LA COLUMNA
de El Diario
• Merece la Secretaría de Salud o la de Educación
• Un duartista legitimó la elección de jueces
• El expediente contra funcionarios electorales
• Baila bancada rosa el ritmo de Palacio de Gobierno
Tras el mal rato que le ha hecho pasar la abulia y la impericia exhibidas por Palacio de Gobierno en la sucesión por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a ver si es cierto que el doctor Ernesto Morán García se cae para arriba como consideran varios de quienes participaron en su equipo de trabajo y su propio padrino mayor, el gobernador Javier Corral Jurado.
Existen subsecretarías y direcciones desocupadas en las dos principales áreas que puede manejar con solvencia el Doc.: Educación y Salud, pero los méritos adquiridos en batalla alcanzan para más que eso; es decir, con muchísima facilidad puede ocupar la titularidad del sistema educativo estatal o de salud, ambos por los suelos con el empresario Pablo Cuarón y el anestesiólogo Ernesto Ávila Valdez a la cabeza, respectivamente.
A ver si es cierto que el amor es lo que parece.
En lo que conocemos ese futuro que depara al Doc. Morán, vamos a otro personaje de primer nivel en el Gobierno estatal que pretendió meterse a “operar” con los consejeros universitarios y fue sacado como tapón de sidra de la sucesión.
Es nada menos que el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés. Sepa Dios cómo logró hacerse de números telefónicos y direcciones de consejeros alumnos y maestros pero consiguió platicar con varios de ellos. Entre la sorpresa y el enojo lo despacharon en minutos. Cajas destempladas es poco.
Increíble la torpeza del también exdirigente del PAN municipal y/o de quien lo haya enviado. Andaba ya en las mismas operaciones el secretario general de Gobierno, César Jaúregui; la vicegobernadora, Lety Corral; el exsubsecretario de Gobierno, Ramón Galindo; el excandidato a síndico y toda su prole, Raúl García. Ahogaron entre todos a los consejeros; los asfixiaron, los molestaron. Uno debió haber hecho el trabajo y no lo hizo: Javier Corral.
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Nadie que haya seguido de cerca la elección de 54 jueces del fuero común puede pasar como ingenuo y mostrar sorpresa porque en esa designación a cargo del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia haya intervenido la mano Palacio de Gobierno.
Fueron inclusive sintomáticas las dos horas de escapadilla que se aventaron los magistrados Pablo González y Roberto Siqueiros en medio de la elaboración de la lista final de los 54 agraciados (as) el mismo lunes para ir por el palomazo final con los interlocutores justo de Palacio, si no es que con el propio jefe de Palacio.
A pesar de ello, al menos una figura descollante del duartismo más recalcitrante que participó en el órgano colegiado respectivo para evaluar a los 507 candidatos (as) iniciales, legitimó con suficiencia el proceso de evaluación y también de selección de los ahora jueces que tomarán posesión de sus cargos y su nueva nómina cercana a los 80 mil pesos mensuales a partir del primer día hábil del 2019.
El magistrado Leo David Alvarado Roldán fue elevado a este cargo junto con aquellos magistrados “oxigenadores” durante la administración de César Duarte. Formó parte activa del “órgano colegiado de evaluación” con los magistrados Pablo González, Luz Estela Castro y la jefa del Instituto de Formación y Actualización Jurídica (Inforaj).
Alvarado ‘certificó’ cada una de las etapas desde que inició la evaluación hasta su conclusión: examen teórico, examen psicométrico, curso de capacitación y el examen práctico (cuyas participaciones en audiencias simuladas fueron subidas íntegras a la página digital del órgano judicial).
Muchísimos profesionales del Derecho participaron a lo largo de los exámenes, adicionalmente a Leo Alvarado y compañía, incluida una docena de magistrados federales, así que los candados son múltiples para haber evitado que Palacio se haya servido con la cuchara grande. Parece que no fue tanto pero eso lo sabremos dependiendo de las impugnaciones que vengan a las designaciones.
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No hay que olvidar el expediente 37/2018-0029542. Es el que la Fiscalía General del Estado ha declarado abierto por los delitos que pudieron haber cometido durante la jornada electoral del 1 de julio directivos de la Asamblea Municipal Electoral (AME) de Juárez y su superior jerárquico el Instituto Estatal Electoral (IEE).
Jamás imaginaron funcionarios de ambos órganos que su desempeño, su mal desempeño, sería llevado a la categoría de lo penal, ni a la Fiscalía estatal, menos a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), como resolvió el Tribunal Estatal Electoral (TEE).
No es cualquier instancia la iniciadora en esa resolución; no son candidatos agraviados, no son partidos políticos los que directamente resolvieron pedir la intervención de las fiscalías estatal y federal, sino un órgano del tamaño del TEE que, en la impugnación de Armando Cabada, incluyó en su dictamen la conclusión del posible fraude cometido desde las propias instancias electorales contra el independiente.
Ese es el expediente al que ha dado entrada la Fiscalía General del Estado. Deberá resolver independientemente de lo que dictamine el Tribunal Electoral federal sobre el mismo tema y respecto de la inconformidad que presentó ahí el morenista, Javier González Mocken, contra la decisión del TEE en favor de Cabada.
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Sólo que la bancada rosa-PRI haya sufrido anoche un apretón de tuercas (¡!) en la Ciudad de México podrá modificar el sentido de su voto este jueves para la designación de auditor superior del Estado.
Las diputadas priistas permanecen en la bolsa de Palacio de Gobierno en este y otros temas, a contracorriente de la jefatura partidaria encabezada por Omar Bazán Flores.
El gobernador Javier Corral y dos de sus principales funcionarios en la Secretaría de Hacienda, buscan la Auditoría para el actual interino de esa misma área, Armando Valenzuela Beltrán, pero en el Congreso del Estado, ni los panistas lo quieren.
Los legisladores azules han preferido al menos peor de la terna, el romerista Héctor Acosta Félix. No quieren a Valenzuela ni por error porque les ha hecho la vida de cuadritos. Se cree el dueño de la Auditoría.
Las diputadas del PRI presumiblemente votarán por quien Palacio dicte, Valenzuela o Acosta, pero sin tomar en cuenta a la dirigencia de su partido. Pudo anoche la renovada dirigencia nacional priista sintonizar a las diputadas tricolores con Omar Bazán. Pintaba para misión imposible, especialmente por aquel par de diputadas que forman parte de la “Operación Justicia para Chihuahua”.