Jesús Antonio Camarillo
Académico
El 30 de agosto se celebró el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Celebración que propició una movilización nacional con el objetivo de visibilizar la aguda problemática, que en esta materia, vive este país desde hace muchas décadas. En Ciudad Juárez, diversas organizaciones y colectivos sociales llevaron a cabo actividades que culminaron con una vigilia afuera del Museo de la Revolución de la Frontera.
La convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas entiende por tal: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada, para la citada convención, constituye un crimen de lesa humanidad, atendiendo a los parámetros del derecho internacional. Se trata, en efecto, de una práctica que vulnera absolutamente todo el tejido social. Se calcula que en México la cifra de desapariciones forzadas alcanza casi las 40 mil. Una cifra macabra, que en términos abstractos induce a pensar en el grado en el que la impunidad ha estado presente en torno al fenómeno.
Pero las cifras convierten a los desaparecidos en un dato duro que, al objetivarse, pareciera que hace perder la dimensión individual del drama de cada uno de los desaparecidos. De pronto, nos olvidamos que detrás de cada persona que desaparece, existe una familia que ya no volverá a ser la misma. Esas historias individuales y familiares son subsumidas en el trazo de la fría estadística y convierten a las víctimas y a sus familiares (también víctimas) en seres humanos sin rostro, personas invisibles cuyo proceso de victimización se vuelve perpetuo.
Por esa razón, el hecho de que las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México convoquen a una movilización nacional que involucra acciones en 18 estados debería recibir el apoyo irrestricto de todos los sectores sociales. La lucha contra las desapariciones forzadas debe ser una constante que involucre a todos los mexicanos. El estado de Chihuahua, a lo largo de su historia, es un ejemplo de la desatención que los órganos de gobierno han puesto al problema. La década de los años setenta, convertida en uno de los epicentros de la injerencia militar en la desaparición forzada. Los noventas, con las trágicas desapariciones de mujeres, vigentes hasta la fecha. Y, por supuesto, desde hace varios lustros con la irrupción del narcotráfico como elemento nodal en la problemática, aunado a los específicos fenómenos inherentes a la migración de personas.
La desaparición de personas es un problema que no cesará, hasta que el propio Estado genere una integral política pública que atienda todas las aristas del problema. Las decisiones y la acción de la fuerza pública y la investigación deben estar articuladas bajo una misma estructura, analizando la problemática desde la raíz. En ella confluyen aspectos de todo tipo. En ella también, la atención a las víctimas y la visibilización de las mismas es una de las cuestiones a las que se debe dar prioridad.
Cada persona desaparecida tiene, desde su silencio, mucho que contar. Cada víctima será capaz de enseñarnos lo que la sociedad y el Estado han dejado de hacer. En cada familia que porta su dolor y su tragedia tenemos que visualizar el entramado de algo muy valioso que se nos escapó de las manos. El dolor que genera la ausencia no puede reducirse a una numeralia. Tiene un rostro, una historia y un trayecto y los tenemos que tener siempre presentes, como fines en sí mismos. Nunca más como un simple número y expediente que se extraen de un portafolios.