Luis Javier Valero Flores
Analista
Impactada la sociedad chihuahuense por la extensión, número y calidad de empleados de Gobierno del Estado despedidos a causa del grave quebranto de las finanzas estatales, la indignación corre pareja al conocerse diversas informaciones que dan cuenta de los desmesurados privilegios de la totalidad de los integrantes de la clase gobernante local de los primeros niveles.
Claro que los gobernantes chihuahuenses no son la excepción, al contrario, en los días que corren se van quedando en minoría frente a los del resto del país, ¡qué paradojas de los que tanto presumen que somos “el laboratorio político del país”! Tal frase no resiste el menor análisis serio.
¿Cómo no comparar las escenas de decenas de personas despedidas, con las felices caras de nuestros gobernantes, a causa de sus escandalosos salarios y prebendas?
Y más cuando, como en los días que corren nos enteramos de las desmesuradas cantidades que recibirán por fin de año, los diputados, y por el término de sus actividades, los consejeros electorales. Enervan, aún más, las justificaciones de varios de ellos, y las explicaciones del por qué no las han disminuido.
Agréguele a esa explosiva información la de que el gobernador Javier Corral gana alrededor del 40 por ciento más que el exgobernador César Duarte: “El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, percibe cerca de 50 mil pesos más que lo que percibía el mandatario estatal en el 2015, teniendo hoy en día un salario de 170 mil 73 pesos en sus manos cada mes, cuando hace tres años el cargo ostentaba un sueldo de 122 mil 379 pesos mensuales”. (Nota de El Diario de Chihuahua, 16 Octubre 2018).
Igual ocurre en el caso del secretario general de Gobierno, quien percibe 50 mil 323 pesos más de lo que percibía hace tres años el secretario general de Gobierno. (Ibídem).
Si esa noticia es una bofetada, lo resuelto por los consejeros del Instituto Estatal Electoral es aún peor.
Los señores acordaron otorgarse un bono de 100 mil pesos, de despedida, para los tres consejeros que se van y, además, aprobaron recibir una compensación cercana a los 435 mil pesos, correspondientes a los tres años de su desempeño.
“Al término del encargo de las consejeras y consejeros Electorales del Consejo Estatal, así como de la persona titular de la Contraloría, tendrán derecho a una compensación de 90 días de salario y a una prima de antigüedad de 15 días por año”. Según consigna la reportera Itzel Ramírez, con base en el “acuerdo denominado Manual de remuneraciones y prestaciones para los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua”. (El Diario de Juárez, 17 de Octubre 2018).
Todo ello, a pesar de la prohibición expresa, para esos fines, aprobada por el Congreso del Estado, a iniciativa del entonces gobernador Patricio Martínez, luego de que los funcionarios de primero y segundo nivel del gobierno del panista Francisco Barrio se otorgaron millonarios bonos de despedida -por término de gestión- que implicaron un desembolso de poco más de 17 millones de pesos, de los de entonces.
Por los funcionarios electorales de Chihuahua no hay quebranto de finanzas que los alcance, tienen derecho, (también los trabajadores) según la normatividad interna, al bono por año electoral y del de término de funciones, “a un apoyo de becas, seguro de vida y de gastos médicos mayores”. (Ibídem).
Cosas de la congruencia de nuestros políticos, a esos bonos de despedida y de fin de gestión se opuso la representante ¡del PAN!
¿Sostendrá esa postura frente a la de sus compañeros diputados, a los que, con su trabajo y los votos de los chihuahuenses, hizo llegar a esos cargos y que ahora se despachan con la cuchara grande con los milenarios bonos de fin de año?
Por desgracia, los diputados del PAN no son los únicos, están acompañados en esa posición, por todos los diputados, y cuando decimos todos, son todos, incluidos los de Morena, que sí, han propuesto impulsar modificaciones en esos renglones pero hasta ahora ninguno ha anunciado su renuncia a las obscenas gratificaciones que recibirán por apenas tres meses de labores pues a sus ingresos de más de 160 mil pesos mensuales, sumarán 88 mil 420 pesos como gratificación anual o aguinaldo ¡y un bono de productividad de mil 700 pesos cada uno!
¡No dejan ir una sola!
Se acuerdan del escándalo desatado por el bono de 100 mil pesos que se otorgó el entonces secretario de Salud estatal, el doctor Ernesto Ávila, que lo justificó, ¡oh, pobrecito! Achacándole a sus asesores que lo hubiesen convencido de aceptarlo, es que, “me dejé llevar”, dijo.
¡No puede ser!