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Corral, AMLO: Escepticismo ciudadano

Luis Javier Valero Flores
Analista | Domingo 09 Septiembre 2018 | 00:01:00 hrs

Claramente son actores políticos distintos, pero los une un asunto no menor, el del escepticismo de una sociedad harta de la clase política que, con su forma de vivir y gobernar atropella, agravia y ofende a la ciudadanía.

Más aun, al gobernador chihuahuense y al presidente electo los une un origen electoral semejante: el hartazgo popular por sus inmediatos antecesores.

Por supuesto que tal estado de ánimo tiene hondas y viejas raíces, pero ambos protagonizaron sendas victorias electorales merced a lo realizado, en su respectivo ámbito, por César Duarte y Enrique Peña Nieto.

Los diferencia, obviamente, su origen ideológico, más allá de las alianzas pasajeras realizadas por cada uno de ellos para acceder al poder. Javier Corral pertenece al ala “izquierdista” de la derecha entronizada en el PAN, o si se quiere, con muchos rasgos de centroderecha, además de compartir una buena proporción de la ideología de la derecha agrupada en el blanquiazul.

López Obrador, por su parte, abrevó en el nacionalismo revolucionario, la ideología de la Revolución Mexicana.

Recientemente, ya en el curso de la campaña electoral, pudimos acceder a otra faceta del pensamiento de ‘El Peje’, su cristianismo.

Pero por encima de todo eso, su pragmatismo político, puesto al máximo en la reciente campaña electoral, que lo llevó a subir a su barco lo mismo al PES (el partido de los cristianos ligados a Miguel Ángel Osorio Chong), que al PT, organización emblemática del más rudimentario oportunismo, que a los agrupamientos cercanos a Elba Esther Gordillo y sus familiares directos, y a los panistas Germán Martínez Cáceres y Manuel Espino, exdirigentes nacionales del PAN, miembros destacados de la derecha mexicana; así como a Napoleón Gómez Urrutia, el controvertido dirigente, desde el exilio, del sindicato minero, prototipo del viejo y corrupto sindicalismo mexicano.

Por su parte, Corral sumó a su pretensión por el gobierno de Chihuahua a una parte de los dirigentes sociales de la izquierda chihuahuense y, luego, en la carrera presidencial, impulsó la alianza con el PRD, además de comprometer, para la candidatura de Ricardo Anaya, a un grupo de analistas, sociólogos y académicos, así como de algunos derechohumanistas, con los que ha mantenido una relación nacida de la coincidencia en algunos planteamientos, sobre todo los referentes a la libertad de expresión y los medios de comunicación.

Seguramente que para obtener esa postura contó la de Corral en el tema de la reforma energética, lo que le granjeó las simpatías de Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Bartlett, quienes, superando sus diferencias a partir del fraude electoral del 88, se unieron en el rechazo a la reforma impulsada por Peña Nieto, Gustavo Madero (y su equipo, en el que destacaban Anaya y Damián Zepeda) y Los Chuchos del PRD.

Además de la evidente falta de atención del gobernante chihuahuense a la tarea de gobernar, rasgo central de la actual administración, es el choque frontal entre los dichos del juarense y la red de maniobras y acciones llevadas a cabo para hacerse del control del Poder Legislativo y del Judicial, además del Ichitaip (mediante la ilegal destitución de Rodolfo Leyva en la presidencia), la Auditoría Superior del Estado, y hasta en la UPN-Campus Chihuahua, en el que destituyó a su director a Arturo Limón, destacado analista político y editorialista de esta casa, además de respetado maestro de la institución, elegido por el voto secreto de maestros y alumnos del plantel.

Y en esto radica su principal problema –entre otros muchos– al empeñar la parte central de su discurso político en el combate a la corrupción, personalizándola en la figura del exgobernador Duarte –y ahora en la de Alejandro Gutiérrez– y su correlación con las crecientes evidencias de malos manejos en la actual administración, agravadas por su pretensión de mantener bajo su control directo, mediante el nombramiento de personajes cercanos a él en los cargos relacionados a los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sí, porque cercanos al mandatario estatal son el auditor, el presidente del Ichitaip, el del Tribunal Superior de Justicia, la fiscal anticorrupción, el presidente del Comité de Participación Ciudadana; además de los subordinados suyos, el fiscal Peniche y la secretaria Stefany Olmos.

Es decir, todos los que podrían velar por un sano ejercicio del presupuesto público y una adecuada fiscalización, están ligados a quien lo va a ejercer.

