Jaime García Chávez
Escritor
Controlar la correcta aplicación de los recursos públicos en una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y regida por el principio de la división de poderes, como la nuestra, radica en las atribuciones de los legisladores, federales o locales, pues les corresponde, anualmente, expedir las leyes de ingresos y aprobar los presupuestos de egresos, revisar las cuentas públicas y nombrar a sus respectivos auditores superiores, y ahora a los fiscales especializados en el combate a la corrupción.
Sin embargo, al parecer los cuerpos legislativos, sin conferir la importancia debida a estas atribuciones, suelen designar a los titulares de los órganos de fiscalización con criterios políticos, como si los nombrasen para que se integren o incorporen a la estructura del Ejecutivo, que es el sujeto primordial de sus funciones de fiscalización. En su elección pierden de vista que forman parte de los congresos –general o estatales– y que son los directamente responsables de su desempeño, pues derivado del discernimiento de sus cargos, en sus respectivas esferas competenciales, los representarán en la “prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”, vigilando que las tareas que desarrolla el aparato gubernamental se ajusten a la normatividad que las encauza para su correcta aplicación y erradiquen su desvío.
Pareciera que en esta materia los congresistas olvidan que también son sujetos de responsabilidades administrativas y que conferir dichos cargos sin que los propuestos para ocuparlos satisfagan los requerimientos necesarios para su desempeño, constituye una falta administrativa de la que deben responder, pues de ningún modo es aceptable que los designen en ejercicio de una función soberana como la de legislar, sino que han de someterse a las disposiciones legales que rigen esta específica facultad.
Bajo esa generalizada apreciación que se tiene respecto de las referidas atribuciones de los legisladores, cuando se ventilan hechos de corrupción propiciados por omisiones o complicidad de los funcionarios que nombraron para evitarlos, tanto en la Federación como en los estados, aquellos quedan al margen de las imputaciones que se les hacen, como si estuviesen desvinculados de su actuación, cuando en derecho están obligados a controlarla a través de sus comisiones de fiscalización, que a la vez informan a sus asambleas generales sobre su desempeño, colocándolos en condiciones –y sobre todo en el deber– de impedir oportunamente el mal uso de los recursos públicos.
Pero, contrariando esta interpretación de la ley, es ordinario que designen a los funcionarios que ejercen las funciones de fiscalización que les son propias, no del Ejecutivo, en pago de favores políticos, y con mayor frecuencia en observancia de instrucciones de sus partidos, para que las plazas se cubran por personas que gozan de la predilección de los que hacen las propuestas. Esto da origen a situaciones financieras desastrosas, como la que ahora atraviesa Chihuahua, en donde las legislaturas que coexistieron con el mandato de César Duarte Jáquez, de haber ejercido sus facultades de revisión, pudieron evitar, lo cual evidencia no sólo el descuido, sino también la disposición directa de recursos por parte del auditor superior, según datos publicados de las causas penales que se siguen en su contra.
En los próximos días en Chihuahua, antes de que se instale la Legislatura electa, la actual designará al auditor superior de la terna que le proponga un panel de especialistas, cuya formación fue integrada por el gobernador y el Congreso, inaugurando en la república, según se jactó públicamente con disimulada sorna Corral Jurado, un esquema de selección único que destierra cualquier injerencia de su parte en el nombramiento por venir, reiterando que jamás se prestaría a una simulación. Sin embargo, las señales en sentido contrario son indubitables, y así lo entienden los que participan en el concurso y los interesados en el tema.
Con maniobras semejantes a las del sexenio pasado, al inicio de este quinquenio Javier Corral Jurado amenazó con encarcelar al auditor designado por el Congreso, Ignacio Rodríguez, forzándolo a renunciar para que quedara como encargado de la fiscalización Armando Valenzuela, hombre de sus confianzas, que en vísperas de la elección en la que participa como aspirante, detecta y denuncia que sólo en el ejercicio 2016 existe un faltante de más de 6 mil millones de pesos, que involucra a 43 funcionarios de la pasada administración, hallazgo que la publicidad oficial que lo agranda despide un tufo de continuidad en el cargo que deja visible la mano del gobernador. Se agrega a lo anterior la urgencia que tiene de que sea esta Legislatura la que designe al auditor superior, pues en la electa perdió la mayoría y eliminó el requisito de cinco años de residencia en el estado para invitar a un aspirante que por su trayectoria formal tiene ventaja sobre los lugareños. Este no dudó en abandonar una posición realmente importante de nivel federal para venir a contribuir a “sacar de la opacidad y el despilfarro de los recursos públicos” a su “patria chica”, contendiente del cargo al que se da, en exclusiva, amplia publicidad, pues únicamente su entrevista con el panel de especialistas se transmitió en el canal televisivo oficial, lo que sin duda, a los ojos de los diputados, lo hará merecedor del cargo.
