Sergio Pacheco González
Analista
Uno de los principales problemas que vive nuestro país, es la impunidad. Esta hace referencia tanto a la omisión como al deficiente desempeño de las autoridades de todo nivel y ámbito de actuación. Incluye también, la falta de sanción a aquella conducta o actuar que atenta en contra de la seguridad y/o los bienes de las personas, de los de carácter público y de sus instituciones. Como ilustra el número 11 de la Revista de Derechos Humanos dfensor (noviembre de 2011) dedicado a este tema, la impunidad es síntoma de un Estado ausente.
En este sentido, superar las condiciones actuales implica la vigencia del Estado de Derecho, el que, indica el informe del secretario general la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2004): “Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.
Esta extensa cita es pertinente a fin de dar cuenta de la situación comprometida en que se encuentran las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como las y los ciudadanos que tienen en propiedad vehículos que circulan amparados en los tarjetones expedidos por diversas organizaciones, incluso partidarias. Por ejemplo, la decisión de sólo detener y retener vehículos considerados de lujo o modelos 2008 y posteriores, es un criterio que no considera hacer cumplir la ley por igual, en tanto las autoridades federales se mantienen omisas en el mismo sentido.
No obstante, existen antecedentes que muestran otras aristas del problema. Una de ellas, que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, establecía, entre otras disposiciones relacionadas con la industria automotriz, la progresiva eliminación de reservas a la importación de autos usados, lo que sucedería, en el caso mexicano, en cinco fases del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2019. No obstante, en el gobierno del presidente Vicente Fox se favoreció, a partir de agosto de 2005, la importación de vehículos usados “de entre 10 y 15 años de antigüedad… virtualmente libres de impuestos”. (Comercio Exterior, número 59, junio de 2009).
Como es obvio, esta situación cambió. Una posible razón, el volumen de autos usados importados: “2 millones 454 mil 639 vehículos de Estados Unidos a México, de noviembre de 2005 a julio de 2008”. Esto significó, aproximadamente, 11.15 por ciento de incremento del parque vehicular en el país, estimado en 22 millones en el año 2005, de acuerdo con los datos consignados en la misma revista.
La situación está comprometida porque cada uno de los implicados tiene razones que argumentar a favor de sus respectivos posicionamientos. Además, las posibles soluciones no carecen de costos para los mismos. Si las autoridades se deciden a aplicar la ley, sectores sociales se sentirán no sólo afectados sino traicionados, porque se les alentó a importar los vehículos sin antes disponer los acuerdos necesarios para un enésimo programa de regularización.
Otros sectores, que valoran el cumplimiento de las disposiciones legales, así como quienes pagan impuestos vehiculares y tramitan sus placas, seguirán observando que el incumplimiento de lo dispuesto por la ley es una práctica que las autoridades permiten, cuando no alientan, y que algunas personas por razones de lucro o de necesidad realizan. Estas últimas son las vulneradas y vulnerables. Paradójicamente, se convierten, mientras la situación de ilegalidad se mantenga, en un factor de riesgo para quienes hacen uso de las vialidades.
Sin acceso a la adquisición de un seguro vehicular, en ocasiones con automotores sin las mejores condiciones mecánicas posibles y como en el caso que relata Carlos Murillo en “El chico de las placas rojas”, en la edición dominical de El Diario, con conductores sin experiencia y capacitación adecuadas, es insoslayable regresar a las autoridades y la demanda constante de la ciudadanía: un transporte público digno, suficiente, ágil y seguro.
Un nuevo programa de regularización vehicular parece inevitable. Es, ha sido y será insuficiente. ¿Podrán las autoridades ejercer el oficio político, lograr acuerdos y una solución?