LA COLUMNA
de El Diario
• Sin freno sadismo y masacres de jóvenes
• Abusos en Seguro Popular con estudios de sangre
• Hay retraso en recursos de revisión del Ichitaip
• Banamex, otro abuso bancario
El aniquilamiento tiene características de sadismo y ferocidad que superan la etapa 2007-2011, cuando Juárez estuvo dramáticamente catalogada como la ciudad más violenta del mundo.
Los cuerpos de los 11 jóvenes hallados ayer en Praderas de los Oasis exhibieron señas de tortura inconcebible. Algunos fueron levantados de distintos puntos de la ciudad, llevados a la “casa de seguridad”, torturados, ahorcados con cables eléctricos y colocados en los traseros de varios de ellos focos de los usados para consumir éxtasis.
Otras formas de muerte igual de aterradoras fueron usadas en días pasados contra una docena de jóvenes y adultos cuyos cuerpos fueron desmembrados y arrojados en varios puntos de esta frontera. Todo el salvajismo que sea posible describir lo hemos visto en cabezas y pedazos de cuerpos regados en plena zona urbana.
Así como ayer pelearon con igual crudeza a nivel estatal el Cártel de Sinaloa con sus células Artistas Asesinos y Mexicles contra el Cártel de Juárez-La Línea-Aztecas, hoy los Aztecas pelean a nivel municipal y la ciudad de Chihuahua desde que dividieron opiniones por los ataques y ejecuciones emprendidos por ellos mismos contra elementos de la Fiscalía General del Estado.
Considerada una pandilla cruel dedicada a la extorsión, tráfico de drogas, trata de blancas y todos los delitos imaginables, una facción de los Aztecas (con liderazgos en La Línea) quedó convertida en “La Empresa”, presumiblemente responsable del exterminio de “Aztecas de la vieja guardia” que eran liderados por Eduardo Ravelo “El Tablas”, hace apenas un mes detenido en Michoacán junto con su segundo de a bordo, Juan Antonio Padilla Juárez, “El Genio”, asesinado el jueves en el Cereso de Aquiles Serdán.
Es en ese mismo contexto que fueron torturados y muertos los 11 jóvenes hallados en Pradera de los Oasis.
Las autoridades gubernamentales no han intervenido, y si lo han hecho, ha sido para favorecer a uno de los bandos, no para impedir el aniquilamiento masivo de muchachos ni para implementar los planes urgentes de rehabilitación en grandes sectores de la ciudad donde la única alternativa para los jóvenes parece ser el consumo y/o venta de drogas.
El Gobierno del Estado no ha mostrado interés ni por atacar a la violencia ni por proteger a la juventud, la autoridad municipal anda solitaria deteniendo narcomenudistas que al día siguiente son puestos en libertad. El Gobierno mantiene una presencia mínima en la ciudad.
La ley de la selva en su máxima expresión.
***
En la adjudicación directa a SIMA y el funcionamiento de hemodinamia (estudios de la sangre) en el Hospital General de la ciudad de Chihuahua hay otros apartados que deben ser indagados por los órganos revisores de Gobierno, incluso la Función Pública Federal. Nos aseguran que una parte se paga con recursos federales, algunos provenientes del Seguro Popular.
Eso está muy bien, pero resulta que los pacientes han tenido que sufragar de su bolsa por el servicio de hemodinamia, como le ocurrió a un veterano de la Revolución enviado para recibir tratamiento. Otros pacientes se han levantado material y literalmente de la silla y abandonado la sala, cuando les han informado que el servicio médico no cubre todo el costo. Les ofrecen un descuentillo, pero al final les pasan la charola. No les dicen desde un principio las cosas como son. Hay un engaño vil.
De una cuenta de 90 o 100 mil, les andan cobrando 10, 15 o 20 mil. Según el sapo es la pedrada. Eso es lo que nos dicen, situación inadmisible, cuando se supone que el Seguro Popular cubre las cuentas en la cacaraqueada sala de hemodinamia.
De la adjudicación, valdría la pena echarse un clavado en el Comité de Compras integrado por Manuel Basilio Orozco, María Guadalupe Estrada y Daniel Frías Fierro, conocidos como incondicionales de Ernesto Ávila, el secretario de Salud.
Guadalupe viene del Hospital CIMA -Hoy Ángeles-, de donde le resultan ligas obvias con el médico militar y secretario de Salud, quien se desempeñaba allí como jefe de anestesiología.
Daniel Frías es un médico que de buenas a primeras es ascendido a funcionario del Comité de Compras, por encima de otros cardiólogos hemodialistas calificados del Hospital Central Universitario, que no fueron tomados en cuenta acerca de la calidad del insumo. Daniel es también una nueva adquisición del Hospital Ángeles, antes CIMA.
Sobre éste comité, cuyas firmas aparecen al calce de las adjudicaciones directas y contratos, caerán las responsabilidades, que una a una se acumulan. En el Cereso de Aquiles Serdán ya son varios los huéspedes de la anterior administración. ¿Estarán conscientes de ello?
***
El Instituto de Transparencia en el Estado realizó sesión ordinaria esta semana, entre otras cosas para informar de las visitas realizadas a sujetos obligados.
Llamó la atención que en el informe del presidente, Alejandro de la Rocha, fue incluido un retraso en el desahogo de los recursos de revisión, que duermen el sueño de los justos en un cajón.
Como se sabe, los recursos de revisión son las quejas que los ciudadanos presentan en contra de resoluciones que les niegan la información o bien, se les dice que no existe, o al vapor se cocinan dictámenes de reserva, entre otras situaciones.
Esos recursos de revisión son nada menos que 20 en el 2018 y 18 con términos vencidos, de acuerdo con el referido informe. Lo grave es que esos recursos sólo pertenecen a una ponencia, a la de Rodolfo Leyva, hoy duramente enfrentado con el mandamás de Palacio de Gobierno. Alguna explicación debe haber.
***
En seguimiento al caso denunciado en esta columna por usuarios de Banamex que se han visto afectados con retenciones indebidas de dinero en sus cuentas, nos llega otro asunto similar.
Un usuario de tarjeta de débito nos hace llegar documentos que acreditan un reclamo a Banamex por un cargo indebido, un cargo no reconocido por el tarjetahabiente y reclamado de inmediato al banco vía telefónica; claro, luego de todo el viacrucis que debe ser pasado cuando se llama a los famosos 01800.
Luego del reclamo le dijeron que en un lapso de nueve días le bonificarán un cargo por 586 pesos que el usuario no realizó, y que ocurrió el 26 de junio. Pero ahora, mediante un correo electrónico le informan que será hasta el 13 de septiembre cuando resuelvan sobre su caso. Tenemos foto de la pantalla correspondiente.
Quizá la cantidad no sea muy grande o relevante, aunque eso es muy relativo dependiendo de cada caso. Para un trabajador de salario mínimo 500 pesos pueden hacer la diferencia en una semana.
Aquí las pregunta son: ¿Cuántos casos similares más? ¿Por qué hacen cargos indebidos? ¿Quién los hace? ¿Por qué el banco los acepta? ¿Por qué retienen dinero que no es suyo por tanto tiempo? Ojalá alguna autoridad pudiera despejarnos tantas dudas.
Lo cierto es que los usuarios siguen indefensos ante los abusos de estas empresas que ganan hasta por cada vez que sus clientes respiran.