su decisión inadecuada de suspender el programa Música en mi escuela.
No se trata de cualquier crítica. Esos apellidos pesan y mucho dentro de las familias panistas en el estado de Chihuahua.
El mensaje no tiene desperdicio: “Es una vergüenza y una tristeza profunda que el Gobierno de manera unilateral decida terminar con música en mi escuela, señor gobernador es el dinero del pueblo, no su dinero, usted no decide, no se le olvide que usted trabaja para nosotros y no al revés. No se sí se dio a la tarea de estudiar sobre los beneficios que la música tiene y los hábitos que esta desarrolla en nuestros niños”. Sopas.
El mensaje apenas estuvo un tiempo y luego desapareció. Efectivamente, la medida generó mil críticas y opiniones de repudio. Esta opinión es apenas una de ellas.

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Algunas cosas llegaron para quedarse. Una de ellas es vivir en el pasado, pese a la pesada carga que ello representa. En Parral, eso ocurre con la fracción edilicia del PRI, que se negó a votar a favor del cambio de nombre de la colonia Parral Vive, que a partir de ya se llamará Federico Ferro Gay, reconocido chihuahuense en el ámbito de las letras.
La excolonia Parral Vive es un símbolo de la corrupción. Con severas deficiencias en servicios básicos, nació para beneficiar a las personas más humildes, pero contrario a ello, en las sombras, se beneficiaron personajes muy cercanos al exgobernador y al entonces alcalde Miguel Jurado, que la pasa como sombra temeroso de que en cualquier momento la “operación justicia” lo traslade al Cereso estatal.
La oposición priista fue fácilmente vencida en el Cabildo parralense. Lo demás queda en el anecdotario de las losas políticas que construyen nuestros gobernantes por su empecinamiento y ceguera. Olvido por subirse al ladrillo del poder público.
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Los últimos acontecimientos delictivos de alto impacto en la ciudad dan cuenta de giros importantes en la estructuración de los principales grupos a los que jefes policiacos identifican como los generadores de violencia durante los últimos años.
Las declaraciones tanto del secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivazquez como del fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava, y de su jefe el fiscal general, César Peniche, dan cuenta que “La Línea” o “La Empresa”, de “El 300”, René Gerardo Garza Santana, habría reanudado los ataques hacia la Policía Estatal e incluso a la Municipal cuando en algún momento fue apoyado por sectores de la estatal para combatir a “Los Aztecas” de la “vieja escuela” liderados por Eduardo Ravelo, “El Tablas”; y Juan Arturo Padilla, “El Genio”. No se había metido con los municipales, si es real la versión oficial que incluye a sus sicarios como ejecutores del policía preventivo, Miguel Ángel Salas.
En ese contexto queda el desorden que existe desde hace meses al interior de las policías estatales, incluidos sus ministerios públicos (complicidades con el crimen organizado al grado que uno de sus agentes ha buscado asilo en los Estados Unidos) y el que se empieza a registrar ahora en la Municipal con la indispensable reestructuración iniciada por Realivazquez.
Es evidente que hay manos tratando de modificar la radiografía interna en la Policía Municipal, otras intentando seguir con el control de la Fiscalía Norte y los grupos delictivos buscando hacerse de ambas.
No son buenos los augurios con esa situación.
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Conocedor de la leyes e inmerso en las instituciones electorales desde 1993, es increíble suponer que el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz González ignore que a todas luces es ilegal el proyecto autoaprobado el pasado lunes para, con cuchara grande, servirse 100 mil pesos como bono extraordinario por premio “al esfuerzo realizado” en el año electoral.
Dejando de lado que el acuerdo –del que por supuesto se benefician también los consejeros– resulta inmoral en medio de las dificultades económicas que enfrentan miles de familias chihuahuenses.
Es indignante que un órgano encargado de velar por el cumplimiento de las leyes electorales y el respeto a la voluntad ciudadana busque recovecos mañosos para tratar de sostener el zarpazo que se pretende dar a los recursos públicos.
Es más, se asegura que antes de la aprobación de ese disparate, el propio Meraz hizo una consulta en varias instancias externas para conocer el alcance de la pretensión y todas coincidieron en que era un hecho anticonstitucional que podría derivar en observaciones cuando se audite la cuenta pública. No le importó.
La misma falta de vergüenza tuvieron los consejeros Claudia Espino, Saúl Rodríguez, Gilberto Sánchez, María Elena Cárdenas, Julieta Fuentes y Alonso Bassanetti (los últimos tres ya de salida y por tanto en “Año de Hidalgo”), que se atrevieron todavía a afirmar que cobrar los 100 mil pesitos es hacer justicia ante “la deuda histórica” que se tiene con el funcionamiento del Instituto. A ese grado la desvergüenza.
Frente a este tipo de robos en despoblado, resulta entendible que cada vez sean menos los ciudadanos que creen en la política, en los organismos electorales y en los funcionarios que sucumben a la falsa creencia de que el dinero del presupuesto les pertenece y olvidan que en la realidad son recursos que aportan los ciudadanos.
Quienes cometen eso abusos se escudan en las nulas implicaciones que les traerán sus actos. Por supuesto, hay auditorías y con seguridad observaciones, pero todas son sólo carne de cañón para las negociaciones políticas que tienen lugar en lo oscurito. Los delincuentes de cuello blanco se tapan entre sí.

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