Yuriria Sierra
Analista
Ciudad de México— “Hay organizaciones bien importantes de trabajadoras domésticas que están haciendo una labor bien importante, aquí y en Estados Unidos, porque allá es la misma cuestión, porque las trabajadoras domésticas también son mexicanas...”, me dijo en entrevista Alfonso Cuarón sobre Roma, esa colonia en la que vivió, que poco ha cambiado, y que inspiró su nueva película. Roma habla de la familia, pero también sobre “la peor forma de violencia: que es la pobreza. Con esa relación perversa que existe en nuestro país entre raza y clase, donde, a partir del color de tu piel, ya estás predestinado socialmente”, me agregó.
Son de la familia, siempre y cuando no pidan prestaciones. Son de la familia, siempre que entren por la puerta de atrás y permanezcan ahí, en silencio. Éste ha sido el cotidiano de millones de mujeres que han dedicado su vida al servicio doméstico. Generaciones enteras. Y no sólo México, el mundo entero tiene una deuda pendiente con ellas. No hemos sabido nombrarlas, no hemos sabido reconocerlas.
En 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dijo a la Cámara de Diputados que veía dificultades en la operación de algunos de los puntos del Convenio 189, por lo que no lo firmaría, un año después, seguimos sin ratificarlo. El 189 es un tratado adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en que se detallan derechos y obligaciones entre empleados y empleadores de trabajo doméstico. Algunos de sus puntos: protección de derechos humanos, eliminación de trabajo forzoso u obligatorio, abolición del trabajo infantil y de cualquier forma de violencia y, sobre todo, condiciones justas de empleo: vivienda, prestaciones, etcétera. México no es parte de él. Las autoridades consideran que sería complicado cumplir con tanta norma, tan elemental en cualquier relación laboral. Aquí inicia la cadena de discriminación: quienes tendrían que vigilarlo y volverlo parte de nuestra realidad laboral lo ven como una actividad más que no merece, siquiera, una remuneración apenas justa. Ya ni porque dependencias como el Inegi han reportado que el importe del trabajo doméstico no remunerado equivale al 19.7 por ciento del Producto Interno Bruto, más de tres mil 61 millones de pesos. Así de potente. Aunque igual de potente y dolorosa la realidad de miles de trabajadoras domésticas de nuestro país. Según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación, el 87.7 por ciento de las trabajadoras del hogar no tuvo acceso a prestaciones laborales en su último empleo. Casi el 90 por ciento. Casi la totalidad de las mujeres dedicadas al servicio doméstico. La cifra es abrumadora y profundamente dolorosa.
Y a este panorama hay que sumarle aquella otra realidad, la del entorno que obliga a miles de mujeres a ver en el trabajo doméstico la única posibilidad laboral: apenas el 46.7% por ciento cuenta con educación básica; el 42.5 por ciento no la tiene. Datos del Conapred indican que la causa principal por la que las mujeres se emplean en el servicio doméstico es la necesidad económica; después la escolaridad y la falta de oportunidades. Esta comisión detalla que en la CDMX, por ejemplo, el 27 por ciento de las trabajadoras domésticas hablan una lengua indígena; el 61 por ciento de ellas no nació en la Ciudad de México. Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Oaxaca son los principales lugares de origen. Por si fuera poco, el ocho por ciento de ellas inicia en esta actividad desde los 14 años de edad.
El panorama no pinta mejor. La próxima semana será discutido en la SCJN un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, en el que plantea que los empleadores no estén obligados a inscribir a sus trabajadores del hogar a una prestación tan básica y necesaria como el IMSS. El ministro propone que se quede todo en el compromiso de “procurar” y pagar riesgos y enfermedades, pero no dar una prestación que, además, sería puerta de entrada a otras como el afore o el Infonavit. Pérez Dayán pretende que las cosas sigan como están: sin nombrarse, sin reconocerse.
Por eso Roma será un golpe de realidad para tantos.