Pascal Beltrán del Río
Analista
Ciudad de México.- El lunes, en entrevista para la Primera Emisión de Imagen Radio, el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, me reveló que parte de la agenda del grupo parlamentario de Morena para el primer período ordinario de sesiones de la 64 Legislatura será reformar el artículo 35 de la Constitución para facilitar la realización de consultas populares.
Hay que recordar lo que establece dicho artículo: que es un derecho ciudadano participar en ellas; que pueden ser convocadas por el presidente de la República, la tercera parte de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión o dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores; que la consulta sólo puede realizarse el mismo día de la jornada electoral federal; que será organizada y validada por el INE y que hay una serie de restricciones a los temas sobre los cuales se pueden realizar, como son los derechos humanos.
El 17 de agosto pasado, luego de recibir un diagnóstico sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que su equipo promovería una discusión y una consulta públicas para que la ciudadanía de todo el país decida si continúa la edificación de la terminal aérea en Texcoco –licitada por el actual gobierno federal– o se mueve el proyecto a los terrenos de la actual Base Aérea Militar de Santa Lucía, como propuso él en su campaña electoral. Dijo que uno y otro proyecto tenían ventajas y desventajas.
El 22 de agosto, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, reveló que la consulta se realizaría el domingo 25 de octubre. Cuatro días después, López Obrador subió un video a sus redes sociales para invitar a los ciudadanos a participar en la discusión y la consulta, y dijo que él y sus colaboradores no darían su opinión sobre cuál de los dos caminos era mejor –si Texcoco o Santa Lucía–, a fin de no influir en la decisión. Agregó que ésta se expresaría mediante “una consulta directa”, recogida mediante mesas receptoras, “o una encuesta”.
Ya a mediados de julio pasado, cuando el tema de una eventual consulta popular sobre el aeropuerto comenzó a discutirse, los consejeros electorales del INE Ciro Murayama y Claudia Zavala coincidieron en que no podría realizarse este año, pues la Constitución establece –como se anota líneas arriba— que debe ser el mismo día de la jornada electoral federal. La próxima será en junio de 2021.
Todavía no se ha establecido si la consulta a la que se ha referido López Obrador será directa o se realizará una encuesta. Lo cierto es que el presidente electo ha dicho que el resultado de la consulta será vinculante. En la Constitución se dice que se requiere que vote al menos 40 por ciento del electorado para ello.
Y ahora se ha agregado a la discusión la posibilidad de reformar el artículo 35 de la Constitución, para facilitar la realización de las consultas populares, como parte de la agenda legislativa de Morena, partido que controla ambas Cámaras del Congreso de la Unión y cuenta con una mayoría que se aproxima a la que se requiere para reformar la Carta Magna.
Tengo algunas observaciones sobre este último punto: primero, no considero que una reforma constitucional deba realizarse con base en una necesidad política apremiante; segundo, si aumenta la frecuencia con la que se efectúan dichas consultas se corre el riesgo de trivializar el mecanismo democrático; tercero, el 17 de mayo pasado, el entonces candidato López Obrador dijo en un foro de Coparmex que su movimiento no se proponía iniciar reformas constitucionales durante el primer trienio (aunque tal vez se esté pensando que sólo una parte de este periodo de sesiones del Congreso de la Unión cae formalmente en la primera mitad del sexenio, con lo cual la promesa quedaría a salvo).
Hay algo más a tomar en cuenta: la posibilidad de que a la mayoría de los ciudadanos no les interese ir otra vez a las urnas, cuando acaba de hacerlo.
Hace unos días, los colombianos fueron convocados a una consulta para decidir sobre un tema de suma importancia: la lucha contra la corrupción. Y aunque fueron más de 11 millones a votar –en 97 mil mesas a nivel nacional–, no se alcanzó el 33 por ciento de participación para que fuera vinculante.
¿El nuevo gobierno de México querrá jugarse su capacidad de convocatoria en una consulta?