Y todo lo anterior en medio de un muy extendido malestar generado por la cada vez más evidente falta de atención del gobernador Corral a la muy nutrida y demandante agenda de los chihuahuenses, en la cual sobresale el tema de la inseguridad y la ausencia de comunicación ¡hasta con los sectores empresariales y/o de su propio partido!, para no mencionar el de su inasistencia al inicio de sesiones de la nueva Legislatura, o el del II informe de la presidenta de la capital del estado, María Eugenia Campos, pero sí al del presidente municipal cuauhtemense, Humberto Pérez, o al de Meoqui, Ismael Pérez Pavía.

Es de tal magnitud la desatención que semanas atrás, el mismísimo presidente de la Coparmex-Chihuahua, Federico Baeza Mares, aseveró que: “Con el gobernador Javier Corral los empresarios no tenemos mesas de diálogo con proyectos, compromisos ni comunicación…”. (Nota de Tiempo.com, 10/V/18).

Crítica semejante le hizo el dirigente de los comerciantes capitalinos, Carlos Fierro Portillo: “Un gobernador es de tiempo completo, no de lunes a viernes”, pues es lamentable que “el gobernador Javier Corral tenga tiempo para ir a diversos lugares y hacer propuestas que no le corresponden al estado de Chihuahua, mientras a los representantes del comercio organizado no los recibe…”. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 28/08/2018).

La critica fue con motivo del viaje de Corral a apoyar el mitin del excandidato del PAN a la Presidencia Municipal de Monterrey, a quien se le revirtió el triunfo en la alcaldía, “durante su descanso de fin de semana” como lo sostiene el gobernador.

No fue lo único que le dijo Fierro Portillo, dolido, pues la ciudad perdió “la oportunidad de atraer una convención nacional de presidentes de cámaras de comercio, ya que nunca se pudo hablar con Javier Corral”, quien trata de “un poco, ser candil de la calle y oscuridad de su casa”. (Ibídem).

Por su parte, la Coparmex ha presionado al mandatario a hacer su parte en el proyecto de instalación de 300 cámaras en patrullas y uniformes de policías viales. Los empresarios aportaron seis millones de pesos en noviembre del año anterior y aún están en espera de los cuatro millones de pesos del Gobierno estatal.

Hace tres meses, citados los empresarios a una reunión con Corral para tratar ese tema, no llegó a ella.

Presto para combatir la maniobra de la PGR para exonerar a Alejandro Gutiérrez, el gobernante chihuahuense se explaya en innumerables entrevistas con la prensa de la Ciudad de México, para denunciar al “régimen de impunidad” creado por Peña Nieto, cosa en la que no le falta razón, pero en contraparte no ha sido capaz de ofrecer la más mínima entrevista o conferencia de prensa, con los medios locales –“aldeanos”, en su concepción– para ofrecerle una explicación a los chihuahuenses acerca de la creciente ola de violencia en la entidad y del permanente ataque de los criminales a las policías, que es la más violenta manera de socavar a las fuerzas del orden, y de los enormes desatinos, derivados de la desatención de su gobierno a lo que es, ya, una repetición del período 2008-2011.

Ejemplo de lo anterior fue el episodio del viernes anterior que, al ser interrogado por los reporteros locales, los evadió.

A su vez, López Obrador está enfrentando las consecuencias de uno de los primeros actos de la incongruencia política.

Que así podrá caracterizarse el episodio de la licencia concedida, en segunda votación del Senado, al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en una maniobra negada por los de Morena y develada por el dirigente nacional del Partido Verde, quien adujo que los cinco diputados de este partido habían migrado a la fracción del morenismo, pues se les había prometido que se incrementarían los recursos al programa de combate al “cáncer infantil”. ¡Híjole!

¡Ah, y que de ninguna manera se habían intercambiado por la licencia del nuevo cacique chiapaneco!

Con ello, la fracción del partido en el gobierno alcanzó la mayoría (252 diputados) y el pleno control de la Cámara de Diputados.

Pero los costos son –serán– muy altos y pueden ser más pues ponen en entredicho la autoridad política de quienes pretenden instituir una “Constitución Moral (sic)”.

Bastaba con hacer lo que el PRI hizo en las dos últimas legislaturas: construir mayoría a partir de cada caso concreto, lo que es mucho más fácil, dadas las características de los políticos mexicanos pues siempre encontrarán a algunos -o muchos de ellos- prestos a rendirse ante el poder presidencial, dispuestos a votar con la mayoría, y más del tamaño que posee Morena.

Todo ello sin mayor compromiso de carácter ético, es decir, jugar con el papel de primera minoría en la Cámara, pero una minoría muy grandota y no andar haciendo los osos de este episodio, digno de la picaresca nacional, tan lejano de la dignidad política si para lograrlo se avasalla al Congreso del Estado, que reformó la Constitución a modo del nuevo cacique chiapaneco.

Y luego se asombran de desconfianza ciudadana.



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