Francisco Ortiz Bello
Analista
El Gobierno del Estado entró en una etapa de ajustes fuertes a su estructura laboral. Ajustes que hasta el momento han ocasionado el despido de cientos y cientos de trabajadores. En algunos casos se habla de miles. Y es que, ante la ausencia de información oficial, la especulación se instala en automático.
Es evidente que las finanzas estatales padecen su peor momento en muchos años, quizá en décadas. También lo es que, en mucho, la actual situación financiera del Estado tiene su origen en la administración del exgobernador César Duarte, quien por otro lado deberá enfrentar las consecuencias de sus actos ante la justicia mexicana.
Sin embargo, a dos años ya de haber tomado las riendas de la administración estatal, las recientes medidas de ajuste presupuestal han resultado polémicas, controversiales y en perjuicio de una gran número de trabajadores del Gobierno del Estado.
Todos los trabajadores despedidos a estas alturas del año están literalmente condenados a no conseguir un nuevo empleo en lo que resta del 2018, ya que en estas fechas ninguna empresa o institución contrata personal.
Así pues, cientos de chihuahuenses y sus respectivas familias tendrán que pasar una mala Navidad ante el despido de que han sido objetos, con todo lo que eso implica. Para esas personas, no habrá regalos, vacaciones, posadas y buenos momentos en la convivencia navideña, porque estarán preocupados en cómo resolver el tema del empleo. Seguramente hasta el 2019.
Hasta el momento hay una gran laguna de información. Ninguna instancia del Gobierno ha precisado con claridad a cuántos trabajadores asciende el recorte, de qué dependencias y cuánto es el monto del pretendido ahorro.
El gobernador ha dicho que es un programa de ajuste financiero, debido al hoyo que dejó el gobierno de César Duarte en ese rubro, sin embargo tampoco se ha cuantificado dicho hoyo presupuestal o financiero.
Ante una situación de déficit en las finanzas, cualquier institución, dependencia o empresa evidentemente debe iniciar un programa urgente de ajustes a la baja en el gasto, que por supuesto pasa por el recorte de personal, eso todos los sabemos.
Aquí el problema es que, mientras se aplica una dura e insensible decisión en contra de trabajadores, los altos funcionarios perciben jugosos salarios y no sólo eso, sino que se aumentaron sus sueldos casi en un 50 por ciento con respecto a la anterior administración.
El Diario de Chihuahua publicó el pasado martes una nota sobre el tema, dando a conocer que “El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, percibe cerca de 50 mil pesos más que lo que percibía el mandatario estatal en el 2015, teniendo hoy en día 170 mil pesos en sus manos cada mes, cuando hace tres años el cargo ostentaba 122 mil pesos mensuales”.
Abunda la información: “Dentro de documentos oficiales mostrados en la página de Gobierno del Estado de Chihuahua, se da a conocer que durante el mes de enero del 2015 el gobernador del Estado percibía un sueldo de 44 mil 814 pesos con una compensación de 77 mil 565 pesos”.
Continúa la nota: “En este mismo lapso de tiempo el secretario general de Gobierno, fiscal general del Estado, secretarios de Gobierno, coordinadores y secretario particular percibían un sueldo de 28 mil 810 pesos con su respectiva compensación de 55 mil 437 pesos. Para este 2018 el gobernador ya presenta un aumento de su nómina, la cual hoy en día oscila en los 54 mil 193 pesos como sueldo y 115 mil 880 en compensación”.
Con esta información oficial y verificada, resulta evidente que el gobernador Corral no ha aplicado una política salarial austera y hasta restrictiva, como lo exige el estado precario de las finanzas estatales, pero no de hoy, ni del año pasado, sino desde que tomó protesta porque desde entonces existe el problema.
Peor aún. Mientras decenas de trabajadores abandonaban el Palacio de Gobierno porque fueron despedidos, se encontraron con que el patio del edificio estaba lleno de muebles nuevos, recién desempacaditos de un tráiler. Escritorios, credenzas, archiveros, todos nuevos y relucientes para las oficinas de algunos funcionarios.
El mensaje que se llevan quienes fueron despedidos es que al gobernador no le importa dejar sin empleo a cientos de jefes de familia, y que además se aumenta el sueldo (él y sus principales colaboradores), pero todavía peor ¡compra muebles nuevos para las oficinas de Palacio!
No cabe duda… “Lo que natura no da, Salamanca no presta…”, insensibilidad e incongruencias completas en las decisiones del Ejecutivo estatal.