Carlos Murillo
Abogado
Las justicias indígenas del pueblo rarámuri se han debilitado en los últimos años. La cultura se diluye y, con ella, la forma de organización política y jurídica. Pero en otras regiones del país, como Oaxaca, esa misma tendencia se frena con políticas judiciales que permiten garantizar la autonomía de los pueblos originarios y el acceso a la justicia en estas comunidades.
En el marco del simposio “Realidades complejas, aproximaciones desde las ciencias sociales”, celebrado en Oaxaca y organizado por la Alice Salomon University de Berlín y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se llevó a cabo un conversatorio con el tema pluralismo jurídico y justicia transicional, en el que tuve la oportunidad de participar.
Durante el evento, especialistas de estos temas entablamos un diálogo interdisciplinar sobre temas relacionados con la justicia indígena y los retos que enfrentan las comunidades.
En el caso de Chihuahua, el sistema político y jurídico rarámuri se está diluyendo por diversos factores. Las nuevas generaciones de rarámuris van perdiendo los rasgos de identidad que los une; durante la adolescencia prefieren abandonar la forma de vida tradicional y adoptan la forma de vida mestiza-serrana (que es una variante del mundo occidental). Así, los más jóvenes dejan de hablar en lengua rarámuri, también abandonan las celebraciones de las fiestas tradicionales y se desprenden de la forma de organización política comunal y los procesos de justicia.
Este fenómeno de aculturación pasa en todo el mundo, la migración y los medios de comunicación provocan la hibridación de las culturas, de ellas emergen nuevas representaciones de la identidades indígenas, algunas fuera del estereotipo del indigenismo folklórico que vemos en los documentales que, por cierto, es la representación más popular entre los consumidores de la cultura mexicana y tiene un mercado de artesanías y servicios bastante rentable pero, regularmente, los beneficios de esa demanda no son para los indígenas, las ganancias son para los empresarios turísticos. No hay indígenas que tengan hoteles o tiendas de artesanías de diseñador.
Las comunidades imaginadas, de las que hablan los libros de historia y tradición, están lejos de la realidad que viven los pueblos originarios. Los problemas reales a los que se enfrentan, siguen siendo los mismos de hace quinientos años: la discriminación, la pobreza y la explotación de los territorios.
Esa discriminación se presenta también en la justicia. Los pueblos originarios deben ser autónomos, de acuerdo con el Acuerdo 169 de la Organización Mundial del Trabajo, ratificado por el Estado mexicano, que reconoce la autodeterminación de los pueblos originarios para tomar decisiones políticas y hacer justicia en sus comunidades.
Sin embargo, el mismo Estado mexicano limita esa autonomía en la práctica; en general, las autoridades estatales descalifican a la justicia indígena como sistema jurídico, ya que lo consideran informal y en muchos casos irracional, inclusive resulta contrario a la justicia estatal que tiene raíces profundas con el derecho y racionalidad occidental.
El Estado trata de simplificar lo complejo para controlarlo. En este caso, el Estado prefiere tener una única forma de ciudadanía para poder juzgar con el estándar. Pero en estados como Oaxaca esto no funciona, por sus 16 diferentes etnias (las más numerosas son los zapotecos y los mixtecos) que viven en 2 mil 600 comunidades que, según los expertos, son el mismo número –o más–, de sistemas jurídicos, muchos de ellos completamente distintos.
Regresando a Chihuahua, según el Inegi, solamente en Guachochi existen mil 72 comunidades con población indígena, la mayoría rarámuris, y pasa lo mismo que en Oaxaca, cada una tiene su propio sistema jurídico –en la misma lógica divergente están las tradiciones, de hecho deberíamos llamarles culturas rarámuris, en plural, porque no es solamente hay una, existen variantes–, pero el Gobierno prefiere crear una ficción al homogenizar a todos y decir que se les consultó a los gobernadores rarámuri, usando la misma formalidad de la política occidental donde hay un líder único que dirige al grupo, esto no funciona en la realidad de los rarámuri. De la justicia, ni hablar, pocas personas tienen una noción clara de la justicia indígena.
Para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos originarios, en Oaxaca, desde hace poco más de dos años, comenzó a funcionar una Sala de Justicia Indígena (SJI) que funciona insertada en la estructura del Poder Judicial, donde los magistrados son indígenas y expertos en derecho indígena, ellos son pioneros de esta especialidad que atiende casos de controversias en comunidades indígenas, principalmente para interpretar los sistemas jurídicos indígenas, auxiliándose del peritaje cultural antropológico y de los testimonios de la misma comunidad.
En relación al sustento teórico o dogmático de las decisiones, los jueces usan el pluralismo jurídico, que se entiende como dos o más sistemas jurídicos imbricados que coexisten en un lugar y ambos tienen validez aunque en ocasiones se contrapongan.
Uno de los elementos más interesantes, es que la SJI está creando sus propios precedentes, así es que sus propias sentencias son un instrumento jurídico para razonar las resoluciones –además de las leyes nacionales e internacionales–.
En este caso, la SJI también se alimenta de otros criterios de tribunales indígenas en Latinoamérica, en específico los criterios de los jueces de Colombia, quienes tienen más tiempo juzgando casos donde interviene la justicia indígena. Los temas principales para esta sala, son el relación a la jurisdicción, en razón de que las fronteras entre el derecho estatal y el derecho indígena son difusas, pueden o no existir, eso depende de cada caso en lo particular.
En estos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictará la primera sentencia sobre un caso que fue dictaminado por la SJI, conocido como “los chivos”; el conflicto se resume en que unos chivos causaron daños en propiedad comunal en San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca, por lo que las autoridades indígenas chocholtecas sentenciaron a los dueños de los chivos a reparar el daño. Los dueños al negarse a cumplir con la sentencia fueron detenidos y los chivos retenidos en el encierro municipal por orden de las autoridades indígenas.
Luego, los dueños de los chivos interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Oaxaca por abigeato y abuso de autoridad, lo que provocó que el caso se llevara ante la SJI, donde se ratificó la sentencia de la comunidad y en unos días será revisado por el pleno de la SCJN y se convertirá en el primer precedente donde participa la SJI y donde se ratifica la jurisdicción indígena.
Aunque el problema de las justicias indígenas no está resuelto en Oaxaca, el Poder Judicial de aquel estado ha dado un paso adelante y está abriendo brecha. Por el contrario, Chihuahua está lejos de garantizar el acceso a la justicia de los rarámuri, mucho más lejos de tener una Sala de Justicia Indígena, otro pendiente más en la agenda del Tribunal Superior de Justicia.