Sería de esperar que la amarga experiencia sexenal que nos agobia (que las palabras del gobernador agrandan para justificar los yerros y omisiones de su trabajo) y las notorias deficiencias que presenta su administración, que los diputados ignoraran la recomendación que se avizora en favor de cualquiera de los contendientes, para que con objetividad, absoluta imparcialidad y con escrúpulo, cuiden que el perfil del que elijan sea el idóneo para que los represente en el desempeño de tan delicada función, conducta que les impone el descarado e inclemente saqueo de las finanzas públicas por una pandilla de rufianes que postró a las futuras generaciones de chihuahuenses en la más atroz y forzada austeridad, que el nuevo amanecer usa de tapadera para ocultar su desgobierno, ya que, sin discusión, buena parte de la responsabilidad corresponde a las legislaturas que la protegieron, con la omisión de revisar el trabajo de su auditor que hizo posible el latrocinio.
Al designar al auditor superior, el Congreso debe ponderar que para el desempeño del cargo con decoro y eficiencia, como es lo republicanamente deseable (observación que también atañe al panel de especialistas que integrará la terna), no bastan los méritos curriculares del concursante de marras, por muy aparatosos y apabullantes que sean, menos si los obtuvo a la sombra del grupo político al que pertenece, que vertiginosamente lo llevó a ocupar en tiempo récord cargos de relevancia nacional en materia de fiscalización, que desempeñó con fugacidad, como se advierte de su secuela, los que tampoco prueban que efectivamente los haya ejercido. Por el contrario, acusa su cercanía al equipo del gobernador, pues sin esos nexos políticos sería casi imposible reunir en dos sexenios los galardones que adornan su presencia en la contienda.
Deben decidir la nominación y designación tomando en cuenta que fiscalizar el gasto público a las altas autoridades del estado, más que antecedentes exige una firme e inquebrantable actitud de rechazo a las prácticas que se ponen en juego para desviar recursos y corregir o enmendar con dureza las ineficiencias y omisiones, que aunque no entrañen el apoderamiento de los dineros del erario, se pierden por errores en su administración. Requiere, esencialmente, tener vocación de servicio, entrega absoluta al cargo, real convicción de combatir la corrupción y fortaleza para resistir las indicaciones que reciba para ocultar o disimular las faltas administrativas que detecte, comportamiento que los compromisos partidistas obstruyen, pues quien tiene deudas de gratitud no tiene voz de mando, las cuales le impiden vigilar a quienes deba el puesto, que de suyo lo dificulta el temperamento autoritario de quien lo invita.
Esas prendas no las prueban las medallas que adornan la aspiración del contrincante. Como Maximiliano de Habsburgo, abandonó su brillante trayectoria, los elevados emolumentos y la comodidad del puesto que actualmente tiene para venir en auxilio del estado del que está ausente desde el 2000, año en que ocupó el primer espacio en la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo al lado de quienes ahora lo proponen para que se haga cargo de vigilar los manejos de sus amigos en el gobierno, sin que por ello pueda aceptarse la opinión del gobernante de que la balanza de la elección no está inclinada a favor de ninguno de los concursantes, afirmación que desmienten los mismos antecedentes curriculares del pretenso.
En el esfuerzo que el Sistema Anticorrupción exige de todos los órganos de gobierno que lo integran, aun cuando la ley que lo establece expresamente no lo indique, implícitamente se origina en las atribuciones legislativas. El nombramiento del auditor superior del Estado se debe discernir mirando en todo momento el beneficio del pueblo, para que contribuya a remontar la calamidad que desató el hurto generalizado de sus recursos, lo que no podrá conseguirse nombrando funcionarios a modo a sus correligionarios en el poder, sino designando a quien por sus dotes personales y profesionales tenga la capacidad de impedir que cuando ocurran los desfalcos públicos y no exista posibilidad de recuperar el botín, terminemos como está ocurriendo: enfrascados en discusiones estériles mientras se persigue a los responsables. Se puede ahorrar mucho haciendo los nombramientos adecuados.
No estaría de más preguntarse que si Javier Corral Jurado falla al pueblo de Chihuahua con su propio desempeño, y si sus principales colaboradores también son cuestionados con dureza por su deficiente solución a problemáticas en las áreas que administran, qué seguridad tienen de que su candidato a auditor superior no dé pábulo a las mismas críticas, si provendría de la misma voluntad que ya se puso a prueba, sin algún resultado positivo.