LA COLUMNA
de El Diario
• El gobernador es ya un estorbo
• Pelean en Congreso por 360 millones
• Es obligado alcalde a borrón y cuenta nueva
De nuevo el luto en la ciudad de Chihuahua, ahora con el asesinato tremendo del respetado empresario de la educación, Carlos Cano Chávez. Se suma en el estado este crimen al de Uriel Loya, presidente de Coparmex en Parral; y a las desapariciones (¿o debemos decir secuestros?) de los empresarios José Ricardo Caraveo Vallina y el menonita David Friesen Unrau en la región de Cuauhtémoc.
Rebasada por completo la autoridad del gobernador Javier Corral Jurado. Lo dijimos ayer; lo hemos dicho los últimos meses, lo hemos repetido prácticamente desde que tomó la gubernatura.
El panista que prometió paz durante su campaña electoral no sólo ha sido ineficaz para cumplir con su responsabilidad de dar seguridad a los chihua-huenses; al contrario, está convertido en un severo obstáculo para regresar la indispensable tranquilidad a la población.
Las vísceras, la bilis, el conformismo y la mentalidad burguesa han impedido que cumpla con el alto cargo encomendado. Se ríe cuando es cuestionado por su afición al golf... ¡porque lo juega en sus días de descanso!
Prefiere el mandatario huir por la tangente y aventar culpas a los medios informativos, a las Policías Municipales, al Gobierno federal, que enfrentar la realidad con la valentía y solidaridad que las circunstancias ameritan.
Ayer al menos ordenó a su fiscal, César Augusto Peniche, apersonarse en el lugar de los hechos donde cayó abatido por las balas el director de la institución educativa de la ciudad de Chihuahua, pero fuera de ahí permaneció escondido a piedra y lodo en sus oficinas. Ni una palabra de aliento ni de condolencia a la familia del caído ni a los habitantes de la capital del estado.
Chihuahua arde. Los delincuentes siguen en lo suyo porque saben que no habrá quién los persiga ni mucho menos quién los castigue.
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Cada diputado en el Congreso del Estado cuesta la escandalera de 11 millones de pesos anuales. Sueldo arriba de 120 mil pesos mensuales, asesores, secretarias, vehículos y todos los apoyos necesarios e innecesarios para desarrollar su labor.
Poco a poco el presupuesto del Congreso fue engordando como pavo en Navidad con hormonas paquidérmicas. Su sobrepeso actual es al menos de 100 millones de pesos anuales, nos aseguran austeros diputados de Morena. El presupuesto total es de 360 millones por año. Aseguran que con 260 pueden desarrollar mejor que bien sus actividades.
Pero no todos los diputados traen ese idealismo ni espíritu austero. Este jueves lo comprobaremos al terminar el plazo que da la Ley Orgánica del Congreso para nombrar a los secretarios y demás titulares de las áreas operativas.
Las dos grandes bancadas, Morena y el PAN, buscan quedarse con los más suculentos pedazos del pastel y de ahí repartir a sus aliados en buenas cantidades para que nadie respingue. Los que mandan no sacrificarán en austeridades o sinónimos semejantes.
Se pelean sobre todo la Secretaría de Administración, que hoy encabeza el panista-corralista Jorge Issa. Es tan atractiva que desde Palacio de Gobierno la pelea Javier Corral para mantener ahí a su operador deliciense. No quiere ni asuntos legislativos, ni parlamentarios, ni investigación, ni biblioteca... quiere la pechuga del pollo.
Si se le duerme a Morena, Corral y sus panistas seguidores podrán quedarse con la Secretaría de Administración pero a un costo grande para los chihuahuenses, pues no habrá reducción presupuestaria. Seguirá el mismo o mayor gasto.
El PAN deberá negociar grandes montos ni más ni menos que con Morena y costillas también bien cargadas con la chiquillada que ladea la balanza en victorias o derrotas: el PRI con cuatro diputados; el Verde, el MC y el PANAL con otros cuatro votos.
Ni panistas ni morenistas alcanzan siquiera la mayoría relativa: los 17 de los 33 diputados; así que los bonsai se continuarán vendiendo muy caro; a nadie de ellos le importarán los ahorros y continuará la cuchara grande en los gastos de un órgano con alto grado de desprestigio como es el Congreso y sus principales ocupantes, los diputados.
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‘Donde aprieta no chorrea’ es una expresión tosca y silvestrona pero ocasionalmente ad hoc para temas como el que traemos hoy para este bloque de La Columna.
Eso le ha ocurrido al presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez. La emprendió a garrotazos verbales contra la Fiscalía General del Estado y particularmente contra el mentado mando único dirigido por la Comisión Estatal de Seguridad al final de su campaña electoral bajo las siglas de Morena.
Desde campaña acusó el edil a los policías estatales de ser los principales generadores de violencia en toda la región; inclusive dijo que su propia seguridad estaba en peligro mientras permaneciera José Santos Borunda como jefe de esa corporación en la región.
Cuauhtémoc es uno de los siete municipios de aquella zona occidente-noroeste de la entidad desafortunadamente intervenidos en sus Policías Municipales por el Gobierno del Estado a través de un llamado mando único (estatales-municipales) que dirigen agentes del Estado. En todos esos municipios y en grandes ciudades como Chihuahua y Juárez, los jefes de la Policía Estatal han sido acusados públicamente de operar para el Cártel de Sinaloa.
Hace unos días desapareció la testosterona política del alcalde cuauhtemense. Aunque nombró como su mano derecha al frente de la Policía Municipal al doctor Antonio Peña Flores, caricaturescamente empistolado, quien sigue girando órdenes es la Estatal a través de Aarón Quintana Rodríguez, jefe del “mando único”. La única concesión a Tena fue el retiro de Santos Borunda.
Horas antes y horas después de su toma de protesta le hicieron llegar a Tena desde la Fiscalía sendos mensajes y tarjetas informativas sobre su relación “hasta involuntaria” con los chicos malos de la región, así que durante los días subsecuentes bajó la crítica a la Estatal, sobre todo al señor fiscal, César Peniche, y ofreció borrón y cuenta nueva.
Donde aprietan no chorrea, concluye la ordinaria frase. El costo es para Morena.