José Buendía Hegewisch
Analista
Ciudad de México.- ¿Qué desenlaces inesperados puede deparar a un gobierno que concitó el temor a una restauración autoritaria con el regreso del PRI y concluye vapuleado en las urnas? Ahí el último informe del presidente Peña Nieto. Llegó al poder con una promesa de modernización y el rescate de la negociación para una política eficaz, pero también -como otras veces- concluye en decepción, sin respuestas y su obra en vilo. No obstante, la trama de la historia sexenal deja dos lecciones positivas, una democracia consolidada como procedimiento para castigar los resultados de un gobierno, y la otra, que la república no se puede inventar cada sexenio.
Con el eslogan del “nuevo PRI”, el mandatario recuperó la Presidencia al cabo de dos alternancias del PAN, que tras la crisis financiera global de 2008 precipitó al país en una barrena de inseguridad, desempleo y pauperización de la clase media. La nostalgia de mejores épocas de crecimiento lo favorecieron, a pesar del estigma de corrupción y abusos de la marca. La creencia en la capacidad negociadora del PRI, no obstante sus excesos, ayudó a darle una nueva oportunidad. El candidato “telegénico” (empático en televisión) y con dotes para comunicar puso su parte, aunque hoy ni siquiera le sirva para rescatar su imagen con una intensa campaña de publicidad. Su credibilidad se desmoronó no por la economía o las vicisitudes de sus reformas, sino, más básico, por la falta de respuesta política a los problemas y la inconsecuencia de su administración. La soberbia y seducción del poder, dirían algunos priistas.
Peña Nieto llega a su Sexto Informe de Gobierno con el peor nivel de popularidad desde que se mide la aprobación presidencial, la otra cara de la luna de cuando presentara al día siguiente de tomar posesión en el Castillo de Chapultepec el proyecto que “cambiaría el rostro” al país. El Pacto por México, con las dirigencias del PRI, PAN y PRD, materializó la percepción del regreso de la política y produjo una imagen de éxito en sus primeros años de gobierno hasta el “Mexican Moment”. Como otras veces, se trató de un acuerdo cupular y, por sí solo, insuficiente para asegurar su implementación como si las reformas legales se hicieran realidad por ósmosis. En efecto, el paso se convirtió en disolución de sustancias separadas por una membrana semipermeable que es la forma tecnocrática y vertical de ejercer el poder a través del reparto de rentas y componendas corporativas con sindicatos de maestros, petroleros, gobernadores y con sus socios políticos. La gobernabilidad de la dádiva, sin rendición de cuentas.
En ausencia de resultados que se tradujeran en el despegue económico prometido (5 por ciento al final del sexenio), el gobierno incrementó el gasto y la deuda a cargo de la rentabilidad de la promesa de reformas. El excedente del gasto en el sexenio superó 1.4 billones de pesos, mucho más de lo aprobado cada año en el Congreso, pero la Ley de Responsabilidades Hacendaria no prevé consecuencias. También deja la deuda más alta de la historia y su nivel compromete el espacio fiscal de la próxima administración.
Y más lesivo aun para su gobierno, tampoco hubo consecuencias por escándalos como la adquisición de la Casa Blanca, con un crédito de un contratista gubernamental, y otros casos de corrupción de constructoras consentidas como OHL, Higa u Odebrecht que salpicaron a su administración. El sueño “modernizador”, sin embargo, se esfumó en Ayotzinapa y la insatisfacción por el silencio y la manipulación de la justicia a la crisis de derechos humanos que emergió del basurero de Cocula. El gobierno no pudo explicar la investigación y su politización recrudeció la crisis de seguridad que dejó más de 200 mil muertos.
La inacción marcó la segunda mitad de su sexenio. En retrospectiva, podría decirse que el grito destructivo de la desesperación que socavó su credibilidad, y que finalmente se encauzó en las urnas, exigió siempre una seria respuesta política que nunca llegó. O peor, que la soberbia es la peor de las respuestas políticas.