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A cuatro años de Ayotzinapa

Sixto Duarte
Analista | Martes 25 Septiembre 2018 | 00:01:00 hrs

El día de mañana se cumplirán cuatro años de la desaparición de cuarenta y tres normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. A cuatro años de distancia, existen más preguntas que respuestas en cuanto a ese macabro evento. Desde una óptica derechohumanista, lo sucedido aquella noche es algo profundamente grave. La desaparición forzada de personas es algo que muchos relacionábamos con la dictadura militar en Argentina o Chile, allá a inicios de los 80, o incluso en el México del 68, pero no en pleno 2014.

Este trágico evento marcó el declive y caída en popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. Quienes hagan memoria de aquellos días, recordarán que Peña era una de las figuras favoritas de la prensa internacional, por el enorme cúmulo de reformas que se habían impulsado antes de cumplir el segundo año de gobierno.

A mi parecer, este evento debe analizarse desde dos ópticas: la de la justicia, que es la que válidamente exigen los padres de los normalistas desaparecidos, y la política, que es la que trajo consecuencias negativas para Peña y positivas para el hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Desde la óptica de justicia, la exigencia de todo México es que se encuentren a dichos estudiantes vivos. Es algo absolutamente improbable a cuatro años de distancia. De ser así, creo que todos celebraríamos esta situación, aunque serían pocos los que exigirían se sometiera a proceso penal a los mismos estudiantes por todos los daños, y desmanes que causaron cuando decidieron secuestrar camiones y robar combustible, aquella noche de septiembre. La doble moral y el doble estándar, nuevamente presente. Si bien es políticamente incorrecto lo que acabo de sostener, alguien tiene que decirlo; nadie lo ha dicho en un país donde desde las épocas prehispánicas, rendimos un profundo culto e idealización de los muertos.

Desde la óptica política, considero que el tema fue pésimamente manejado por el Gobierno de la República. En primer término, siguiendo un criterio constitucional, los hechos que ahí sucedieron deberían haberse investigado desde su origen por parte de las autoridades del fuero común. Al haber sido los cuerpos policiacos de Cocula y de Iguala los que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes, es el fuero común quien tenía competencia para atender dicha situación. Hasta el momento, no se ha comprobado la participación del Ejército en dichos eventos.

En segundo término, siguiendo un criterio partidista, el oportunismo político se hizo presente en ese momento. Recordarán todos ustedes que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue acusado de haber instruido la desaparición de los jóvenes. A cuatro años de distancia, me parece absolutamente incongruente que la gente acuse a Enrique Peña de dicha desaparición, cuando hay un cómplice que avaló la llegada de Abarca al poder, y ese es López Obrador. Nuevamente vemos el doble estándar de la opinión pública condenando inmisericordemente a uno, y defendiendo irracionalmente a otro.

En tercer término, desde la perspectiva oficial, la Procuraduría, ente que desde un inicio no debió haber asumido la responsabilidad de la investigación, al tener encima la presión mediática, decide rendir un informe de la “verdad histórica” de dichos hechos. Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República instrumenta dicha acción, y emite un informe con características de “háganle como puedan”. Incluso llegó a decir que ya estaba cansado, evidenciando una profunda indiferencia respecto de la gravedad de un asunto, que en primera instancia no debía de haber atendido. Era mejor que la Procuraduría no hubiera actuado, y haberle dejado esa tarea al Estado de Guerrero. Por quererse llevar las palmas en un asunto que resultó más complejo de lo que se creía, terminaron perdiendo capital político para otras tareas.

Este asunto es de los pocos donde se puede advertir que uno de los responsables no sólo eludió su responsabilidad, sino que hábilmente acusó a otro. Vimos a un procurador inhumano y torpe asumir una responsabilidad que de origen no era su competencia, presentando nulos resultados en dicha tarea. Independientemente de ello, seguimos sin contar con ‘verdad histórica’ en el caso. A la fecha, no sabemos bien a bien qué sucedió aquella noche en Iguala; quizá nunca lo sepamos.



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